La Policía arrestó a los acusados.
PIXABAYMIAMI.- La fiscalía federal del distrito sur de Florida acusa formalmente a una supuesta consultora de inmigración, que habría ayudado a extranjeros a obtener la residencia permanente en el país al facilitar ‘relaciones’ y después matrimonios con mujeres de origen cubano que residen en Miami.
Acorde con el informe de la fiscalía, Yamira Sánchez, de 47 años, está acusada de “conspiración para cometer fraude matrimonial” y cinco imputaciones por “alentar ilegalmente a un extranjero a residir en los Estados Unidos”.
La fiscalía federal informa que Sánchez es propietaria de de Immigration Consultant and Immigration Corp., con sede en Miami, una firma de consejería sobre inmigración que ofrece además otros servicios al público.
Según su página en Facebook, Sánchez asiste en asuntos como “peticiones familiares, residencias, ciudadanía, permisos de trabajo, corporaciones, declaraciones juradas, matrimonios y divorcios”.
El informe de la fiscalía argumenta que Sánchez y sus presuntos cómplices organizaban “matrimonios fraudulentos entre hombres de Italia sin estatus legal en EEUU y mujeres de origen cubano que inmigraron al país y obtuvieron estatus legal aquí como ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes.
Los hombres habrían pagados miles de dólares para casarse con una de las mujeres que Sánchez y otras personas reclutaban, lo que permitiría a los hombres obtener su residencia permanente en Estados Unidos.
Sánchez, a través de su empresa, preparó, certificó ante notario y presentó los documentos necesarios de matrimonio para solicitar la aprobación de la autoridad de Inmigración y el subsiguiente documento de permanencia permanente en el país.
Como parte de la imputación, cinco hombres y cinco mujeres, relacionadas con los matrimonios fraudulentos, fueron detenidos y formalmente acusados de conspiración y fraude matrimonial.
Todos fueron liberados bajo fianza y aguardan por la realización del juicio.
En el caso de Sánchez, la acusada podría ser condenada a 10 años de cárcel y una multa de 250.000 dólares, los hombres despojados de la documentación y multados y las mujeres podrían enfrentar tres años de cárcel y multas, acorde a los estatutos federales.
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