La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes de manera unánime la Nicaraguan Investement Conditionality Act 2017, HR1918, conocida como Nica Act, que establece sanciones contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega.
El proyecto presentado por los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Albio Sires tiene como objetivo bloquear los préstamos que solicite el Gobierno de Daniel Ortega ante los organismos financieros multilaterales, estableciendo como condicionante que el régimen de Nicaragua tome medidas para efectuar elecciones libres, justas y transparentes y restablezca el orden democrático en el país centroamericano.
Esas condiciones consisten en promover la democracia, un sistema judicial y un Consejo Electoral independientes; fortalecer el estado de derecho; combatir la corrupción, incluida la investigación y el enjuiciamiento de los funcionarios gubernamentales que se presumen corruptos; protección al derecho de los partidos de oposición política de organizarse libremente, protección a periodistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y otros activistas de la sociedad civil a operar sin interferencias.
Rusia y Venezuela
La congresista Ros-Lehtinen hizo referencia a la presencia rusa en Nicaragua, alegando que han establecido operaciones en Managua, capital de Nicaragua, “y eso representa una amenaza para los intereses de seguridad nacional (de Estados Unidos)”, aseveró.
Además, también se refirió al apoyo incondicional del régimen de Daniel Ortega a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. “De acuerdo con el testimonio en el Congreso, PDVSA de Venezuela también está utilizando su filial en Nicaragua, Albanisa, para el blanqueo de dinero. Si Maduro está utilizando Nicaragua con el fin de evadir las sanciones de Estados Unidos, tenemos que echar un vistazo más de cerca a estos lazos, y (que) la gente rinda cuentas”.
Entre tanto, el legislador Ed Royce, presidente del Comité de Relaciones Exteriores en el Congreso, dijo que “el mundo ha visto con horror cómo Venezuela sufre la ruina económica en medio de una crisis política que ha erosionado la democracia y amenaza con desestabilizar la región. Mientras tanto, Nicaragua continúa violando los valores democráticos de la región al no realizar elecciones limpias y transparentes, y negando a los nicaragüenses la libertad de expresión y asociación.
Elecciones libres
Ros-Lehtinen afirmó que el Gobierno de Ortega impide la realización de elecciones libres y justas. “Hay informes de que el Consejo Electoral nicaragüense está entregando cédulas de identidad a menores para que puedan votar, y que los nicaragüenses que no estén en las listas electorales, (aun así) podrán votar. Eso significa que no habrá manera de determinar si el individuo votó más de una vez, y eso es exactamente lo que el statu quo quiere para manipular los resultados de las elecciones”, afirmó.
La congresista dijo que los líderes de la sociedad civil son víctimas de persecución por denunciar al Gobierno.
También hizo mención a la situación que enfrentan las comunidades indígenas que han expresado su preocupación por la toma de tierras por parte del Gobierno y la violencia que sufren a manos militares, nicaragüenses enviados por el Gobierno para desarticular las protestas pacíficas en esas comunidades.
El Gobierno de Ortega recibe anualmente entre 250 y 300 millones de dólares en préstamos de las instituciones financieras internacionales.
De convertirse en Ley, la Nica Act gira mandatos a instituciones estadounidenses para regular su participación en estas operaciones. Sin embargo, establece una excepción cuando se trate de préstamos por razones humanitarias, o para promover la democracia.
El proyecto de Ley ordena además que el Secretario de Hacienda de Estados Unidos deba presentar a los comités en el Congreso un informe escrito sobre el funcionamiento de las instituciones financieras internacionales en la aplicación de la Nica Act.
La lista
Una vez promulgada la Ley, el Secretario de Estado e EEUU tiene un plazo de 90 días, en consulta con la comunidad de inteligencia, para presentar ante el Congreso un informe sobre la participación de altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua, incluyendo a los miembros del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia, en actos de corrupción pública o violaciones de los derechos humanos.
De esta relación de funcionarios pudieran derivarse otras sanciones o medidas amparadas en una ley promovida por los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Albio Sires, y que desde su introducción al Congreso contó con apoyo bipartidista.
El próximo paso para que se convierta en Ley es su discusión y aprobación en el Senado.
