Gabriel Blanco, activista de DDHH en Venezuela.
TWITTER/@_ProveaCARACAS.- La ONG venezolana Provea denunció una nueva "ola de detenciones selectivas" de opositores en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro, luego que un activista de su red fuera interceptado en las afueras de su vivienda, en Caracas, por funcionarios de seguridad, quienes se lo llevaron a un puesto policial sin seguir los procedimientos legales.
En una nota de prensa publicada en su sitio web, Provea relató que el hecho ocurrió el martes 6 de julio, a las 7:30 pm, cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), interceptaron a Gabriel Blanco en las afueras de su vivienda, al suroeste de Caracas, y "lo conminaron a acompañarlos a la sede central del organismo para una 'entrevista'".
Precisó la ONG que lo funcionarios de la Dgcim no mostraron ninguna orden de aprehensión en su contra, ni documento que involucre a Blanco con alguna investigación en curso. Los agentes de seguridad retuvieron su teléfono celular y su documento de identidad.
Agregó Provea que los funcionarios de la Dgcim alegaron que la orden de aprehensión se estaba tramitando y que "iba en camino". En las horas posteriores, que fueron casi seis, unos 50 agentes de la Dgcim y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) rodearon los alrededores de la urbanización Carlos Delgado Chalboud, en la que encuentra la residencia de Blanco.
Alrededor de la medianoche, agentes de la PNB llegaron al lugar con una orden de aprenhensión firmada por un juez con competencia en terrorismo de Caracas, en la que se le imputan a Blanco los supuestos delitos de terrorismo y asociación para delinquir.
Blanco trabaja en una agencia humanitaria que tiene presencia en Venezuela. Es activista de derechos humanos y dirigente sindial vinculado a la Alianza Sindical Independiente (ASI), una de las centrales sindicales más importantes de Venezuela, que ha encabezado recientes procesos de diálogo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Provea recordó que en su Informe Anual 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), incluyó nuevamente a Venezuela en su sección IV.B, por las graves amenazas para el estado de derecho en el país.
El órgano destacó que en Venezuela “persisten las graves violaciones de derechos humanos, entre ellas las ejecuciones extrajudiciales -especialmente de jóvenes en situación de pobreza-, las desapariciones forzadas y torturas, y las detenciones arbitrarias de personas que expresan su disenso con el gobierno de Nicolás Maduro, entre otras”.
Las más recientes víctimas de la recurrente persecución gubernamental son los trabajadores y dirigentes sociales, movilizados por la defensa de sus derechos y conquistas, en medio de una severa crisis que ha agudizado la desigualdad, la pobreza y la precarización de las condiciones de vida.
FUENTE: Nota de Prensa/Provea
Descarga LA APP
video