La legislación obligaría a toda persona que solicite o reciba beneficios sociales a comprometerse a no enviar dinero mediante servicios de remesas mientras perciba dicha ayuda
Vista del Senado de Estados Unidos.
Europa Press
WASHINGTON.- Un proyecto de ley presentado en el Senado por el republicano Bernie Moreno, de Ohio, busca prohibir que los beneficiarios de asistencia pública federal envíen remesas al extranjero, en un esfuerzo por impedir que recursos financiados por los contribuyentes terminen fuera de Estados Unidos.
La legislación, denominada Ley para Detener las Transferencias de Fondos Públicos al Exterior, obligaría a toda persona que solicite o reciba beneficios sociales a firmar una declaración jurada comprometiéndose a no enviar dinero mediante servicios de remesas mientras perciba dicha ayuda. Cualquier violación podría acarrear multas civiles de hasta 100,000 dólares, según el texto legal.
El proyecto ordena además a las agencias federales responsables de los programas de asistencia —incluidos los que entregan ayuda en efectivo— verificar el cumplimiento de la restricción tanto en la solicitud inicial como en cada renovación. Los beneficiarios deberán certificar, bajo pena de perjurio, que no están utilizando servicios de envío de dinero durante el periodo en que reciben apoyo gubernamental.
“Durante décadas, el fallido programa de asistencia social de Washington premió la dependencia, al tiempo que permitió que estafadores y delincuentes explotaran el sistema para aprovecharse de los contribuyentes estadounidenses”, declaró Moreno a Fox News.
“Si una persona tiene suficiente dinero para enviar dinero al extranjero, no tiene por qué arrebatarle las prestaciones sociales a los estadounidenses trabajadores. El abuso termina ahora”, añadió.
Las remesas —comunes entre comunidades inmigrantes— se han convertido en objeto de creciente escrutinio, especialmente tras el escándalo de fraude en Minnesota relacionado con programas de ayuda, un caso que involucró mayoritariamente a miembros de la comunidad somalí y que atrajo atención nacional.
Aunque la mayoría de las remesas provienen de ingresos laborales, críticos señalan que existe escasa visibilidad sobre si algunas se financian con fondos de programas públicos, especialmente aquellos que depositan dinero directamente en cuentas personales. Debido a que salarios y beneficios suelen concentrarse en las mismas cuentas bancarias, determinar el origen de las transferencias resulta complejo.
En un artículo de opinión publicado también en Fox News, Ammon Blair, investigador de la Fundación de Políticas Públicas de Texas, subrayó que el fenómeno debe analizarse por sus efectos acumulativos.
“Ningún inmigrante individual constituye un acto de agresión… Pero cuando la migración masiva y los flujos financieros alcanzan una escala industrial y persisten en el tiempo, pueden imponer verdaderas presiones estratégicas sobre las naciones anfitrionas”, escribió.
Blair destacó que Estados Unidos es la mayor fuente mundial de remesas, con salidas estimadas entre 80,000 y 90,000 millones de dólares anuales, de acuerdo con datos del Banco Mundial, el FMI y la Reserva Federal.
Estas cifras, dijo, demuestran que ciertos países dependen críticamente de esos flujos. Somalia, por ejemplo, recibió en 2024 un monto equivalente al 25% de su PIB en remesas.
“A esta escala, las remesas se convierten en pilares macroeconómicos”, explicó Blair, argumentando que algunos gobiernos tienen pocos incentivos para facilitar el retorno de sus ciudadanos en Estados Unidos —incluidos quienes están en situación irregular— por temor a perder una fuente importante de ingresos y enfrentar tensiones fiscales internas.
La propuesta de Moreno abre un nuevo capítulo en el debate migratorio y de asistencia social, especialmente en estados con grandes poblaciones inmigrantes, como Florida.
El proyecto aún debe pasar por comisión y enfrentar deliberaciones en un Senado políticamente dividido, pero ya genera reacciones intensas entre defensores de derechos migratorios, líderes comunitarios y legisladores republicanos que buscan una mayor fiscalización del gasto público.
FUENTE: Con información de Fox News
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