MIAMI. - Recientemente se conoció que la agencia antidrogas de EEUU, DEA, llevó a cabo un operativo en Venezuela, en 2018, mediante el cual envió al país caribeño a agentes encubiertos para recabar pruebas sobre la vinculación de dirigentes del régimen de Nicolás Maduro con el narcotráfico, según un documento oficial de la agencia estadounidense.
En ese entonces, Maduro acababa de iniciar un giro autoritario luego de autoproclamarse reelecto en las cuestionadas elecciones de 2018, unos comicios que la comunidad internacional calificó de amañados. En las semanas siguientes, funcionarios de la DEA planearon enviar al menos tres informantes clandestinos para grabar a altos funcionarios sospechosos de convertir a Venezuela en un narcoestado.
Y es que investigaciones periodísticas y de la Organised Crime and Corruption Reporting Project (Occrp) han denunciado que el régimen de Nicolás Maduro está involucrado en una extensa red de narcotráfico conjuntamente con altos miembros de las Fuerzas Armadas del país y grupos guerrilleros colombianos, que usan la zona fronteriza para la producción de drogas que luego son distribuidas internacionalmente desde territorio venezolano.
Algunos de los aliados más próximos a Maduro se vieron implicados en la investigación de la DEA, como Alex Saab, considerado por EEUU como testaferro del gobernante venezolano y que estaba siendo investigado en este país por lavado de dinero proveniente de corrupción relacionada con el régimen venezolano. Saab fue liberado por EEUU recientemente en un intercambio de presos por 10 estadounidenses y un contratista de defensa prófugo.
El llamado "Cartel de los Soles", cuyo nombre hace referencia a la insignia que llevan los generales venezolanos, sería un actor principal en esta red. Estas operaciones han llevado a Venezuela de ser un país de tránsito de drogas ilícitas a ser un actor activo en actividades que incluyen transporte y distribución de drogas que tienen a EEUU y Europa como destino.
“No nos gusta decirlo públicamente pero somos, de facto, la policía del mundo”, dijo Wes Tabor, un exagente de la DEA que fungió como agregado de la agencia en Venezuela mucho antes del inicio del operativo descrito en el reporte y de que, en 2005, el fallecido Hugo Chávez expulsara a los funcionarios de esta dependencia estadounidense del país.
Tabor, que no confirmó la existencia de ninguna acción de este tipo, apuntó que las medidas unilaterales y encubiertas pueden ser una herramienta eficaz cuando se llevan a cabo con los límites y la responsabilidad adecuadas, especialmente en un país como Venezuela, donde las difusas líneas entre el Estado y el hampa lo convierten en un lugar de tránsito ideal para el 15% de la cocaína que se trafica en el mundo.
“No estamos en el negocio de acatar las leyes de otros países cuando estos países son regímenes canallas y las vidas de los niños estadounidenses están en juego", añadió. “Y en el caso de Venezuela, que nos está inundando de droga, el riesgo merece la pena”, acotó.
El documento señala que uno de los objetivos de la DEA era investigar al militar José Vielma Mora, actual diputado en la Asamblea Nacional chavista, fue subido por accidente a la web de la Fiscalía General de Manhattan junto con pruebas de un caso contra dos exagentes de la DEA, Manny Recio y John Constanzo Jr, condenados por filtrar información confidencial a través de sobornos a la defensa de casos relacionados con Venezuela, como el del empresario Alex Saab.
Fuente de financiación
Informes de inteligencia de Colombia han revelado la presencia del "Cártel de los Soles" en varios departamentos fronterizos con Venezuela, desde donde se han establecido rutas marítimas de transporte de droga. Estas operaciones incluirían también tráfico de armas, contrabando de oro y la producción de estupefacientes, que son trasladados a Venezuela, donde se hace la distribución.
Según una investigación revelada en 2023, "más de 330 toneladas" de cocaína pasaron a través del fronterizo estado de Zulia, en Venezuela, provenientes de la región colombiana de Catatumbo, reseñó The Miami Herald.
En marzo de 2020, el gobierno de EEUU presentó una acusación penal contra Maduro por tráfico internacional de drogas y ofreció 15 millones de dólares de recompensa a quien proporcione información que conduzca a su detención. La acusación del Departamento de Justicia, en aquel momento a cargo del fiscal William Barr, incluyó a otros altos dirigentes del régimen entre ellos, Diosdado Cabello, considerado el segundo al mando del "chavismo"; el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino; Tareck El Aissami, quien en ese momento ocupaba la cartera de Industria y Producción Nacional; el exjefe de Inteligencia, Hugo "El Pollo" Carvajal, quien fue extraditado a EEUU por España, para enfrentar acusaciones por narcotráfico y narcoterrorismo.
La razón que impulsa el establecimiento de esta organización criminal en la que están envueltas las autoridades venezolanas es el colapso económico del país petrolero, gobernado desde 1999 por las políticas socialistas del "chavismo", la corrupción y la incompetencia. Es por eso que las actividades del narcotráfico han crecido al punto que se han convertido en una fuente de financiación vital para el régimen, según reportes.
El documento de la DEA se conoce en un momento álgido de las relaciones entre EEUU y Venezuela, cuando las negociaciones entre el régimen y la oposición, impulsadas por EEUU, están a punto de naufragar luego que el régimen se niegue a permitir que la candidata opositora María Corina Machado, a quien le impuso una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años, participe en las elecciones presidenciales previstas para este año.
En octubre de 2023, el régimen y la oposición firmaron un acuerdo en Barbados, en una mesa de diálogo mediada por Noruega y aupada por EEUU, que establecía una suerte de "hoja de ruta" para que los comicios presidenciales sean libres y transparentes. En el contexto de ese acuerdo, EEUU flexibilizó algunas de las sanciones que había impuesto a Venezuela, específicamente referidas a su industria petrolera, el gas y la minería.
En vista de que el régimen, a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un organismo sin independencia, determinó recientemente que se mantiene la inhabilitación a Machado, EEUU advirtió que volverá a aplicar las sanciones en un 100% y dio al régimen un plazo hasta abril para resolver la prohibición a la opositora.
Machado logró convertirse en la candidata "unitaria" de la oposición, tras unas primarias celebradas en octubre, en las que obtuvo el 92% de los votos.
Una encuesta del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (CEPyG UCAB), de junio pasado, denominada Estudio de Coyuntura Nacional, arrojó que el 85.2 % de los venezolanos considera necesario un cambio político en Venezuela.
Con la ratificación de la inhabilitación a Machado, Maduro busca crear una oposición a su medida, que no represente ningún riesgo para su permanencia en el poder.
FUENTE: Con información de AP