SAN JUAN.– El proceso de votación en el plebiscito sobre el estatus de Puerto Rico en relación a Estados Unidos transcurrió este domingo sin mayores incidentes y con baja participación, en una consulta que no cuenta con el aval de Washington y que ha sido rechazada por la oposición.
Los 2.3 millones de electores habilitados pueden elegir entre la independencia, la anexión a Estados Unidos ("estadidad") o mantener la situación actual de estado libre asociado, que data de 1898.
El resultado, no obstante, no será vinculante, ya que sólo el Congreso de Estados Unidos tiene el poder de cambiar el estatus de la isla.
Los primeros informes de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) reportan pocos incidentes, la mayoría por fallas en el funcionamiento de las máquinas de escrutinio, algunas de las cuales tuvieron que ser sustituidas y otras equipadas con baterías adicionales tras fallar la electricidad en algunos puntos del país.
Las visitas de los medios locales a los colegios de votación reflejaron poca participación en las primeras horas del proceso. Los centros de votación cerraron a las 15:00 horas (19:00 GMT) y los resultados deben conocerse pocas horas después.
La participación en las elecciones generales de noviembre de 2016 fue de 78,22 por ciento.
Puerto Rico es un estado libre asociado con Estados Unidos. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, pero no tienen derecho al voto para Presidente ni legisladores de ese país.
Los sectores opositores rechazan el proceso con el argumento de que está amañado para favorecer la "estadidad" y denuncian que el gobernante Partido Nuevo Progresista, que promueve la anexión, no ofreció oportunidad a la oposición para presentar sus propias definiciones de las opciones que se votarían.
El gobernador Ricardo Rosselló, quien apoya la "estadidad" ha defendido la causa en Washington, donde ha encontrado poco entusiasmo entre los legisladores estadounidenses en ver a Puerto Rico convertido en el estado federado número 51.
Una de las razones de ello es la crítica situación económica que atraviesa la isla, con una deuda de 70.000 millones de dólares, que ha tenido que ser restructurada.
Si Puerto Rico fuera un estado norteamericano, podría acogerse a la ley de insolvencia estadounidense para declararse en quiebra, como ocurrió en su momento con la ciudad de Detroit. En ese caso, Washington debería hacerse cargo de al menos una parte de la deuda de la isla.
Puerto Rico ha celebrado referéndums similares en el pasado, el más reciente en 2012.
FUENTE: EFE
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