Grupo de periodistas en Venezuela durante una rueda de prensa
PIXABAY/ANGIN AKYURTCARACAS.- Un reciente informe de la Unesco reveló que 160 países del mundo -80 % del total- criminalizan la difamación y la participación pública, haciendo "mal uso" del sistema judicial para atacar la libertad de expresión, según informó el organismo en una nota de prensa.
El informe titulado "El mal uso del sistema judicial para atacar la libertad de expresión. Tendencias, desafíos y respuestas" muestra un aumento de la difamación penal y civil, lo que deja en evidencia un retroceso en la campaña mundial para despenalizar la difamación, que hace una década estaba teniendo éxito, dijo la Unesco.
El documento señala que en los últimos cinco años se han aprobado leyes contra la desinformación, la ciberdelincuencia o la incitación al odio, que tienen consecuencias "potencialmente nefastas" para la libertad de los medios de comunicación.
Agrega la nota de prensa que "varios países han endurecido o reintroducido disposiciones sobre calumnia, difamacion e injuria al declarar nuevas leyes que pretenden abordar la ciberseguridad, las llamadas "fake news" (noticias falsas) y la incitación al odio.
Asimismo, la Unesco asevera que ha habido un incremento de la difamación civil, "que a menudo da lugar a daños desproporcionados y tiene un efecto perturbador sobre la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas".
Además, desde 2016 a la fecha, 44 paises han adoptado leyes y reglamentos que contienen un lenguaje "vago" y "castigos desproporcionados", lo que pone "en peligro la libertad de expresión en línea y la libertad de los medios de comunicación".
En ese sentido, el organismo pide que la difamación, tanto penal como civil, sea abordada en las legislaciones nacionales de acuerdo a las normas internacionales" bajo un enfoque que proteja el derecho a la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas.
"La Unesco sigue pidiendo la despenalización de la difamación y advierte contra las tendencias de utilización de los sistemas judiciales para atacar la libertad de los medios de comunicación", dijo Tawfik Jelassi, subdirector general para la Comunicación y la Información de la Unesco.
El informe también alerta sobre el aumento de las demandas estratégicas contra la participación pública (Slapp), que se refieren a la práctica de "seleccionar el tribunal" en el que se va a presentar una demanda bajo el criterio de que represente la "perspectiva del resultado más favorable, incluso cuando no hay ninguna o sólo una tenue conexión entre las cuestiones legales y la jurisdicción".
"El verdadero objetivo de las Slapp no es ganar un caso judicial, sino abrumar al demandado mediante procedimientos judiciales prolongados, costes excesivos -incluso con riesgo de quiebra- y la carga psicológica correspondiente", señala la Unesco.
Explica que las Slapp son usadas para disuadir a los periodistas a abandonar un trabajo respecto a un tema, al impedirle su publicación, retirar el contenido del medio de comunicación y disuadir a otros periodistas a investigar sobre esos mismos temas.
“El uso de procedimientos judiciales contra periodistas que informan sobre asuntos de interés público es una amenaza creciente para la libertad de prensa en todo el mundo. En los últimos años, poderosos individuos, empresas y funcionarios gubernamentales han adoptado esta táctica para silenciar y acosar a los periodistas independientes. Su defensa legal no sólo es importante a nivel individual, sino más ampliamente para evitar que las ideas y la información sean eliminadas del espacio público", expresó Pádraig Hughes, director jurídico de Media Defence, una ONG que brinda asistencia legal a periodistas, periodistas ciudadanos e instituciones de medios independientes.
El desglose de los datos del informe muestra que la difamación sigue siendo un delito en 39 de los 47 países de África. En Asia y el Pacífico, 38 de los 44 Estados mantienen la difamación como delito, con seis que la han derogado y uno que ha avanzado en su derogación parcial.
En Europa Central y del Este ha aumentado el uso de las leyes de difamación penal, que están en vigor en 15 de los 25 Estados de la región, y la mayoría de ellos incluyen la posibilidad de sanciones privativas de libertad. Diez países han abolido todas las disposiciones generales contra la difamación y el insulto, y otros cuatro han aplicado una despenalización parcial.
Los delitos de difamación persisten en 29 de los 33 Estados de América Latina y el Caribe y siguen siendo un arma contra periodistas y blogueros.
En Europa Occidental y América del Norte, la difamación penal permanece en los estatutos de 20 de los 25 Estados, la mayoría conservando las sanciones privativas de libertad. Entre 2003 y 2018, cinco países abolieron las leyes penales de difamación e injurias, y otro derogó parcialmente una.
En Venezuela, la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, conocida como Ley contra el Odio, fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, conformada exclusivamente por miembros oficialistas, en noviembre de 2017.
La ley establece sentencias de hasta 20 años de cárcel para quien incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas mediante cualquier medio, y legaliza el bloqueo de portales en Internet considerados inadecuados por su contenido.
También indica que la persona que difunda un “mensaje de odio” en redes sociales deberá eliminarlo dentro de las seis horas siguientes a su publicación, o de lo contrario deberá pagar una multa que va desde 50.000 a 100.000 unidades tributarias.
En octubre de 2021, la ONG Espacio Público publicó un informe según el cual desde el 2017 hasta 2021 se registraron 45 casos en los que se usó o invocó la "ley contra el odio" hacia personas por expresarse.
La ley ha servido para aplicar una política "de persecución a expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de la sociedad que detentan el poder", dijo la ONG en ese entonces.
En tanto, el director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, asegura que la ley se ha usado para perseguir a la disidencia.
“La Ley no distingue, es decir, que cualquier persona, independientemente de edad que emita mensajes de odio está sujeto a la Ley, pero como es sabido el mensaje de odio es lo que interprete el gobierno de lo que es odio“, dijo
FUENTE: Nota de Prensa / Unesco
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