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La demanda, presentada el pasado 24 de septiembre en un juzgado de Florida, incluye tanto al BBVA como al banco francés Société Générale, al canadiense Bank of Nova Scotia y al Banco Nacional de Canadá.

Société Générale ya había sido denunciado en Miami el pasado julio por la misma familia, pero ahora la demanda incluye al resto de entidades financieras mencionadas.

Los demandantes son los sucesores de los propietarios del Banco Nuñez, el segundo banco nacional de Cuba en 1958, valorado en 7,8 millones de dólares, indicó el medio español Vozpópuli.

En la fecha de su confiscación, contaba con 105 millones de dólares en activos, 51,5 millones en préstamos y 9,9 millones en efectivo, según reza el documento, que explica que fue confiscado en 1960 por el régimen de Fidel Castro e integrado en el nuevo Banco Nacional de Cuba (BNC).

Según detallan los demandantes, "el Banco Nacional de Cuba y el Banco Central de Cuba otorgaron licencias similares a los demandados Scotiabank, Banco Nacional de Canadá y BBVA para establecer líneas de crédito y realizar operaciones bancarias comerciales". Aseguran también que las tres entidades cuentan con oficinas en Cuba y reclaman un porcentaje sobre los beneficios que han obtenido por la explotación de su negocio.

Los abogados dicen que sus representados tienen derecho al 10,5% del valor del Banco Nacional de Cuba, "una cantidad equivalente al porcentaje del sector bancario controlado por Banco Nuñez cuando les fue expropiado". En este sentido, alegan que las cuatro entidades financieras "traficaron" con su propiedad al ingresar cantidades millonarias por las operaciones con el BNC.

Según explican los demandantes, en el año 2000 el Banco Nacional de Cuba otorgó a BBVA una licencia para "coordinar el otorgamiento de depósitos, créditos, préstamos y otras formas de facilidades de crédito en Cuba". Además, la compañía española cuenta con una oficina en La Habana "para cobrar pagos del Banco Nacional de Cuba relacionados con 5,4 millones de euros en préstamos".

Uno de los ejemplos que expone la demanda es que BBVA avaló, mediante letras de crédito por valor de 28,5 millones de euros, la financiación que emitieron los bancos cubanos en 2013. A su vez, el español, a través de su filial, tenía depósitos en dichas entidades de 139,1 millones de euros.

Argumenta que el BBVA obtuvo beneficios de los servicios que prestó al Banco Nacional de Cuba. Estos son letras de crédito, cambios de divisas y transferencias bancarias, entre otros. "Al hacer negocios con el BNC, BBVA está traficando en la propiedad del demandante", señala.

"A la fecha de esta demanda, los demandados continúan su tráfico ilegal en la propiedad del demandante mediante la realización de actividades comerciales con el BNC", señalan.

En este sentido, lo demandantes solicitaron una sentencia en contra de los cuatro bancos "por daños monetarios, que incluyen los 7,8 millones de dólares que valía la propiedad cuando fue confiscada más un 6% de interés anual desde la fecha de confiscación hasta julio de 2019".

Con estas condiciones, la cuantía rondaría los 35 millones de dólares, pero denuncian "daños triples", así que la cifra podría multiplicarse por tres, superando los 100 millones.

Ya son más de treinta las empresas demandadas bajo la ley Helms-Burton, normalmente bajo "acciones colectivas" a las que pueden sumarse otras personas con casos similares. Esto se debe a que la ley establece un valor mínimo de la propiedad de 50.000 dólares para interponer una demanda bajo el título III para disuadir acciones que sean infundadas.

A inicios de mes, el banco con el que opera la ONG suiza Medicuba en La Habana indicó que no hará más transferencias a la Isla, porque teme sanciones de la Administración Trump, un miedo que se replica en el sistema financiero internacional a la hora de trabajar con Cuba, de acuerdo con un reporte de la AFP.

Según el canciller cubano, Bruno Rodríguez, desde que llegó Trump "decenas de bancos extranjeros han limitado o interrumpido sus vínculos financieros" con Cuba, entre ellos el panameño Multibank, que cerró su sucursal en La Habana y las cuentas de las empresas que trabajan con la Isla desde Panamá.

La Habana, que depende de la inversión extranjera para impulsar su economía, dice que las dificultades que enfrentó con 140 bancos durante el último año costaron al país 725,8 millones de dólares.

FUENTE: DIARIO DE CUBA/REDACCIÓN

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