WASHINGTON — Cuando falta una semana para que expire la prohibición nacional a los desahucios inmobiliarios, la Casa Blanca está reconociendo que la protección de emergencia por la pandemia tendrá que llegar a su fin en algún momento. Lo difícil es diseñar el tipo de “salida” para efectuar la transición sin causar un gran trastorno social.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el miércoles que siempre hubo la intención de que las moratorias a los desahucios de inquilinos y de deudores hipotecarios fueran temporales.

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Los arrendadores se oponen a una nueva moratoria.

Ambas expiran el 30 de junio a menos que sean prorrogadas. Sin embargo, Psaki se abstuvo de mencionar si el gobierno estaba considerando una nueva extensión. Esa decisión, dijo, corresponde a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), que fueron los que impusieron las moratorias sobre el razonamiento de que permitir a la gente perder su casa durante una pandemia era un riesgo de salud pública inaceptable.

Psaki señaló que la decisión sobre la prórroga “será tomada por los CDC con base en las condiciones de la salud pública”.

La Casa Blanca —dijo— “no se adelantará a la evaluación que ellos hagan”.

Psaki agregó que el presidente Joe Biden “continúa concentrado en garantizar que los estadounidenses que siguen pasando apuros y no tienen ninguna culpa, tengan una salida una vez que concluya”.

Pero incluso aunque la amenaza de la pandemia de COVID-19 ha ido amainando gradualmente, hay exigencias a Biden para que mantenga la moratoria a los desahucios por razones no médicas.

Esta semana, docenas de miembros del Congreso escribieron a Biden y a la directora de los CDC, Rochelle Walensky, para pedirles que la moratoria no sólo se prorrogue, sino que se refuerce en algunos aspectos.

En la carta, encabezada por los representantes demócratas Ayanna Pressley, de Massachusetts; Jimmy Gomez, de California, y Cori Bush, de Missouri, se pide una prórroga no específica a fin de permitir que los casi 47.000 millones de dólares en asistencia para renta de vivienda incluida en el Plan de Rescate de Estados Unidos lleguen a manos de los inquilinos.

Poner fin a la asistencia de manera muy abrupta, dijeron, "perjudicaría" de forma desproporcionada a algunas de las comunidades minoritarias más afectadas por el virus. También reiteraron las exigencias de muchos activistas de que las protecciones de la moratoria sean automáticas, sin necesidad de que el inquilino tenga que tomar medidas especiales para recibirlas.

“Las repercusiones de la moratoria federal no deben ser subestimadas, y la necesidad de reforzarla y ampliarla es un asunto urgente de salud, así como de justicia racial y económica”, se indicó en la carta.

Diane Yentel, presidenta de la Coalición Nacional de Vivienda para Bajos Ingresos, dijo que una prórroga a la moratoria contra los desahucios es “lo correcto —moral, fiscal y políticamente—, y una medida continua de salud pública”, según su juicio.

Pero los arrendadores, opuestos a la moratoria y que la impugnaron en tribunales, están en contra de cualquier prórroga. Alegan que el enfoque debe ser acelerar la distribución de la ayuda para alquiler.

“Cada mes que pasa estamos en riesgo de perder una cantidad cada vez mayor de viviendas de alquiler, poniendo en peligro la disponibilidad de viviendas seguras, sustentables y asequibles para todos los estadounidenses”, afirmó Bob Pinnegar, presidente y director general de la Asociación Nacional de Apartamentos, en una entrevista por correo electrónico. “La creciente crisis de asequibilidad se está convirtiendo rápidamente en un desastre de asequibilidad de vivienda alimentado por moratorias defectuosas a los desahucios, que dejan a los arrendadores con una deuda insalvable y a los proveedores de vivienda cargando con la responsabilidad”.

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