La realidad de la economía estadounidense en 2016, aseguran los expertos, se ha estabilizado poco a poco dejando de lado la recesión económica iniciada en 2008, y por este motivo, la mayoría del país está en la obligación de aplicar en toda su extensión la ley de 1996 que establece que los individuos de entre 18 y 49 años sin personas dependientes a su cargo, y que no están dispacitados, solo tienen derecho a food stamps durante 3 meses en un período de 3 años, a no ser que cumplan con alguno de los requisitos específicos de empleo como trabajar al menos 80 horas al mes, participar en programas de formación laboral durante al menos 80 horas mensuales o cumplir con un programa de trabajo sin paga gestionado por el estado.
En 1996, el requisito de trabajo por cupones de alimentos fue decretado por primera vez en conformidad con la ley de reforma del bienestar social, que fue firmada por el presidente Bill Clinton e impulsada John Kasich, hoy gobernador de Ohio y exaspirante a la candidatura presidencial republicana. El pasado mes de febrero, un análisis publicado por Associated Press indicaba que las cifras de ayuda alimentaria mostraban que cerca de 1.1 millones de adultos podían llegar a perder sus beneficios en esos 21 estados, si no consiguen un trabajo o una exención. 300 mil personas era la cifra que se anunciaba para la Florida. Lastimosamente los pronósticos se quedaron por debajo de la realidad.
Los números no mienten
La crisis económica que generó cambios en este popular programa permitió que los estados pudieran acogerse a exenciones para que sus residentes en momentos de dificultad financiera pudieran apoyarse al programa de cupones de alimentos de forma continua, sin tener que cumplir con las condiciones de trabajo o formación exigidas por la legislación. Pero desde el 1 de enero del presente año se aplicaron sus requisitos iniciales. El cambio para quienes se benefician de este programa de SNAP (Asistencia Nutricional Suplementaria) ha sido un movimiento inesperado ya que muchos aseguran vivir como en la época de la recesión. Incluso aseguran que la economía no ha mejorado de manera sostenida.
Según el cristal con que se mire…
Yolanda Torres, de 35 años de edad, quien vive en Hialeah, asegura que durante los últimos años ha sido complicado encontrar un trabajo que le sustente, ya que después de la crisis del 2008 perdió su casa y su estabilidad. La ayuda de cupones de alimentos, cuenta, le permitía no morir de hambre. “Era una forma de evitar estar en la calle pidiendo dinero para comer, pero es importante decir que la comida cada día sube de precio y en ocasiones la ayuda no alcanza, aunque al final una se las arregla para comprar”.
Arturo Adarme siempre está en el área de Brickell, distrito financiero de la ciudad de Miami, y duerme en las afueras de los edificios más imponentes. Su historia indica que perdió a su familia en un accidente en 2010, razón por la cual cayó en una gran depresión que desencadenó que duerma en la calle. “Ha sido difícil trabajar para algún empleador”, dijo. Hasta hace poco tuvo la asistencia de alimentos, aunque confía que el sistema analice su caso para recuperarla mientras intenta lograr soluciones a su situación.
Por otro lado, Anabel Andrade, mesera en la zona de Ocean Drive, considera que las leyes deben ajustarse para todos. “Las normativas deben revisarse siempre porque hay gente que recibe esta ayuda y no la necesita”.
Manuel Ortega, quien trabaja hoy como taxista, de 40 años de edad, dijo que perdió su trabajo a tiempo completo hace un par de años, y acudió al sistema para cupones de alimentos. “Me tomó más tiempo del que pensé en conseguir un trabajo full time así que en su momento el sistema aprobó mi solicitud. Pero cuando pude regularizar mi situación laboral, informé que ya no lo necesitaba y creo que allí radica la clave para que el sistema pueda sostenerse en el tiempo. Muchos abusan y otros pagan las consecuencias”.
Realidades
Las opiniones son encontradas en este tema, pero los cambios ya entraron en vigor y quienes no cumplan con los requisitos perderán este beneficio. La pregunta es: ¿realmente la economía ha mejorado tanto para retomar estas disposiciones? Los entrevistados previamente mencionados, aseguran que la situación económica podría ser mejor, pero ha llevado un proceso muy lento por lo cual, aunque piden sean analizadas bien las solicitudes de beneficios, creen que se debe otorgar un tiempo más a este apoyo en la alimentación especialmente, ya que las rentas continúan en aumento, los salarios no se han incrementado y el desempleo aún persiste.
Actualmente, Arkansas, Delaware, Florida, Indiana, Iowa, Kansas, Maine, Mississippi, Missouri, Nebraska, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas, Wisconsin y Wyoming han regresado a las restricciones previas a la crisis. En algunos condados de los estados de Alabama, Alaska, Arizona, Colorado, Connecticut, Georgia, Hawaii, Idaho, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Montana, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oregón, Pennsylvania, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia, Washington y West Virginia, donde el desempleo aún es elevado, se mantienen esta exención. California, Washington DC y Rhode Island han conseguido prorrogar esa situación hasta el final de 2017.
El programa de food stamps está financiado por la Administración Federal, sin embargo, los estados comparten con USDA los costes de gestión de este servicio.
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