Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador validó el lunes el proceso judicial en el que el expresidente Rafael Correa fue sentenciado a ocho años de cárcel junto a otros altos funcionarios de su gobierno y una decena de empresarios, todos los cuales no podrán ser candidatos a ningún cargo de elección popular.

El juez ponente, Javier de la Cadena, afirmó que ese tribunal no encuentra vicios en el proceso, por lo que ratifica lo actuado por los tribunales de primera y segunda instancia.

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Tras la notificación de la decisión, tomada con el voto parcialmente salvado del juez Milton Avila, el tribunal cuenta con 10 días para notificar la sentencia por escrito, y los abogados defensores tienen tres días para interponer recursos de aclaración y ampliación, los que incluso sin son aceptados no podrán cambiar el fallo.

El abogado y constitucionalista, Ramiro Aguilar, dijo a The Associated Press que al quedar en firme la sentencia condenatoria "por el mismo tiempo de la condena se les inhabilita a desempeñar cargos públicos” a todos los sentenciados.

Ecuador enfrenta un proceso que terminará con la elección de presidente y asambleístas en unos comicios generales previstos para febrero de 2021.

El expresidente Correa (2007-2017) escribió después en su cuenta de Twitter que “finalmente lo lograron. En tiempo récord sacan sentencia definitiva para inhabilitarme como candidato. No entienden que lo único que hacen es aumentar el apoyo popular”.

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Fotografía del 11 de abril de 2019 en Bruselas de Rafael Correa, expresidente de Ecuador.
Fotografía del 11 de abril de 2019 en Bruselas de Rafael Correa, expresidente de Ecuador.

Medio centenar de sus simpatizantes se congregaron ante la Corte Nacional con banderas y pancartas. Correa vive en Bélgica desde mediados del 2017, cuando dejó el poder en manos de su compañero de partido y amigo Lenín Moreno, de quien se distanció casi enseguida en medio de una agria disputa pública.

El caso empezó a través de una investigación periodística en mayo del año pasado, misma que dio paso a un proceso judicial en el que fueron involucrados nueve altos funcionarios públicos y diez empresarios a los que exigieron cerca de ocho millones de dólares entre los años 2012 y 2016 a cambio de grandes obras de infraestructura pública. Tales fondos se destinaron a financiar campañas políticas del partido de gobierno Alianza País.

El docente de la Universidad Central, Fernando Borja, expresó a AP que luego de los formalismos “los condenados tendrán que ir a la cárcel y los que se encuentran en el exterior podrán ser extraditados”, al tiempo de precisar que el delito por el cual fueron juzgados no prescribe y mientras no cumplan la sentencia seguirá pendiente la condena.

La situación inhabilita a Correa a postularse a la vicepresidencia, como había anunciado el partido Centro Democrático, e incluso a ser candidato a asambleísta por los migrantes europeos.

De los diez exfuncionarios públicos enjuiciados, seis están prófugos, entre otros, Correa, el exsecretario de la Administración, Vinicio Alvarado; el exministro de Transporte, Wálter Solís y la exministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, María de los Angeles Duarte, que está al interior de residencia del embajador argentino en Quito.

FUENTE: Con información de AP

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