CARACAS.- Gobernar por su cuenta, sin tener que rendir cuentas a la Asamblea Nacional (AN) dominada por la oposición, ése ha sido el objetivo de los tres decretos de estados de excepción y emergencia económica que el presidente Nicolás Maduro ha dictado desde enero pasado; y lo ha conseguido gracias al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual ha dejado sin efecto todas las decisiones del Parlamento que revocaban esas resoluciones presidenciales.
Así lo aseveraron la abogada Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, organización especializada en monitorear el funcionamiento del sistema judicial; y el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Juan Manuel Raffalli.
“Como el Presidente estaba acostumbrado a gobernar sin el control legislativo, pues la mayoría oficialista le dio dos habilitantes que le permitieron legislar por hasta 18 meses, se buscó una vía para seguir gobernando sin el control de la AN, una vez que esta pasó a manos de la oposición. El estado de excepción junto a las sentencias de la Sala Constitucional, le han dado esa vía al Gobierno”, afirmó Louza, quien denunció que cada decreto de estado de excepción es más excepcional que el anterior y se aleja más de lo que establece la Constitución.
“En los estados de excepción solamente se pueden limitar derechos, no suspenderlos, pero se tiene que especificar cuáles garantías se suspenden y ninguno de los decretos lo señala. Además la Constitución es clara al establecer que en esta excepcionalidad no se interrumpe el funcionamiento de los poderes públicos, pero a la AN prácticamente se le ha cerrado”, agregó.
En similares términos se pronunció Raffalli, quien afirmó que gracias a los decretos y a las sentencias que la Sala Constitucional ha venido dictando para avalarlos, el presidente Maduro se ha terminado erigiendo en un autócrata.
“Hoy el Presidente concentra unas amplias competencias, algunas de las cuales constitucionalmente jamás podría ejercer sin el control de la AN, pero gracias a las sentencias del TSJ la AN ha quedado aislada en materia de créditos presupuestarios, de empréstitos y de contratos internacionales”, afirmó.
Louza, por su parte, afirmó que esta situación comprueba que la deriva autoritaria del Gobierno. “El Parlamento en la práctica no existe, pero no lo cierran porque eso se vería mal internacionalmente y al Gobierno aún le interesa guardar algunas formas para internacionalmente no perder los pocos apoyos que aún tiene”.
Con el último decreto, el 2.452, mediante el cual se extendió por 60 días más la excepcionalidad reinante en el país, el presidente Maduro dio un paso más en ese proceso de concentración de poder, pues el numeral 4 del artículo 2 lo faculta a “decretar normativa excepcional para la asignación de recursos presupuestarios, los límites máximos de autorizaciones para gastar, la distribución de los egresos y las operaciones de financiamiento, sin compensaciones entre sí, que regirán para el ejercicio económico financiero 2017, si por situaciones de hecho o impedimentos jurídicos resultare imposible tramitar el Presupuesto 2017 oportunamente, con el objeto de evitar daños irreparables al Patrimonio Público, a los venezolanos, así como garantizar el adecuado funcionamiento de los órganos y entes públicos”. En pocas palabras el presupuesto del próximo año podría aprobarse en el Palacio de Miraflores solamente y no en el Capitolio.
Sin embargo, Raffalli señaló otra alternativa igualmente preocupante. “La Sala Constitucional podría arrogarse la potestad de aprobar el presupuesto bajo el argumento de que la AN está en desacato y para prevenir una omisión”.
El numeral 6 del artículo 187 de la Carta Magna establece que corresponde a los diputados “discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público”.
Sin resultados a la vista
Tras más de ocho meses bajo estado de excepción, Louza aseveró que esta situación no ha servido para resolver los problemas de abastecimiento que padece el país y, por el contrario, atribuyó a medidas como estas la responsabilidad de las largas colas que tienen que hacer los venezolanos para conseguir alimentos y medicinas.
“La escasez es culpa de las habilitaciones que a lo largo de los años recibieron tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro”, afirmó, al tiempo que agregó: “Gracias a esas medidas se dictaron normas para endurecer los controles de precios, forzando a las empresas a trabajar a pérdida y llevando a muchas a la quiebra. También gracias a esas habilitaciones se autorizaron expropiaciones y se establecieron multas y se persiguió al sector privado, el cual obviamente dejó de producir y sin producción no hay que distribuir. Las excepciones son las culpables de la situación actual”.
En similares términos se pronunció Raffalli, quien opinó que “los estados de excepción no producen ingresos petroleros y por eso no han servido para resolver los problemas que el Gobierno dijo que iba a combatir con ellos”.
Balance
Con los estados de excepción vigentes desde enero se han creado los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP) y se les dieron a ellos las potestades no solo de distribuir alimentos sino de “colaborar” con las fuerzas de seguridad en el mantenimiento del orden público. Semanas atrás una encuesta reveló que el 70% de los venezolanos aseguraron que aún no han recibido una sola bolsa de comida distribuida por estas instancias.
Con estas resoluciones el presidente Nicolás Maduro suspendió de manera “temporal y excepcional” la potestad de la AN de censurar a sus ministros, gracias lo cual el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torre, sigue en sus funciones.
Los contratos para explotar el llamado “Arco Minero”, la región de 111.000 kilómetros al sur del país rica en oro, hierro y otros recursos, han ido entregando sin contar con el visto bueno de la AN, lo mismo que la petición del Banco Central de Venezuela de un préstamo por un millardo dólares al Fondo Latinoamericano de Reservas.
FUENTE: Especial
