[email protected]
@JesusHdezHquez
[email protected]
@JesusHdezHquez
MIAMI.- Días después de la elección presidencial, el 3 de noviembre, persiste el desasosiego acerca del conteo de votos en ciertos estados, en los que el cómputo de sufragios no solo demoró, sino que es incluso cuestionado por una de las partes. Una inculpación que es defendida por unos y debatida por otros, mientras se espera por los argumentos necesarios y las resoluciones definitorias del poder judicial.
En efecto, el presidente Donald Trump afirma que hubo irregularidades, específicamente “fraude”, en cinco estados donde el mandatario tuvo una clara ventaja al comienzo del conteo y más tarde fue superada por su contrincante, el exvicepresidente Joe Biden.
Se habla de que los funcionarios electorales no siguieron los procedimientos adecuados para contar las boletas. Que hubo adjudicación de horas y días adicionales para recibir votaciones. Y que también hubo “conspiración de fechorías” para hacer que Presidente perdiera las elecciones.
"Yo gané las elecciones, obtuve 71.000.000 votos legales", tuiteó Trump, después de regresar a la Casa Blanca desde su campo de golf en Virginia. "Sucedieron cosas malas que nuestros observadores no pudieron ver", aseguró.
Según el conteo, al cierre de esta edición, Trump sumaba más de 72.3 millones de votos directos y Biden unos 77.4 millones. Pero es el voto electoral, los ‘puntos’ que otorga cada estado ganado, según la población electoral, el lo que nombra presidente electo. De ahí la importancia de ganar Texas, Florida o California, los más poblados, entre otros.
La ley
Para comenzar, debemos tener en cuenta que la nación estadounidense es una confederación de estados, “y cada uno de ellos es regido por leyes particulares, siempre y cuando sean asuntos permitidos por la ley suprema nacional, que es la Constitución”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS Charlie Anderson, profesor jubilado de ciencias políticas de George Washington University.
En otras palabras, a diferencia de la gran mayoría de países en el mundo, cada estado en la Unión Americana, además de la ciudad capital Washington DC, realiza una elección presidencial el primer martes de noviembre y certifica su resultado al Colegio Electoral, acorde a los estatutos de la Constitución.
“Cada estado tiene una fecha tope para presentar su certificación, pero casi todos coinciden en la última semana de noviembre”, recordó el profesor jubilado.
Solo entonces, el Colegio Electoral se reúne y anuncia el presidente electo, si alguno de ellos alcanzó o superó los 270 votos emitidos por los estados que exige la Constitución.
Este año, la fecha pautada para el anuncio es el 14 de diciembre.
Más tarde, el 6 de enero, el resultado de la votación es oficialmente presentado en el Congreso de la nación.
“Es un largo procedimiento, que ésta únicamente encaminado a ratificar y realzar el proceso electoral”, subrayó.
Demandas
Varias demandas judiciales han sido presentadas en estados clave, desde Arizona y Nevada hasta Georgia, Michigan y Pensilvania, y aunque el proceso judicial goza de cierta lentitud, el país y el mundo presta atención a las resoluciones que corroborarán la moral electoral de la nación.
“Si existe la más mínima sospecha de irregularidades, debe ser presentada en los tribunales correspondientes. Incluso ser discutida en la Corte Suprema de la nación si es necesario. Nuestras leyes, la Constitución, cuentan con las vías necesarias para analizar una cosa o la otra. Pero mientras no sean comprobadas o rechazadas, debemos esperar con paciencia y no anticiparnos”, declaró el académico.
En efecto, prácticamente todos los medios de prensa nombran a Biden “presidente electo”, aun cuando el cómputo de votos no ha sido certificado por la mayoría de los estados, al mismo tiempo que la opinión pública mira con asombro el uso de la palabra “fraude”.
“Pero las pruebas aún están por ser expuestas y analizadas”, señaló el profesor.
“Y sea cual fuese el resultado, será acatado, tal como siempre hemos hecho”, recalcó.
“Partir de la línea de salida con buen pie en una competencia olímpica no garantiza llegar primero a la meta”, razonó el licenciado en ciencias políticas. “Pero si hay tropiezos malintencionados por el camino, ahí están los expertos para descalificar el resultado”, subrayó.
Anderson mencionó que si él fuera el Presidente, “también me sentiría atosigado, después de librar una guerra abierta con los demócratas durante cuatro años de mandato. Incluso haber superado un juicio político en el Congreso”.
Añadió, además, que “vería enemigos, trampas por doquier, para hacerme perder”, pero que “necesitaría pruebas para sostener mis sospechas”.
El académico cree que la histórica avalancha de más de 50 millones de votos por correo postal, dada las circunstancias de inseguridad que vive el país por la pandemia de coronavirus, fue la causa de la demora del conteo de votos y el reajuste de los primeros resultados.
“La mayoría de los estados se prepararon para hacer frente a la millonaria avalancha. Otros tal vez no se prepararon”, acotó.
Luego recordó: “Cada estado y la ciudad capital tiene sus reglas: unos aceptan votos el día de la elección después de las 7 pm, otros no. Lo que no veo claro es que la Corte Suprema de Pensilvania haya otorgado una prolongación de dos o tres días, cuando el resto del país no la tuvo”.
Por ello, ante la duda, la Corte Suprema de la nación, donde se dice la última palabra, requirió a la autoridad electoral de Pensilvania “mantener separado los votos” que fueron recibidos durante los tres días adicionales, en caso de que la prolongación otorgada sea “invalidada”.
Investigación
Entretanto, el fiscal general Bill Barr, que dirige el Departamento de Justicia, autorizó a la fiscalía federal iniciar la investigación de acusaciones sobre supuestas "irregularidades en la votación".
El anuncio, que se percibe como una inusual incursión de la rama ejecutiva en el proceso electoral, procura tener en cuenta, según el planteamiento de Barr, "si hay alegaciones claras y creíbles de irregularidades que, de ser ciertas, podrían afectar el resultado de una elección federal en un estado u otro".
No obstante, Barr recalcó que las acusaciones sobre supuestas irregularidades "deben manejarse con mucho cuidado" y que "las afirmaciones engañosas, especulativas, fantasiosas o inverosímiles no serán tomadas en cuenta para realizar investigaciones federales".
