MIAMI.- Mientras la defensa en España del exjefe de Inteligencia venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal hace malabares para evitar su extradición a Estados Unidos, donde tendría que responder por cargos de narcoterrorismo, Washington descarta confirmar si su captura el pasado 9 de septiembre, fue gracias a una denuncia, pero en este caso, será el secretario de Estado quien tenga la última palabra sobre un eventual pago de recompensa por la captura del exoficial.

La Audiencia Nacional española paralizó el martes 14 de septiembre la entrega de Carvajal, a la espera de que se resuelva su petición de asilo, introducida en 2019, días después de darse a la fuga tras conocer que sería enviado a EEUU en virtud de una orden de extradición presentada a España en abril de ese año.

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La ley que regula el asilo español establece que “la solicitud de protección suspenderá, hasta la decisión definitiva, la ejecución del fallo de cualquier proceso de extradición de la persona interesada que se halle pendiente”, adelantó el diario español El Mundo.

Sin embargo, de acuerdo con la prensa madrileña el jueves 16 de septiembre, el Ministerio del Interior comunicó a la Audiencia Nacional que ya rechazó dar asilo a Carvajal en un procedimiento que resolvió en septiembre de 2019, antes de su fuga dos meses más tarde, indicó Europa Press.

La defensa del general también ya había solicitado suspender cautelarmente la entrega a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, ante la que recurrió la decisión del Gobierno español de dar luz verde a su extradición el año pasado, recordó el rotativo.

El exjefe de los espías venezolanos permanecerá bajo arresto mientras su defensa mueve cielo y tierra para frenar la entrega, aunque podría interponer recursos para solicitar su liberación.

Mientras estuvo prófugo, Carvajal no dejó de recurrir a pelucas, bigotes falsos, cambiar de domicilios cada tres meses, y hasta una cirugía plástica, para burlarse de la Policía.

El arresto de Carvajal, apodado el “Pollo”, se dio un año y diez meses después de que la Audiencia Nacional admitiera la petición de extradición del departamento de Justicia, que desde 2014 busca al hombre de confianza del fallecido Hugo Chávez.

El 12 de abril de 2019, en Madrid, Carvajal fue arrestado por la policía española gracias a una Circular Roja de Interpol que Estados Unidos había emitido en su contra.

Pero el general retirado estaba desde marzo de 2019 en la capital española a la que llegó procedente de República Dominicana huyendo de Venezuela días después de legitimar como presidente interino al líder opositor Juan Guaidó y llamar a los militares venezolanos a desconocer el régimen de Nicolás Maduro.

Su persecución acabó la noche del jueves 9 de septiembre cuando un operativo de la policía española, alertada por la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA), entró a un apartamento al norte de Madrid donde encontraron al fugitivo en una habitación con un cuchillo en la mano, un último intento desesperado por eludir el arresto.

El Departamento de Estado lanzó el año pasado una recompensa de 10 millones de dólares por información que condujera al arresto de Carvajal como una forma de influir en su círculo íntimo y lograr su entrega. Sin embargo, se desconoce si el arresto se dio producto de dicha estrategia.

La Oficina de Asuntos Antinarcóticos del Departamento de Estado dijo que el “estatus de un pago de recompensa no se hace público para proteger la integridad y la identidad de las personas que proporcionan la información”.

“Dependiendo de la información proporcionada, se pueden pagar múltiples recompensas por un solo objetivo designado. La agencia patrocinadora del informante informará sobre cualquier estado con respecto a una propuesta de recompensa”, comentó un funcionario del Departamento de Estado a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Solo el secretario de Estado tiene la autoridad para determinar si se pagará una recompensa, así como el monto- En los casos en que exista jurisdicción penal federal, el secretario deberá obtener la concurrencia del fiscal general, acotó la fuente.

Como una política, “no comentamos sobre las entregas de extradición hasta que un fugitivo haya sido devuelto a EEUU y por razones de seguridad, no divulgamos información logística sobre extradiciones”, sostuvo Nicole Navas una vocera del departamento de Justicia.

El exjefe de inteligencia de Venezuela sabía que era un preciado botín para la DEA, pero no imaginaba que un grupo de operaciones especiales, con tres curtidos agentes estadounidenses a la sombra, estaban desde hace meses coordinando su captura.

La DEA puso a trabajar detrás de Carvajal al Grupo 959, una unidad de la División de Operaciones Especiales, o SOD en inglés, que en la última década estuvo detrás de funcionarios clave del gobierno venezolano acusados de tráfico de drogas por el Departamento de Justicia, de acuerdo con una fuente que en 2015 testificó para acusar al general y habló con el Proyecto ITEMP con la condición de no revelar su identidad.

Para la agencia antinarcóticos el Grupo 959, con facultades legales para operar en el extranjero, fue clave en la operación contra “El Pollo” no solo el 9 de noviembre de 2021 sino en el primer arresto del militar en España en marzo de 2019, a expensas de haber recurrido a inteligencia y fuentes anónimas que asisten en este tipo de pesquisas.

Desde que escapara de su casa en Madrid en noviembre de 2019, cuando conoció que su extradición a Estados Unidos no sería revertida por la justicia española, el agente especial de la DEA Matthew S. Passmore se dedicó de lleno a “cazar” al exjefe de inteligencia, a quien desde hace años seguía la pista al estar concentrado en operaciones clave relacionadas con Venezuela, según el testigo entrevistado.

Por otro lado, durante meses el agente Dustin T. Harmon, de la Oficina de Enlace de la DEA en la embajada americana en Madrid, estuvo al tanto de las pesquisas sobre el exoficial venezolano, y como Passmore, el caso de Carvajal le era familiar porque antes de ser designado a España coordinó diversas operaciones, entre ellas, contra las FARC.

Tanto Harmon como Passmore estaban habituados con lo que su colega, el agente Ravi Baldeo, compiló en la acusación formal presentada contra Carvajal el 15 de abril de 2019 y luego remitió a los españoles semanas más tarde como una declaración jurada con lujos y detalles de las supuestas tropelías del funcionario venezolano.

Baldeo ha estado más de una década en la DEA centrado en operaciones especiales de gran envergadura en Centroamérica, como la revelada en una acusación en febrero de 2020 en la testificó que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández y otros funcionarios, permitieron operar un laboratorio de cocaína “sin impedimentos” y transportar esa droga por aire y mar.

Para el Departamento de Justicia, como otros tantos casos donde sus prófugos son de alto perfil, la suerte de Hugo Carvajal puede resultar compleja para concretar la entrega, pero la historia ha demostrado que el Gobierno estadounidense hace lo imposible hasta final para lograr su cometido.

De consumarse su extradición, lo que está por venir es un juicio envolvente pero que puede quedar lleno de secretos al público, en el afán Washington por desmembrar las estructuras secretas que aún mantienen al chavismo en pie en Venezuela.

Carvajal esgrime que de llegar a EEUU podría ser torturado para entregar información relacionada con Venezuela o por las acusaciones de narcotráfico en su contra.

Pero desde hace una década, cuando se dieron los arrestos de prominentes capos, no hay evidencia o reportes sobre torturas físicas o mentales de los fiscales estadounidenses hacia los detenidos por delitos de droga.

En todo caso, bajo la regla 35 que otorga beneficios de reducción de condena por entregar información, para el exespía sería más provechoso que dijera lo que sabe con el fin de lograr una condena más benévola. Se arriesga a un mínimo de 10 años o máximo de 20 años de prisión.

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@franchuterias

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