MIAMI— Un documento emitido por la Unión Europea (UE) este domingo 19 de junio señaló las "deficiencias" del sistema judicial de Bolivia, en relación con el tratamiento del caso de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez. Tras recibir una sentencia de 10 años, Añez ha recibido el apoyo de numerosas entidades.

La polémica ha motivado investigaciones sobre el tema, como las observaciones preliminares de la misión de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH). A través de un comunicado, la Unión Europea resaltó que el sistema judicial de Bolivia alberga "deficiencias estructurales" y que el juicio a Añez "no respetó plenamente los derechos al debido proceso".

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"La OACNUDH señaló que la tipificación penal de 'incumplimiento de deberes', delito por el cual Añez fue condenada, era excesivamente amplia y ambigua. También hubo problemas con el uso excesivo y no excepcional de la prisión preventiva, el acceso a la prueba testifical y el formato virtual e híbrido de las audiencias. La OACNUDH indicó que se debe evitar la celebración de juicios en rebeldía y que la participación de numerosos acusadores había afectado el equilibrio procesal", releva el documento.

Y añade que "estos hallazgos son sintomáticos de las deficiencias estructurales del sistema de justicia boliviano, según lo informado por el Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayan, en mayo de 2022, así como por el GIEI, cuyas recomendaciones el gobierno se comprometió a implementar".

La sentencia

La expresidenta interina Jeanine Áñez fue condenada a 10 años de cárcel el viernes 10 de junio por haber asumido ese cargo durante la crisis política de 2019 en Bolivia, en medio de violentas protestas que precipitaron la renuncia del mandatario Evo Morales.

El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz condenó también a 10 años al excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y al excomandante de la policía Vladimir Calderon, y otros cuatro exjefes militares recibieron penas menores.

Áñez fue procesada en juicio ordinario, acusada de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución por la sesión del Congreso en la que, siendo senadora, se proclamó presidenta del país y con ello violentó procedimientos legales, según la acusación.

Tras perder un referendo en el que se rechazó que volviera a postularse a la presidencia, Morales se candidateó a un cuarto mandato consecutivo, pero la misión de observación de la OEA consideró que las elecciones de 2019 habían sido fraudulentas, lo cual detonó un estallido social que dejó 37 muertos y obligó al político a dimitir y refugiarse en México.

Jorge Valda, abogado de la exmandataria, explicó a la televisora Red Uno que les queda recurrir a una apelación y que esperarán a que se den a conocer los argumentos de la decisión, la cual se leerá en una audiencia prevista para el 15 de junio.

En un principio el Ministerio Público y el gobierno solicitaron una pena de 15 años de cárcel para Áñez, ya que la acusaron de violentar los procedimientos legislativos en una acción planificada que calificaron de golpe de Estado. La defensa alegó que el vacío de poder generado por la renuncia y posterior huida de Morales y de su vicepresidente habilitaron a Áñez a la sucesión en su calidad de segunda presidenta del Senado.

Tras cerrar los alegatos, el Tribunal de Sentencia escuchó a Áñez.

“Yo no moví un dedo para llegar a la presidencia, pero hice lo que tenía que hacer para pacificar el país que Morales dejó convulsionado para huir", dijo Áñez desde el penal donde está detenida. "Ustedes no tienen competencia para juzgar a una expresidenta y van a dejar un legado de ignominia, de abuso y persecución porque van a juzgar a una expresidenta con todos los agravios posibles, pero nosotros vamos a seguir en la vía internacional”.

Afuera de la cárcel se apostaron medio centenar de personas portando carteles en contra de Áñez.

No prosperaron los pedidos de la exmandataria para ser procesada en libertad y en un juicio de responsabilidades que requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa por dos tercios de los votos, de los cuales carece el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), partido que lidera Morales.

Áñez enfrenta otras cuatro acusaciones, una de ellas por la muerte de 20 seguidores de Morales durante las protestas, pero expertos dicen que hay pocas posibilidades de que prosperen ante la falta de votos en el Legislativo. La oposición política se ha negado a apoyar un juicio si no son incluidos Morales y sus excolaboradores, que han quedado al margen de las investigaciones judiciales.

“He pedido a la ONU y la Unión Europea, facilitadores del diálogo en la crisis de 2019, que se pronuncien sobre la inexistencia de golpe ni delito en la sucesión constitucional de Áñez. Creo que es su deber moral”, dijo en su cuenta de Twitter el viernes el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), que fue rival de Morales.

Para los políticos del MAS, el juicio sentará un “precedente histórico” contra la impunidad, dijo el diputado Juan José Jáuregui.

Aquí puede leer el comunicado completo.

Comunicado del Portavoz del Alto Representante de la Unión Europea sobre la sentencia contra la expresidenta interina boliviana Jeanine Añez

El 11 de junio la expresidenta interina Jeanine Añez fue condenada en primera instancia a diez años de prisión en el denominado caso “Golpe de Estado II”.

Según las observaciones preliminares de la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Bolivia, los procedimientos no respetaron plenamente el derecho al debido proceso de la señora Añez. La OACNUDH señaló que la tipificación penal de “incumplimiento de deberes”, delito por el cual Añez fue condenada, era excesivamente amplia y ambigua. También hubo problemas con el uso excesivo y no excepcional de la prisión preventiva, el acceso a la prueba testifical y el formato virtual e híbrido de las audiencias. La OACNUDH indicó que se debe evitar la celebración de juicios en rebeldía y que la participación de numerosos acusadores había afectado el equilibrio procesal.

Estos hallazgos son sintomáticos de las deficiencias estructurales del sistema de justicia boliviano, según lo informado por el Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayan, en mayo de 2022, así como por el GIEI, cuyas recomendaciones el gobierno se comprometió a implementar.

Durante el Diálogo de Alto Nivel del 31 de mayo, la Unión Europea tomó nota del deseo del gobierno boliviano de emprender una reforma del sistema de justicia. La Unión Europea está dispuesta a cooperar con Bolivia en este compromiso, en el marco de su programa lanzado en 2021 y a través de posibles acciones futuras.

Bruselas, 19 de junio de 2022

FUENTE: Con información de AP

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