El excontratista Alan Gross, que estuvo cinco años preso en Cuba y fue liberado la semana pasada, recibirá 3,2 millones de dólares del gobierno federal como parte de un acuerdo extrajudicial con la empresa con sede en Maryland para la que trabajaba cuando fue arrestado en la isla.
Gross, detenido en 2009, fue puesto en libertad el 17 de diciembre cuando Estados Unidos anunció que restablecería relaciones diplomáticas con Cuba después de más de medio siglo.
El estadounidense trabajaba en la isla para establecer acceso a internet sin censura local a la pequeña comunidad judía de la isla, pero el gobierno cubano consideró subversiva esa actividad y lo sentenció a 15 años de prisión.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) dijo el martes en un comunicado que el acuerdo alcanzado en principio en noviembre con la empresa Development Alternatives Inc., de Bethesda, Maryland, pasó a ser definitivo esta semana.
Aunque en el comunicado no se precisa la cantidad que se pagará a Gross, un portavoz de la USAID dijo que serían 3,2 millones de dólares.
La USAID dijo en el comunicado que el acuerdo daría solución a los reclamos pendientes ante una Comisión Civil de Apelaciones sobre Contratos por reclamaciones imprevistas en un contrato de reembolso de costos que incluye las solicitudes relacionadas con Gross.
El portavoz de la USAID, que solicitó el anonimato para conversar sobre las condiciones del acuerdo porque no estaba autorizado a hacer declaraciones a la prensa, dijo que la DAI había pedido siete millones de dólares. La DAI no atendió un correo electrónico de The Associated Press para que hiciera declaraciones sobre el particular.
La USAID dijo que el acuerdo extrajudicial "evita los costos, demoras y riesgos de ulteriores procedimientos, y no constituye admisión de responsabilidad de ninguna de las partes".
En noviembre, un tribunal federal de apelaciones ratificó que se desechara la demanda que presentaron Gross y su esposa contra el gobierno federal.
La pareja había demandado al gobierno por negligencia, con el argumento de que Washington, a sabiendas, envió a Gross a una situación peligrosa. Las autoridades federales dijeron que el gobierno tenía inmunidad frente a reclamos surgidos en otro país.
