MIAMI.- Cerca de 1,5 millones de inmigrantes en Estados Unidos serán deportados sin apelación, en lo que se considera el inicio del plan masivo que ejecutará Donald Trump una vez que asuma la presidencia, el 20 de enero de 2025.
Personas en proceso de expatriación pueden pedir en EEUU la suspensión por falta de cooperación de su país o apelar a Convención contra la Tortura, dice abogada
MIAMI.- Cerca de 1,5 millones de inmigrantes en Estados Unidos serán deportados sin apelación, en lo que se considera el inicio del plan masivo que ejecutará Donald Trump una vez que asuma la presidencia, el 20 de enero de 2025.
Si embargo, muchos de estos ciudadanos sometidos o en riesgo del proceso, en su mayoría provenientes de países de la región, cuentan con opciones legales para evitar o retrasar la expatriación. Esto, en caso de que estén en situación incierta de compleja circunstancia humanitaria, ante la negativa de sus países a recibirlos, advierte la abogada María Herrera Mellado, especialista en inmigración.
El programa de deportaciones de ciudadanos con permanencia irregular en los Estados Unidos busca contrarrestar la grave crisis migratoria que propició la administración del saliente presidente Joe Biden, la cual permitió el ingreso de casi 10,825,387 inmigrantes, por una laxa política de seguridad fronteriza. La cifra corresponde hasta octubre, según datos reportados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
De acuerdo con reportes oficiales, México, Honduras, Guatemala y El Salvador registran el mayor número de migrantes que viven “ilegalmente” en Estados Unidos. Estos podrían ser los primeros afectados por las deportaciones, según un exalto funcionario del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Al conocerse en noviembre las órdenes de deportación de la Corte de Inmigración y el anuncio del plan masivo por parte de Trump, países de la región, como Honduras y Venezuela, alegaron inconvenientes para recibir a sus nacionales.
“No hay capacidad” para recibir a tanta gente, afirmó Antonio García, viceministro de Asuntos Exteriores de Honduras.
Trump advirtió entonces, en fecha reciente, que tomará acciones de naturaleza económica contra aquellos países que no reciban a inmigrantes deportados. Pero los inmigrantes también tienen opciones legales en Estados Unidos para evitar o retrasar una deportación en ciertos casos, especialmente si su país de origen no colabora o se niega a recibirlos”, afirmó Mellado.
Mellado destacó la importancia de que los inmigrantes consulten con un abogado especializado en inmigración. “Deben evaluar su caso y determinar qué recursos legales están disponibles para ellos”.
En el caso de deportados venezolanos, muchos de los cuales son objeto de persecución política, Mellado precisó que estos enfrentan “desafíos particulares”, debido a las resquebrajadas relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela.
La situación humanitaria la hace aún más compleja. “Muchos inmigrantes venezolanos argumentan que regresar a su país representa un riesgo significativo debido a la crisis política, económica y social que afecta a Venezuela. Esto puede ser utilizado en solicitudes de protección, como asilo o estatus humanitario, aunque cada caso se evalúa de manera individual”.
Recordó que luego de que en octubre de 2023, Estados Unidos y Venezuela lograron un entendimiento para reanudar los vuelos de deportación de venezolanos, tras varios años de dificultades, se han dado avances en los acuerdos de repatriación, pero las complejidades legales y humanitarias” hacen que “no todas las deportaciones sean inmediatas o automáticas”.
No obstante, advirtió que hay recursos legales que los venezolanos pueden explorar, como solicitudes de asilo, protección bajo la Convención contra la Tortura, o la búsqueda de TPS, si califican.
Pero para Mellado las deportaciones pueden tener un impacto particularmente grave si los migrantes pertenecen a países con severas crisis políticas o económicas.
Para los migrantes, los primeros riesgos son para su seguridad y bienestar, si son por ser críticos a los regímenes son víctimas de persecución, violencia o represalias, pero también impacto psicológico y emocional.
En esos casos, los inmigrantes tienen acceso a protecciones legales en Estados Unidos. “Pueden solicitar asilo si demuestran que enfrentarían persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular o sus opiniones políticas”.
FUENTE: Entrevista a María Herrera Mellado; Redacción DLA