Los demandantes habían presentado una demanda por supuesta "discriminación racial" del presidente Donald Trump
Personas esperan afuera de un tribunal de inmigración que tiene una entrada separada de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Edificio Federal Jacob Javits en Manhattan, en la ciudad de Nueva York.
AFPWASHINGTON — Una jueza federal estadounidense levantó una suspensión administrativa que impedía a la Administración del presidente Donald Trump deportar a ciudadanos somalíes con estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés), allanando el camino así para su expulsión de Estados Unidos.
La jueza del Tribunal de Distrito de Massachusetts en Boston, Allison Burroughs, falló a favor de levantar la suspensión que ella misma impuso después de que el Tribunal Supremo diera 'luz verde' a la Administración Trump en junio de 2025 para poner fin a este estatus para personas procedentes de Haití y Siria.
Los demandantes habían presentado una demanda por supuesta "discriminación racial" ante los comentarios del presidente Donald Trump sobre el pueblo somalí y por las redadas migratorias generalizadas que se produjeron a raíz del caso de fraude en el estado de Minnesota, según recoge The Hill.
Pero la administración republicana está cancelando el estatus de protección a la mayoría de los países.
Somalia fue designada por primera vez para la concesión de este estatus en 1991 debido al conflicto en el país africano. Sus beneficiarios pueden vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos durante un periodo de 18 meses, con posibilidad de prórroga, en el que las autoridades no pueden deportarlos ni detenerlos.
Somalia, situada en el Cuerno de África y devastada por la guerra durante casi 35 años, figura entre los países menos desarrollados del mundo según la ONU. El Departamento de Estado de Estados Unidos desaconseja viajar a ese país debido a los riesgos de terrorismo, secuestro y delitos violentos.
El anuncio del fin del TPS coincide con una ofensiva judicial y administrativa contra una extensa red de esquemas fraudulentos detectados en Minnesota, varios de ellos presuntamente vinculados a miembros de la diáspora somalí. Las investigaciones apuntan a la creación de empresas ficticias que facturaron millones de dólares a agencias federales por servicios sociales que nunca fueron prestados.
Entre los programas afectados figuran iniciativas de alimentación escolar, atención a niños con autismo y servicios médicos para beneficiarios vulnerables de Medicaid. El fiscal federal Joe Thompson estimó que el desvío de fondos públicos podría superar los 9.000 millones de dólares.
El Departamento de Justicia anunció el refuerzo de la Fiscalía federal en Minnesota con fiscales adicionales, en un estado gobernado por el demócrata Tim Walz, quien enfrenta cuestionamientos por su gestión y anunció su retiro de la carrera por la reelección.
En el marco de estas investigaciones, el secretario del Tesoro informó que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una orden especial en los condados de Hennepin y Ramsey, obligando a bancos y entidades de transferencia de dinero a reportar con mayor detalle los fondos enviados fuera de Estados Unidos.
Asimismo, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció a inicios de año la creación de un grupo de trabajo específico para investigar a las entidades implicadas en los esquemas de fraude, mientras avanzan auditorías a instituciones financieras que habrían facilitado los desvíos. Parte de los fondos, según las autoridades, podría haber terminado en manos del grupo terrorista Al Shabaab, lo que mantiene abierta una investigación del Departamento del Tesoro.
Asimismo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y USCIS pusieron en marcha la Operación PARRIS (Reverificación de Refugiados Post-Admisión y Fortalecimiento de la Integridad) en Minnesota, una iniciativa de gran escala destinada a reexaminar miles de casos de refugio bajo sospecha de fraude.
USCIS informó que el foco inicial está en los 5,600 refugiados del estado que aún no han obtenido la residencia permanente legal. La operación incluye verificaciones exhaustivas de antecedentes, nuevas entrevistas y revisiones de mérito de las solicitudes. Los casos con indicios de fraude están siendo remitidos a ICE para iniciar procesos de deportación.
Estas acciones se enmarcan en la Orden Ejecutiva 14161 y la Proclamación Presidencial 10949, que exigen estándares reforzados de control migratorio y seguridad nacional.
Un portavoz del DHS sostuvo que Minnesota se ha convertido en “el epicentro de la guerra contra el fraude” y aseguró que la Administración del presidente Donald Trump no permitirá que el sistema migratorio sea utilizado para defraudar a los contribuyentes estadounidenses.
“Esta operación demuestra que la administración Trump no se quedará de brazos cruzados mientras el sistema migratorio es utilizado como arma contra el pueblo estadounidense. El estado de derecho y los ciudadanos estadounidenses siempre estarán en primer lugar”, afirmó.
Los casos detectados se suman a investigaciones previas, como la Operación Twin Shield, que reveló fraude migratorio generalizado en el área de Minneapolis–Saint Paul. Las autoridades confirmaron que todos los expedientes con indicios delictivos son remitidos a ICE para los procedimientos correspondientes.
FUENTE: Con información de Europa Press y AFP
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