A debate leyes que intentan regular redes sociales

Mucho se argumenta sobre si son leyes necesarias u oportunas. Sus detractores consideran que se trata de una reacción republicana a la cancelación de las cuentas del expresidente Donald Trump el pasado mes de enero.

Libertad de expresión en las redes

La primera de las propuestas es la “ley para suprimir la censura en las redes sociales” o HB-33, un complicado asunto si se tiene en cuenta que las redes sociales son dirigidas por firmas privadas.

La iniciativa plantea el carácter de “plaza pública” de algunas redes sociales y, por ello, pretende garantizar que los floridanos disfruten de su derecho al libre discurso religioso y político.

El proyecto, al definir “discurso de odio”, “hecho obsceno”, “discurso político” o “discurso religioso”, busca evitar interpretaciones unilaterales y el uso y abuso de los términos.

“Para que un sitio web pueda ser considerado red social”, además de permitir a los usuarios comunicarse entre sí a través de la publicación de información, comentarios, mensajes o imágenes, “debe ser abierto al público, tener más de 75 millones de suscriptores y desde sus inicios no puede haberse afiliado a una religión o partido político”.

El proyecto HB-33, patrocinado por el representante republicano Anthony Sabatini, de Lake County, apuesta por restringir el derecho de los operadores o dueños de las redes sociales a censurar o borrar los discursos políticos o religiosos de los usuarios que ellos consideren. Prohibe la utilización de algoritmos que perjudiquen o censuren los mencionados discursos, so pena de multa de 75.000 dólares en concepto de daños legales.

La iniciativa faculta al fiscal general del estado a presentar causa civil en nombre de un usuario residente de Florida, cuyo discurso religioso o político haya sido censurado por una red social.

Esto no quiere decir que en las redes sociales vale todo, la ley autorizaría a las compañías operadoras a utilizar sus algoritmos para desaprobar o censurar “aquellas manifestaciones que arenguen a cometer actos violentos inmediatos, tengan naturaleza obscena o pornográfica, o se publiquen por error operativo”.

Según el proyecto de ley, que tuvo sus primeras lecturas en comités de la Cámara de Representantes, las redes sociales sí se verían obligadas a censurar, por orden judicial, los actos de acoso a menores, los discursos provenientes de fuentes no auténticas o por suplantación de personalidad.

Entorno virtual y plaza pública

El HB-33 cuenta con el respaldo del gobernador Ron DeSantis, quien ha sido muy crítico con la actitud asumida por las redes sociales, sobre las que dijo que “antes representaron un instrumento de libertad para los estadounidenses, pero con el paso del tiempo han dejado a un lado la neutralidad, para convertirse en plataformas que ejercen el control en favor de su narrativa predilecta”.

El abogado Daniel Diaz-Balart afirmó que “la primera enmienda de la Constitución de EEUU solamente prohibe a entidades gubernamentales infringir o violar el derecho a la libre expresión”, no así a entidades privadas.

Sin embargo, reconoció que, “debido a la popularidad de las redes sociales, buena parte del diálogo o el debate, ya sea religioso, político o cultural, se realiza a través de estas plataformas”. Por lo que tendría mérito el argumento legal de que estas empresas tecnológicas funcionan como “plazas públicas” modernas, suficientemente dedicadas al uso público para expresar el libre pensamiento y que, como resultado, la libertad de expresión en estas plataformas debe disfrutar de una protección elevada”.

Sin duda, la expulsión de Donald Trump de la red social Twitter, cuando aún era presidente, evidencia que estas empresas tecnológicas, que son compañías privadas, escriben y ejecutan sus propias reglas y regulaciones, y son capaces de cerrar la cuenta, censurar la opinión, de cualquier individuo.

Datos personales: materia prima

La otra inquietud de los legisladores es el uso que dichas empresas hacen de los datos privados del público en general, información que va más allá del nombre y datos personales. Con la ayuda de complejos algoritmos, estas empresas obtienen una preciosa materia prima, que no solo les permite conocer detalles de los usuarios y vender su información, sino además predecir su comportamiento y manipularlo a voluntad para sacar beneficio.

Eso es lo que trata de evitar la propuesta HB 969, impulsada por la representante republicana Fiona Mc Farland, de Sarasota. Para ello requiere que las empresas tecnológicas notifiquen a los consumidores sobre sus prácticas de recopilación y venta de datos.

El proyecto da la potestad al consumidor de excluirse de la venta o el intercambio de sus datos. Y le otorga el derecho a pedir que ciertos datos personales sean divulgados, borrados o corregidos.

Según Mc Farland, “cuando interactuamos en un sitio web, vamos dejando tesoros de información personal”.

Como reconoce la socióloga y profesora de Harvard Business School Shoshna Zuboff, en su libro La era del capitalismo de vigilancia, “estamos sometidos a un nuevo régimen. Nuestras vidas son objeto de un concienzudo saqueo en busca de datos conductuales en beneficio de otro [las empresas]”.

La iniciativa legal impulsada por los legisladores republicanos revisa la definición de información personal para incluir en ella nuevas especificidades. Requiere que los negocios que colecten y vendan los datos personales de los consumidores tengan que divulgar sus prácticas antes o en el momento de la recolección.

Por ello protege que no se puedan vender o intercambiar datos personales de los clientes como el nombre, los apellidos, la dirección de email, los números de seguridad social, sus contraseñas, su historia clínica, condición mental o física, los tratamientos médicos o diagnósticos, las búsquedas en internet, los lugares que visita o sus datos biométricos.

¿Quién amenaza la libertad de expresión?

Cuando se crearon las leyes existentes, la mayor amenaza a la libertad individual emanaba del gran poder del Estado. A tal efecto, se concibieron leyes para limitarlo. Sin embargo, advierte Zuboff, las grandes tecnológicas han logrado limitar nuestras libertades.

“Muchos siglos imaginándonos que la amenaza tenía la forma del poder del Estado y eso nos dejó totalmente desarmados para defendernos de unas compañías totalmente nuevas, con nombres imaginativos, dirigidas por unos jóvenes genios que parecían capaces de proporcionarnos exactamente lo que anhelábamos a un precio muy bajo o nulo”.

El pasado mes de julio, los presidentes de Amazon, Facebook, Google y Apple testificaron ante el Congreso nacional y, entre muchas otras cuestiones, se les preguntó sobre las prácticas que estas leyes de Florida tratan de limitar.

En esa ocasión, la representante demócrata Val Demings sostuvo que “Google vigila a los estadounidenses, pero, como tiene una posición hegemónica, a los usuarios no les queda más remedio que resignarse”.

Límite a divulgación de información personal

Por último, la tercera propuesta de ley, llamada HB791, regula el manejo de información entre determinados departamentos legales y agencias policiales durante investigaciones llevadas a cabo por estos, con la excepción de aquellas que sean de necesidad pública. Precisa que, una vez terminada la investigación, la información privada manejada deberá permanecer confidencial, y establece que no se divulgue información personal, reportes forenses de una computadora, datos que revelen las debilidades de seguridad de los archivos de los negocios o cualquier información considerada propiedad de un negocio determinado, incluidos sus secretos comerciales.

Nuevo entorno, nuevas leyes

De esta manera, se plantea el objetivo de ‘garantizar la calidad de la democracia’. La propia presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que no tiene que ver con la política en Florida, el pasado mes de enero, en el Foro de Davos, sostuvo que “no podemos aceptar que decisiones que tienen un impacto profundo en nuestra democracia sean tomadas por programas informáticos [los algoritmos]”.

La funcionaria europea también hizo referencia al bloqueo de la cuenta del expresidente Donald Trump en Twitter y añadió que “tales interferencias en la libertad de expresión no pueden basarse solamente en reglas internas de una empresa. A tal efecto, es necesario crear reglas y leyes”.

Al parecer, esto es lo que se han propuesto los legisladores en Tallahassee.

Zuboff nos advierte en el mencionado libro: “A falta de una respuesta social decisiva que restrinja o ilegalice esta lógica de acumulación [de datos], el capitalismo de la vigilancia parece estar en una inmejorable posición para convertirse en la forma de capitalismo dominante en nuestro tiempo”.

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