El nuevo marco jurídico pone a los narcotraficantes como "combatientes ilegales", permitiendo acciones en una lógica similar a la "Guerra contra el Terror" posterior al 11-S
Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
@USNavyWASHINGTON.- La Casa Blanca notificó al Congreso que Estados Unidos se encuentra en un "conflicto armado no internacional" con los cárteles de la droga que operan en América Latina, una declaración que algunos expertos interpretan como el anuncio formal de una guerra contra estas organizaciones.
El memorando, enviado la semana pasada, sigue a la decisión del presidente Donald Trump de designar a varios cárteles como organizaciones terroristas extranjeras y de autorizar operaciones militares contra sus embarcaciones en aguas cercanas a Venezuela.
Funcionarios estadounidenses aseguran que cuatro ataques realizados en septiembre dejaron un saldo de 21 personas muertas, según reseñó Fox News.
Hasta ahora, las operaciones antidrogas habían seguido un modelo policial basado en detenciones y procesamientos. Sin embargo, el nuevo marco jurídico pone a los narcotraficantes como "combatientes ilegales", permitiendo ataques letales y detenciones sin juicio, en una lógica similar a la "Guerra contra el Terror" posterior al 11-S.
"La amenaza es directa y el presidente actuó conforme a la ley de los conflictos armados para proteger a nuestro país de quienes intentan traer veneno mortal a nuestras costas", declaró la subsecretaria de prensa, Anna Kelly, en un comunicado.
Trump celebró el último operativo en su red social Truth Social, asegurando que se evitó que "un barco cargado con suficientes drogas para matar entre 25 y 50 mil personas" ingresara a territorio estadounidense.
El giro de la Casa Blanca ha abierto un debate legal. Según el Artículo II de la Constitución, el presidente puede usar la fuerza militar para repeler ataques inmediatos, pero juristas advierten que esa autoridad es limitada.
“El presidente solo tiene autoridad para continuar los ataques durante 60 días. Después de eso, el Congreso debe aprobarlo”, explicó la abogada de seguridad nacional, Irina Tsukerman, en declaraciones a Fox News.
Esto significa que el plazo de autorización vence a inicios de noviembre, salvo que el Legislativo dé luz verde a una guerra formal.
Marty Lederman, profesor de derecho en Georgetown, calificó la estrategia como "una guerra en el sentido constitucional" que debería ser aprobada por el Congreso.
Por ahora, los líderes demócratas han expresado inquietud, pero no han bloqueado las operaciones. El senador Chris Murphy advirtió que Trump está siendo empujado a una guerra indeseada por "belicistas inseguros" de su entorno.
Los ataques ocurren principalmente en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, país al que la Casa Blanca señala como pieza clave en la red del narcotráfico regional. Pedro Garmendia, analista del grupo geopolítico The Pinafore Group y exrepresentante de Venezuela ante la OEA, afirmó que el enfoque estadounidense es una extensión de la Doctrina Bush.
"Esto permite a Trump tomar el control del Caribe, enviar un mensaje a Irán, China y Rusia, y dejar claro que el régimen de Nicolás Maduro no es un gobierno legítimo, sino un cartel de drogas que capturó a un país entero", sostuvo.
Garmendia aseguró que, si bien Maduro declaró un estado de emergencia y otorgó "poderes especiales" a su régimen, Venezuela carece de capacidad para responder a la fuerza militar estadounidense.
En paralelo, Trump ordenó suspender los canales diplomáticos con Caracas y reposicionó diez cazas F-35 en Puerto Rico para misiones antinarcóticos. El Pentágono evalúa incluso operaciones dentro de territorio venezolano.
FUENTE: Con información de Fox News
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