Entre 2015 y 2026, el sistema de justicia venezolano ha sido responsable de la muerte de al menos tres presos políticos por cada año de Gobierno, según una revisión exhaustiva realizada por el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales. En total, 30 ciudadanos detenidos por razones políticas han perdido la vida bajo custodia del Estado durante este período.
El Comité señala que estas muertes son consecuencia directa de torturas, desatención médica, tratos crueles y deterioro progresivo inducido, lo que configura un patrón sistemático de eliminación de personas por motivos políticos. La responsabilidad recae en la dictadura de Nicolás Maduro, Los Rodríguez y las estructuras mafiosas que han controlado el aparato estatal durante más de una década.
El caso que reactivó las alarmas
El reciente asesinato de Víctor Hugo Quero Navas y la tortura infligida a su madre han reavivado la denuncia sobre los crímenes cometidos en los centros de reclusión venezolanos. El Comité advierte que estos hechos no son aislados: “Lo ocurrido con Quero Navas evidencia que el riesgo sigue vigente para todos los detenidos en el país.”
A esto se suman las muertes recientes de presos sociales, personas que no debieron morir bajo custodia y que requerían rehabilitación, no castigo letal.
Revisión caso por caso
El Comité realizó una verificación detallada de los reportes disponibles. Algunos casos fueron descartados por no corresponder a detenciones políticas, como el de Nelson Girón Jiménez, en Apure, cuya muerte —aunque producto de la violencia estatal— no se originó por motivaciones políticas.
Sin embargo, la organización advierte que el sistema penitenciario venezolano es, en sí mismo, un mecanismo de muerte, lo que incrementa de manera alarmante las cifras de fallecidos bajo custodia.
Casos confusos, patrón evidente
Existen situaciones donde la motivación política se mezcla con acusaciones penales, lo que dificulta la clasificación, pero no oculta el patrón represivo. Entre ellos:
-
Modesto Díaz, fallecido en El Helicoide, presuntamente vinculado al tráfico de armas, aun siendo chavista.
Asdrúbal Santana, acusado de contrabando de gasolina, pero encarcelado y torturado principalmente por su condición de opositor.
Estos casos reflejan cómo el sistema judicial utiliza acusaciones penales como fachada para la persecución política, una práctica que también afecta a los más de 600 presos políticos que continúan en centros de tortura y reclusión.
Un informe para la memoria y la no repetición
El Comité presenta una lista ordenada de los presos políticos asesinados, con nombres, fechas y circunstancias, como un aporte a la memoria histórica y a los expedientes internacionales que documentan crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“Este es un trabajo para la memoria. Un trabajo para la no repetición. Pedimos su máxima difusión y convocamos a los organismos internacionales a incorporar esta información en los procesos contra los responsables de tantos años de horror.”
FUENTE: Con información de REDES