Los decretos migratorios que el presidente Barack Obama anunció hace un año podrían tener un impacto en las elecciones de 2016, ya que 1,6 millones de los potenciales votantes tienen familiares que podrían beneficiarse de las medidas si no estuvieran bloqueadas en los juzgados, según un estudio.
Se calcula que unos 6,3 millones de ciudadanos estadounidenses viven en el mismo hogar de un familiar que podría beneficiarse de los decretos de Obama.
De estos, unos 1,6 millones tendrán derecho a voto en las elecciones de noviembre de 2016, según un estudio realizado por el Center for American Progress (CAP), cercano al partido demócrata, y el Centro para el Estudio de la Integración de los Inmigrantes (CSII) de la Universidad del Sur de California.
El estudio advierte que el voto de estos estadounidenses directamente afectados en su núcleo familiar por los decretos migratorios podría ser "potencialmente decisivo" en los estados más disputados en los comicios, para inclinar la balanza hacia un partido u otro.
"Este segmento creciente del electorado - crucial para ambos partidos- probablemente estará mirando atentamente a cómo los candidatos de ambos partidos hablan de DAPA (la Acción Diferida para Padres de Estadounidenses) y el asunto de la inmigración de forma más amplia", advierte el estudio.
"En esencia, DAPA es sobre la familia. Y las familias que podrían beneficiarse de DAPA incluyen a personas que pueden votar y votan", señala Manuel Pastor, director de CSII y autor del informe.
Pastor advierte que aquellos que se oponen a la puesta en marcha de los decretos migratorios de Obama "tienen que tener en cuenta cómo los votantes afectados por DAPA se sentirán si sus familiares continúan en un limbo migratorio".
Ante la falta de una reforma migratoria, Obama anunció en noviembre de 2014 la ampliación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) para jóvenes indocumentados, del que hasta ahora se han beneficiado 680.000 "soñadores" o "dreamers", como se les conoce en Estados Unidos.
El año pasado, el presidente también anunció la puesta en marcha de la Acción Diferida para Padres de Estadounidenses (DAPA), del que se beneficiarían inmigrantes indocumentados que han vivido en Estados Unidos más de cinco años y que son padres de ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes.
Los casi cinco millones de potenciales beneficiarios de los decretos de Obama obtendrían un permiso de trabajo temporal y la garantía de que no serían deportados durante tres años.
Ambos decretos están bloqueados actualmente en los juzgados, después de que 26 estados gobernados por los republicanos presentaran una demanda en los juzgados al considerar que el presidente ha abusado de su potestad ejecutiva al anunciar las medidas por su cuenta, sin el Congreso.
La administración Obama ha recurrido ante el Tribunal Supremo, máximo órgano judicial en Estados Unidos. Todavía no está claro si el Supremo aceptará el caso y cuándo se pronunciará.
Mientras tanto millones de inmigrantes indocumentados viven con el miedo de que podrían ser deportados en cualquier momento si son detenidos y en la incertidumbre de saber si podrán o no finalmente beneficiarse de este alivio migratorio.
La inmigración se ha convertido en un tema de campaña en las primarias para elegir al candidato de cada partido a las elecciones presidenciales. Mientras los candidatos demócratas abogan por extender los decretos de Obama, los candidatos republicanos han prometido que los revocarán si uno de ellos es elegido presidente en noviembre de 2016.
