Una decisión favorable de la Corte Suprema en el caso puede aniquilar también casi de manera automática las acusaciones contra el expresidente Donald Trump
Vista de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en Washington.
AP/Mariam Zuhaib
El presidente 45 de Estados Unidos, Donald J. Trump.
AP /Seth WenigWASHINGTON — La Corte Suprema de Estados Unidos recibirá una apelación que podría cambiar cientos de cargos y dictámenes -catalogados de excesivos- durante la protesta e irrupción en el Capitolio el 6 de enero de 2021.
Una decisión favorable de la Corte Suprema en el caso puede aniquilar también de manera casi automática las acusaciones contra el expresidente Donald Trump, que buscan inhabilitarlo o destrozar su imagen ante los electores a pocos meses de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.
Los magistrados del Máximo Tribunal examinarán las apelaciones de los acusados Joseph Fischer, Edward Lang y Garret Miller.
Se requiere un mínimo de cuatro votos de los jueces del Supremo para analizar un recurso de apelación, lo que revela la importancia del tema entre los letrados.
Los jueces revisarán el fallo de una corte de apelaciones que restauró los cargos contra tres personas acusadas de "obstrucción de un procedimiento oficial". Se refiere a la manifestación que detuvo durante horas la certificación por el Congreso de la controversial y hasta hoy dudosa victoria electoral de Joe Biden en 2020.
Los republicanos del Congreso en Washington comenzaron a publicar más de 40.000 horas de videos testimoniales y sin edición de lo que realmente ocurrió durante la manifestación de cientos de miles de seguidores del entonces presidente Donald Trump el 6 de enero del 2021 contra los resultados electorales de noviembre del año anterior.
Si la Corte Suprema desestima la reclamación presentada, se mantendrá la decisión de un tribunal inferior que permite al Departamento de Justicia de Joe Biden continuar con los cargos contra los acusados y las sentencias.
Si la Máxima Institución de Justicia dictamina a favor de los enjuiciados, entonces habrá un giro de 180 grados en los casos tratados e incluso en los cargos contra el expresidente Trump respecto a que supuestamente interfirió de forma premeditada en el proceso de certificación de la polémica victoria de Biden en los comicios generales en noviembre del 2020.
Tres días después de su imputación en el caso del 6 de enero, Trump expresó su enorme descontento en su plataforma Truth Social y calificó los cargos de injerencia electoral e instó a la Corte Suprema a intervenir.
El Supremo debe debatir sobre una disposición del Código de Justicia que penaliza los intentos de obstruir, influir o impedir un procedimiento oficial. Habría que ver la valoración de los magistrados sobre si la aplicación del código procede en el caso de Trump o es simplemente un recurso penal utilizado para condenar al presidente 45, algo insólito e inédito en la historia de la nación americana.
Una sentencia o incluso la sola implicación de la Corte Suprema puede ofrecer al equipo legal de Trump varias oportunidades: primero, aplazar el juicio por presunta "injerencia electoral" previsto para marzo y segundo, y más importante, echar por tierra las acusaciones de la fiscalía y desestimar el caso, entre otras razones, por inmunidad presidencial. A ese recurso apela en primer orden la defensa de Trump para anular las imputaciones sobre el 6 de enero.
Este es uno de los cuatro cargos presentados contra el presidente 45 de EEUU por un Departamento de Justicia de "dos niveles", como lo han catalogado los legisladores republicanos en su condena a la persecución política y acoso constante contra Trump, desde su victoria electoral en 2016 sobre Hillary Clinton.
Las imputaciones presentadas por el fiscal especial Jack Smith, sumamente criticado por los conservadores por su visible postura de extrema izquierda, acusan al expresidente de "asociación ilícita para anular los resultados de la elección de 2020". También de "conspiración para obstruir un procedimiento oficial", en un hecho sin precedentes en la historia del país: que la justicia se practique bajo la influencia de preceptos e intereses políticos y contra la libertad de expresión y los derechos individuales avalados por la Constitución.
La decisión de la Corte sobre el cargo de obstrucción podría amenazar el inicio del juicio a Trump, fijado para el 4 de marzo. Los jueces también analizan si deben fallar sobre la inmunidad presidencial y libertad para tomar decisiones de Trump, no acusables judicialmente en especial por manifestar su desacuerdo con los resultados electorales, como argumenta su defensa.
Según el exfiscal federal Randall Eliason, los abogados de Trump podrían pedir de forma justificada aplazar el juicio hasta que el caso llegue a una conclusión. Eliason también opina que la sentencia del Máximo Tribunal sea antes de finales de junio, lo que permitiría que el juicio se celebre antes de las elecciones.
De cualquier forma, la aceptación de la Corte Suprema para escuchar los casos citados pone en ligera ventaja a la defensa de Trump, que busca ganar tiempo hasta pasadas las elecciones, mientras los fiscales han demostrado su obsesión por la celeridad para que el proceso judicial se realice mucho antes de noviembre.
El propósito es claro: afectar notablemente la imagen y el liderazgo del exmandatario, frente a la desaprobación popular del actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden.
Trump lidera todas las encuestas nacionales con una ventaja de más de 50 puntos para las primarias republicanas y con un margen entre 6 y 8 puntos sobre Biden en los sondeos sobre la intención de voto en las elecciones presidenciales del próximo año.
Más de 300 personas están acusadas de obstrucción en la causa federal por la llamada "insurrección del 6 de enero de 2021".
Un Tribunal Federal desestimó la imputación contra tres de los acusados al fallar que la sentencia fue extrema y en contra de la libertad de expresión y manifestación.
El juez federal Carl Nichols consideró que los fiscales se excedieron al aplicar la ley en estos casos. Nichols falló que los acusados se manifestaron tomando como base “una medida respecto a un documento, archivo u otro objeto” para obstruir un procedimiento oficial.
El Departamento de Justicia apeló ese fallo, y la Corte de Apelaciones en Washington coincidió con los fiscales en que Nichols hacía una "interpretación moderada" de la ley.
El exmandatario y otros acusados han apelado la aplicación de ese cargo por parte del Departamento de Justicia del gobierno de Joe Biden.
Más de 1.200 personas han sido acusadas de delitos federales derivados de la masiva protesta del 6 de enero, y más de 650 se han declarado culpables bajo la presión de los fiscales y del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
FUENTE: Con información de AP
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