NUEVA YORK — Un tribunal de apelaciones en Estados Unidos dijo el martes que un juez federal anuló correctamente una nueva regla del departamento de Seguridad Nacional que entró en vigencia este año y que negaba la residencia permanente a inmigrantes legales que usan Medicaid, cupones alimentarios y otras formas de asistencia pública.

La corte federal de apelaciones del 2do circuito ratificó un fallo de octubre del juez George B. Daniels, pero permitió su aplicación solamente a Nueva York, Vermont y Connecticut, en conformidad con una decisión de la Corte Suprema que dejó que la regla entrara en vigencia en febrero.

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La corte de apelaciones dijo que la regla ya había tenido un efecto desalentador en el uso de las prestaciones públicas por parte de personas que no tienen la ciudadanía estadounidense.

El Departamento de Seguridad Nacional ha admitido que la regla resultará muy probablemente en problemas de salud, como obesidad y desnutrición, la diseminación de enfermedades transmisibles y mayores tasas de pobreza e inestabilidad en la vivienda, dijo la corte.

“Lo menos que se puede decir es que el interés público no favorece la implementación inmediata de la regla”, dijo.

La regla ha sido apelada exitosamente en cinco demandas nacionales.

La corte del 2do circuito dijo que el Departamento de Seguridad Nacional no dio una explicación razonable para expandir significativamente la noción de lo que constituye una “carga pública” o de alguien destinado a depender de asistencia social.

Bajo las reglas anteriores, las personas que usaban prestaciones financieras, como cupones alimentarios y Medicaid, no eran penalizadas.

El panel de tres jueces dijo que los estados de Nueva York, Vermont y Connecticut y la ciudad de Nueva York, junto con cinco organizaciones sin fines de lucro que proveen servicios legales y sociales a no ciudadanos, muy probablemente demostrarían que la nueva regla es “arbitraria y caprichosa”.

En un fallo escrito por el juez Gerard E. Lynch, el panel del 2do Circuito dijo que el Departamento de Seguridad Nacional y el Congreso tienen “nociones drásticamente diferentes” de lo que significa ser “una carga pública”.

El Congreso aún considera que el término es aplicable a los no ciudadanos que no pueden ganarse la vida y carecen de fondos suficientes para garantizar que el respaldo público no será necesario.

El Departamento de Seguridad Nacional considera que se aplica a cualquiera que probablemente accederá a cualquier cantidad de prestaciones por un número limitado de meses, dijo la corte.

FUENTE: Con información de AP

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