La jurista valoró el fallo dividido del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito y anticipó que la disputa terminaría en la Corte Suprema. La decisión rige en Florida, Georgia y Alabama
Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
ICE/GovMIAMI.- La abogada de inmigración Isadora Velázquez calificó como un precedente decisivo el fallo del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito que declaró ilegal la detención obligatoria y sin fianza de inmigrantes arrestados dentro de Estados Unidos, y advirtió que la división entre cortes federales hace inevitable que la Corte Suprema deba pronunciarse sobre la política aplicada por el gobierno federal.
La decisión, adoptada por 2-1, rigiría en Florida, Georgia y Alabama, y restablece el derecho de los inmigrantes detenidos lejos de la frontera a comparecer ante un juez para solicitar su libertad bajo fianza.
Velázquez situó el alcance territorial e institucional del pronunciamiento. “La corte en el circuito 11, localizada en Atlanta, que también incluye el estado de la Florida, ha sido la última corte que nos da una decisión en cuanto a la detención mandatoria de inmigrantes, dejándonos saber que no considera que dicha detención sea legal”, enfatizó la jurista.
La abogada subrayó el carácter dividido del fallo y la trayectoria que augura para el litigio. “Esta decisión fue dividida, no fue una decisión unánime, con un juez que estuvo en desacuerdo. También dándonos a entender que es muy probable que este tipo de decisiones vaya a la Corte Suprema, ya que por mucho tiempo hemos tenido cortes divididas”, expresó.
Velázquez explicó que durante meses los litigantes recurrieron a precedentes de otra jurisdicción para obtener la liberación de personas que ya tenían arraigo en el país.
“Por cierto tiempo hemos estado utilizando decisiones del distrito noveno localizado en California para lograr que personas que hayan entrado por la frontera de manera irregular pudieran tener libertad, ya que de momento la administración Trump empezó a detener personas que llevaban mucho tiempo aquí en los Estados Unidos y no les daba el privilegio de poder tener una libertad bajo fianza, algo que nunca había ocurrido”, sostuvo.
Para la jurista, el fallo establece un mensaje claro sobre los límites del Ejecutivo en materia migratoria, aunque la última palabra dependerá del máximo tribunal.
“Esto es muy probable que la Corte Suprema tenga que escucharlos, pero por el momento la corte en el circuito 11 ha dado a entender que esto no es legal, que las personas no pueden ser detenidas de manera indefinida sin tener el derecho a una fianza”, afirmó.
Velázquez recordó que la disputa entre tribunales federales obliga a una intervención del máximo tribunal del país. “Veremos si la Corte Suprema lo escucha, pero por el momento tenemos circuitos divididos y es algo que la Corte Suprema debería decidir”, concluyó.
El fallo, emitido en el caso Hernández Álvarez contra el Alcaide del Centro Federal de Detención de Miami (No. 25-14065), distingue entre dos disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
La Sección 1225(b)(2)(A) impone la detención sin fianza a quienes solicitan admisión en la frontera; la Sección 1226(a) otorga a los inmigrantes ya presentes en el territorio el derecho a pedir libertad bajo fianza ante un juez.
El panel concluyó que el Gobierno trató de fundir ambas categorías para detener sin fianza a cualquier persona sin estatus legal, sin importar cuánto tiempo llevara en el país.
La sentencia fue redactada por el juez Stanley Marcus, designado por Bill Clinton, y suscrito por la jueza Robin Rosenbaum, nominada por Barack Obama. La jueza Bárbara Lagoa, designada por Trump, emitió un voto disidente: “Los circuitos Quinto y Octavo no están de acuerdo. Yo tampoco. Respetuosamente disiento”.
El litigio surgió de los arrestos de Fidencio Hernández Álvarez e Ismael Cerro Pérez, dos ciudadanos mexicanos detenidos en paradas de tráfico en Florida en septiembre de 2025. Ambos son padres de hijos estadounidenses y vivían en el país desde hace varios años.
Las autoridades les negaron la audiencia de fianza al amparo de una directriz emitida el 8 de julio de 2025 por Todd M. Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que clasificó como solicitantes de admisión a todos los inmigrantes que ingresaron sin inspección.
El Departamento de Seguridad Nacional manifestó su rechazo a la decisión. Un portavoz de la agencia afirmó que el gobierno “discrepa firmemente con el panel del Undécimo Circuito y mantiene la confianza en su posición jurídica sobre la detención obligatoria”.
En el sur de Florida, los arrestos de cubanos por parte de ICE crecieron 463% entre octubre de 2024 y enero de 2026, periodo en el que la agencia mantenía detenidos a 1.152 ciudadanos de la isla.
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