A diferencia de los juicios penales, el gobierno no está obligado a proporcionar un defensor público en los tribunales de inmigración
Un oficial de ICE monitorea un centro de detención en Buffalo, Nueva York.
ICE/GOVMIAMI.- Cuando un inmigrante es detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la ley estadounidense le reconoce el derecho a ser asistido por un abogado durante su proceso. No obstante, a diferencia de los juicios penales, el gobierno no está obligado a proporcionar un defensor público en los tribunales de inmigración.
Esto significa que los migrantes deben cubrir los honorarios legales de su propio bolsillo o recurrir a organizaciones sin fines de lucro y redes de abogados pro bono, que ofrecen representación gratuita o de bajo costo.
De acuerdo con expertos en derechos migratorios, esta diferencia coloca a muchos extranjeros en desventaja, ya que los procesos migratorios son complejos y determinan asuntos cruciales como la deportación o la permanencia legal en Estados Unidos.
Además del derecho a un abogado, los migrantes detenidos tienen otras garantías, como el derecho a guardar silencio, a comunicarse con su consulado y a solicitar una audiencia ante un juez de inmigración, salvo en casos de deportación expedita.
Estudios recientes del Consejo Americano de Inmigración señalan que los inmigrantes que cuentan con representación legal tienen hasta cinco veces más probabilidades de obtener un resultado favorable en su caso en comparación con aquellos que se presentan sin abogado. Solo un 2% de los migrantes sin abogado logra obtener alivio legal frente a un juez, frente a más del 30% de quienes cuentan con defensa.
En respuesta a esta brecha, varias ciudades y estados, como Nueva York, San Francisco y Chicago, han creado fondos de defensa legal para inmigrantes, destinando recursos públicos a organizaciones que ofrecen representación gratuita. No obstante, estas iniciativas dependen de decisiones locales y no están disponibles en todo el país, de acuerdo con el Foro de Inmigración.
Organizaciones especializadas en derechos de los inmigrantes recomiendan a quienes enfrenten un proceso de detención migratoria tener en cuenta los siguientes pasos:
Conocer y ejercer el derecho a un abogado: aunque ICE no provea uno gratuitamente, todo migrante puede contratar un abogado o pedir apoyo a organizaciones de asistencia legal. Entre las más reconocidas están el National Immigration Justice Center (NIJC), RAICES y Immigration Legal Resource Center (ILRC) (ILRC).
Permanecer en silencio y no firmar documentos apresuradamente: según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), los migrantes tienen derecho a no responder preguntas sobre su estatus migratorio y a no firmar órdenes de deportación voluntaria sin asesoría legal (ACLU).
Solicitar comunicarse con su consulado: el derecho a contactar al consulado del país de origen está garantizado por la ley y puede ser clave para acceder a apoyo legal o logístico.
Tener a mano información de emergencia: expertos en defensa migratoria aconsejan memorizar el número de un familiar, de un abogado de confianza o de líneas de ayuda legal, ya que los teléfonos en los centros de detención suelen estar restringidos.
Reunir documentos y pruebas: es fundamental conservar y presentar documentos como pasaporte, identificaciones, partidas de nacimiento de hijos nacidos en EEUU y cualquier evidencia de arraigo (contratos de arrendamiento, pagos de impuestos, recibos de empleo). Estos elementos pueden ser decisivos en la audiencia ante un juez, asegura el Centro Nacional de Derecho de Inmigración.
Buscar apoyo en fondos locales de defensa: en ciudades como Nueva York, San Francisco o Long Beach, existen programas que financian la defensa legal gratuita de inmigrantes detenidos. Verificar la existencia de estos recursos locales puede marcar la diferencia en el resultado del caso, aconseja el Foro de Inmigración.
FUENTE: Con información de Departamento de Justicia / Foro de Inmigración / Consejo Americano de Inmigración
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