La afirmación de Mayorkas denota cierta incoherencia en la comunicación y estrategia entre su vital Departamento y el líder de la Casa Blanca.
No es que el expresidente Donald Trump haya compuesto el sistema de inmigración que durante décadas ha sido ineficiente y con innumerables fallas, pero sí adoptó medidas para mantener el control y la seguridad en la frontera.
El gobierno de Joe Biden anunció que para el 23 de mayo revocaría la norma conocida como Título 42, que se aplica desde el comienzo de la pandemia para negar de inmediato la permanencia en el país de la mayoría de los indocumentados.
Una encuesta de Gallup a finales de marzo reveló que el 86% de los entrevistados dijo estar "muy preocupados" o "bastante preocupados" por la situación en la frontera sur.
Aunque la gran atención se ha concentrado en los cruces no autorizados desde México, un reporte del año fiscal 2021 del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) reflejó que 684.499 personas se quedaron después de vencer sus visas, lo que representa el 1,48% de casi 50 millones de visitantes a EEUU.
Cifra récord de inmigrantes ilegales
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dio cuenta de 7.800 detenciones de inmigrantes indocumentados por día a lo largo de la frontera con México en las últimas tres semanas, casi cinco veces el promedio de 2014-2019, antes de la pandemia. La estadística podría más que duplicarse sin el Título 42.
Muy controversial resulta el "nuevo plan del gobierno de Biden para frenar" lo que la izquierda y la extrema izquierda avalaron desde el 20 de enero del 2021, cuando instalaron su luz verde en todos los puntos de acceso en los sitios fronterizos.
Desde ese entonces, estados como Arizona y Texas han vivido la peor pesadilla en más de 20 años. Las imágenes son el verdadero testimonio de una política de puertas abiertas absolutamente fallida.
Los contribuyentes en Texas pagan hasta 1,000 millones de dólares anuales en servicios de educación, salud y albergue a los miles de migrantes que cruzan desde México a través de sus 1.200 millas de frontera con nuestro país.
Así lo alertó el Procurador del estado, Ken Paxton, al referir que en lo que va de 2022 se han registrado casi un millón de detenciones de migrantes en la franja fronteriza con México.
El procurador aseguró que existe una tendencia al alza de la inmigración por la frontera entre México y Texas. De octubre a febrero de 2021 cruzaron de manera ilegal 397.549 migrantes frente a los 842.685 que se han reportado en los primeros cuatro meses del 2022, lo que representa un aumento del 211%.
Entre imágenes, contradicciones e irresponsabilidad gubernamental vive a diario EEUU la debacle fronteriza. Algunos medios en ocasiones abordan el tema y en otras como si no existiera, pero muy pocos se refieren al costo económico de este suceso.
Las quejas de los congresistas republicanos parecen chocar contra una pared infranqueable, mientras los nuevos demócratas siguen con su agenda. El único freno podría ser en noviembre, si el partido rojo consigue el poder en ambas Cámaras legislativas. Mientras, el gasto hace historia desde mediados de 2021.
Gasto astronómico de la Casa Blanca
El último paquete de ayuda aprobado por Joe Biden —por 1.9 billones de dólares— destinaba unos 47.500 millones al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) para atender a niños y familias inmigrantes.
En el 2019, con un flujo migratorio varias veces inferior al actual, el gasto anual ascendió a casi 200.000 millones de dólares, según instituciones gubernamentales. En ese año fiscal, poco más de 600.000 ilegales llegaron a la frontera sur.
Sólo en marzo de 2022, las autoridades migratorias detuvieron a 221.303, un aumento del 33% respecto al mes anterior. Es decir, que esa cifra se superará con creces antes de los primeros cuatro meses del presente año.
Si el gobierno sigue adelante con su actual política en inmigración, al concluir el 2022 el gasto debe ser superior a los 325.000 millones de dólares, según cálculos de ocurrir la eliminación del Título 42 y sin tomar en cuenta las ayudas posteriores a quienes entran, la asistencia médica gratuita, el incremento de agentes federales en todos los departamentos, horas extras de trabajo, rentas de nuevos locales para procesamiento y albergue, entre otros factores.
Algunos analistas calculan que entre el 2021 y el 2022, la cifra que los contribuyentes norteamericanos deben haber desembolsado se aproxima a 1 billón de dólares en gastos totales de inmigración.
La Casa Blanca emplea unos 240 millones de dólares mensualmente sólo para albergar a menores de edad no acompañados, según reportes de The Washington Post. No hay datos oficiales, pero lo que sale a la luz da una idea de lo que ocurre.
El costo por cuidar a [un menor de edad] en las instalaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos es de unos 300 dólares [diarios], pero la cifra casi se triplica en albergues de emergencia y llega hasta los 800 dólares.
Los costos agregados
A todo lo anterior se suma que Biden se vio obligado a recurrir al apoyo migratorio de México, El Salvador, Guatemala y Honduras obtenido en el 2019 por Trump, mediante acuerdos de $1.000 millones con cada nación hasta $4.000 millones, si cumplían los requerimientos establecidos por Washington.
Además, en el 2021 el presupuesto destinado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) pasó de unos $13.000 millones a $20.000 millones como rol esencial contra las principales causas de la emigración ilegal en la región: el crimen organizado y las extorsiones, pobreza extrema, corrupción y falta de empleos, que se suman a la estela de problemas creados por la pandemia de COVID-19.
Desde que el Título 42 se empezó a aplicar en marzo de 2020 durante la presidencia de Trump, se han ejecutado más de 1,8 millones de expulsiones de inmigrantes. Algunos intentan volver a entrar, por lo que han sido expulsados varias veces. Esto representa otro gasto agregado cuando los inmigrantes provienen de otros países, no de México.
Las deportaciones de salvadoreños, guatemaltecos y hondureños desde EEUU se dispararon un 451,7% en los primeros dos meses de 2022 y llegaron a 14.481, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El informe, que retoma cifras de instancias gubernamentales de cada país, indica que entre enero y febrero de 2022 la cifra de retornados para estos tres países fue superior en 11.856 casos a los computados en el mismo período de 2021.
El reporte indica que las deportaciones a El Salvador son las que más se incrementaron en este período con un 276% más, mientras que para Guatemala se elevaron un 173,3% y para Honduras un 107,9%.
Las ayudas del gobierno federal
El gasto en inmigración se extiende en la mayoría de las personas con posibilidades de legalizarse con hijos menores o adultos solos, como ocurre en el caso de decenas de miles de cubanos que han logrado recibir un “parole” y al año y un día podrían acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.
Se estima que la mayor parte de ellos reciben ayuda durante varios años hasta que logran encaminarse en el país y dejar a un lado los bajos ingresos, un proceso que puede tardar hasta cinco años o más. A otros no les interesa salir del estatus de inmigrante protegido y viven por décadas de los recursos federales.
El Departamento de Seguridad Nacional, según un informe, se ha estado preparando para recibir hasta 18.000 migrantes por día, si se levanta el Título 42, una cifra astronómica que equivaldría a más de 500.000 cada mes.
No es de extrañar que muchos demócratas, frente a una difícil campaña electoral de mitad de período y otros graves problemas como la alta inflación, estén verdaderamente aterrados.
Las advertencias sobre el levantamiento del Título 42 han sido expresadas con mayor fuerza por dos grupos de senadores.
Un grupo formado por senadores en batallas competitivas en busca de su reelección: Maggie Hassan (New Hampshire), Mark Kelly (Arizona), Catherine Cortez Masto (Nevada) y Raphael Warnock (Georgia), y otros moderados como Joe Manchin (Virginia), Kyrsten Sinema (Arizona.) y Jon Tester (Montana).
Kelly describió la idea de poner fin al Título 42 como "incorrecta", mientras que Manchin la calificó de "aterradora".
Los republicanos acusan a la administración Biden de ser responsable de lo que el senador Ted Cruz (Texas) ha calificado como una “catástrofe” en seguridad fronteriza. Y realmente es una catástrofe sanitaria, humanitaria, política y económica que desangra a los estadounidenses, quienes finalmente pagan todos los “platos rotos” de la administración Biden.
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