MADRID.-Miembros de la Fiscalía y la Agencia Tributaria de Portugal registraron este miércoles los domicilios de jugadores, entre ellos el español Íker Casillas, y presidentes de clubs y agentes como Jorge Mendes dentro de una mega operación sobre presunto fraude fiscal en el fútbol luso, informa la revista portuguesa Sabado.
El origen de la investigación que saldó con estos registros domiciliarios en las casas del precandicato a la presidencia de la Real Federación Español de Fútbol (RFEF), en los que se incautó documentos relacionados con negocios multimillonarios, está en las revelaciones llevadas a cabo por el hacker Rui Pinto en el caso 'Football Leaks'.
Así también se llevó a cabo actuaciones en las oficinas de Gestifute en Oporto y Lisboa y las dos residencias de Jorge Mendes, agente entre otros del delantero portugués de la Juventus de Turín Cristiano Ronaldo y del jugador del Atlético de Madrid Joao Félix.
Casillas se mostró "tranquilo" pese a ser uno de los implicados en los registros.
"El deseo de que la transparencia llegue a todos y cada uno de los rincones del fútbol. Ese es uno de los principales motivos por los que he decidido presentarme a la Presidencia de la Federación Española de Fútbol", zanjó un Casillas pendiente de que se conozca la fecha de las elecciones para la RFEF en un comunicado.
La revista Sabado reveló hace un mes que la investigación se centra en contratos relacionados con los derechos de imagen de los futbolistas profesionales, así como con contratos de adjudicación, tarifas de suscripción y pagos de comisiones a terceros por la intermediación en los traspasos.
La principal sospecha de los investigadores es que los clubes, corporaciones deportivas, administradores, jugadores, entrenadores, directores deportivos, agentes y abogados recurrieron a presuntos documentos contables ficticios para inflar los costes, evitar el pago del IVA y las contribuciones a la Seguridad Social.
La Fiscalía informó en un comunicado que se cumplieron 76 registros durante el día.
La investigación abarca las transferencias y otros contratos desde 2015, añadió el comunicado. Las autoridades quieren dilucidar si se perpetraron delitos de evasión de impuestos y lavado de dinero.
FUENTE: CON INFORMACIÓN DE EUROPA PRESS Y AP