La fotografía: cuatro líderes políticos, como niños pequeños, a la caza de un titular de prensa -los tradicionales y los de nuevo cuño regenerativo-, ajenos al mandato que la ciudadanía les ha exigido con su voto, y desacreditados por su afán de servir a intereses partidistas en detrimento del interés general. La realidad: un volumen de deuda del Estado demasiado elevado, una desaceleración económica y una crisis política e institucional de difícil solución y de consecuencias sociales imprevisibles.

Lamentablemente, ese es el triste escenario en el que zozobra la clase política y las instituciones españolas, donde todos los partidos se menosprecian entre ellos, sin importarles demasiado las preocupaciones reales de la sociedad que dicen representar.

Quince semanas después de las elecciones del 20-D, tras los mensajes vanamente optimistas que han venido hilvanado los candidatos a la Moncloa, la falta de acuerdo entre los partidos más votados confirma que en España prevalece la confrontación política por encima del consenso y de la voluntad de formar Gobierno.

Con el agravante de que el negro horizonte que se dibuja y el malestar creciente en la calle que vienen reflejando las encuestas contribuyen a aumentar la sensación de una nueva convocatoria de elecciones. España debe despejar cuanto antes esta incertidumbre. Sólo así podría frenar una hemorragia institucional que amenaza con fragmentarla.

El deterioro de la credibilidad de la clase política no puede ser ajeno a la inercia de los partidos tradicionales, con posiciones egoístamente calculadas, y al oportunismo de las fuerzas políticas populistas y radicales de sembrar dudas sobre las instituciones democráticas, lo que supone una perversión de las normas constitucionales y un asedio finamente orquestado a la posibilidad de avanzar hacia la gobernabilidad.

Esta tendencia, cada vez más generalizada, delata una falta de integridad de los propios dirigentes, incapaces de mantener actitudes coherentes con los principios y las posiciones que defienden. Un recurso propio de políticos mediocres y de organizaciones populistas. No de partidos serios y comprometidos con la tarea de gobernar.

España está en una situación de emergencia económica y al Estado le hacen falta urgentemente acuerdos de responsabilidad. Por eso, no es de recibo que los líderes políticos presidenciables, perseveren en el electoralismo y la demagogia.

Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera, que han dado sobradas muestras de no estar preparados para la negociación entre partidos, tienen que ser conscientes de que España tiene una economía tutelada, que está obligada a dar cuenta en Europa de todas sus perspectivas económicas y que estas ligerezas no generan confianza. No se trata sólo de garantizar la investidura, sino de sentar las bases para articular un proyecto político compartido y detallado para hacer frente a la gravedad de la situación. Las circunstancias así lo demandan y su compromiso como aspirantes a representar el Poder Ejecutivo así lo exige.

Frente a esa realidad, los ciudadanos quieren con urgencia que se consensúen las políticas y que los partidos dejen a un lado las pugnas ideológicas o preelectorales. Para ello es necesario, por lo tanto, que cada líder no utilice las cuentas pendientes del pasado y los impuestos ideológicos para bloquear la investidura de un Gobierno estable y de futuro.

Si para ello es necesario asistir a un pacto entre fuerzas con diferente color ideológico (PP, PSOE y Ciudadanos), pero inequívocamente democráticas, constitucionalistas, proeuropeas y con afán de renovación, sea en buena hora. Es lo que pide el país.

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