MIAMI.– La administración Trump se apresta a acabar con lo que considera la actitud débil de enfrentar el auge del narcotráfico durante el Gobierno de Barack Obama.
El plan, según un documento divulgado por The New York Times, consiste en endurecer las reglas en la criminalización del tráfico de drogas, incluyendo la distribución y el consumo. El secretario de Justicia Jeff Sessions, un viejo defensor de la persecución total al narcotráfico, ha estado revisando una serie de instrucciones despachadas por su antecesor, Eric Holder, que autorizó a los fiscales federales a usar su discreción al momento de pedir sentencias por delitos de drogas, principalmente en aquellos casos en que las penas mínimas obligatorias estaban bien definidas pero no eran aplicadas.
La nueva política que está siendo considerada sería un regreso a los tiempos de la administración republicana de George W. Bush, cuando el entonces secretario de Justicia John Ashcroft ordenó a los fiscales a aplicar todo el rigor de la ley, con muy pocas excepciones, como los menores de edad y aquellas personas que hubieran cometido delitos de esa índole por primera vez.
“El secretario de Justicia ha repetido constantemente que estamos revisando todas las políticas anteriores del Departamento de Justicia con el objetivo de mantener a los estadounidenses más seguros y, próximamente, vamos a dar nuevas instrucciones y todo el apoyo a los fiscales para que ejecuten esta prioridad”, confirmó el portavoz del Departamento de Justicia, Ian Prior.
El año 2013, Holder envió un memorando a todos los fiscales destacando que “las penas más severas deben ser guardadas para los casos más serios, de alto nivel y violentos de narcotráfico”, porque “la realidad es que demasiados estadounidenses están yendo a prisión por demasiado tiempo y, en realidad por ninguna razón de destaque en términos de aplicación de la ley”.
Holder agregó que el resultado de la política de Ashcroft resultó en un incremento en los gastos de las cárceles, sin ningún impacto significativo en el narcotráfico cuando “sabemos que los delitos más violentos tienen su base en el narcotráfico y el obrar de los cárteles”.
Pero Sonja B. Starr, profesora de derecho de las Universidad de Michigan, dijo al rotativo que aunque el Departamento de Justicia quiera regresar a los tiempos de Ashcroft, no significa necesariamente cambios profundos en el actuar de los fiscales.
“Los fiscales mantendrían todavía un cierto margen de maniobra para decidir lo que realmente es o no un delito peligroso. No olvidemos que bajo cualquier administración y cualquier que sea la política del Departamento de Justicia, los pedidos de sentencia y el grado de culpabilidad son decididos por los fiscales”, afirmó.
El problema, agregó, “es que muchos fiscales piensan que tenemos demasiadas sentencias mínimas obligatorias y la políticas de encauzamiento federales todavía es demasiado dura. Quizá habría un cambio de tono, pero es muy poco probable que haya grandes cambios”.
