La Corte Suprema de la Florida ratificó el martes la decisión de la Corte de Apelaciones del Primer Distrito del estado a favor de una demanda del Sindicato de la Policía del Condado Miami-Dade contra el alcalde Carlos Giménez por extralimitarse en sus funciones.
La demanda del sindicato tuvo lugar cuando Giménez se negó a devolverles a los empleados del Condado el 5% de sus beneficios de salud y vetó un acuerdo de la Comisión del Condado para que los fondos fueran restituidos.
La Comisión de Miami-Dade votó a favor de devolver el 5% en diciembre de 2013, durante una audiencia de mediación (llamada en inglés impasse hearing) para tratar de resolver la disputa que había entre siete organizaciones sindicales del Condado y el alcalde. Las dos partes no se habían puesto de acuerdo en el pedido de los sindicatos de que les fuera devuelto el 5% que tenían que pagar de más para el plan de salud de los empleados.
Esta concesión por parte de los trabajadores del condado se dio en medio de la crisis inmobiliaria que golpeó al sur de la Florida y que impactó el valor de las propiedades, lo que redujo, en ingresos por impuestos, los recursos del Condado y de los municipios.
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Tras la votación de ocho comisionados a favor y tres en contra, el alcalde Giménez no pudo imponer su idea de no regresarles a los empleados del Condado unas concesiones que, según los sindicatos, se hicieron con la condición de que fueran revertidas cuando las condiciones económicas mejoraran.
En ese momento, Giménez amenazó con despidos de empleados y de reducción de la fuerza policial porque, según el edil, la votación de los comisionados ahondaba el déficit fiscal. Por esa razón, Giménez vetó la decisión de los comisionados quienes, a su vez, levantaron dicho veto en una intensa sesión en el mes de febrero de 2014.
Duro enfrentamiento
El PBA (Sindicato de la Policía del Condado Miami-Dade) ha sido una de las organizaciones que ha estado enfrentada de manera radical con el alcalde Giménez. En el momento en que éste vetó la decisión de la Comisión, el sindicato decidió quejarse ante la Comisión de Relaciones de Empleados Públicos (PERC, por sus siglas en inglés) por prácticas injustas contra los empleados.
“PERC decidió que el alcalde estaba negociando de mala fe. Después, el caso fue a la Corte de Apelaciones del Primer Distrito y ésta dictaminó que el alcalde no tenía la potestad de vetar las decisiones de los comisionados en una audiencia de mediación. Eso era ilegal y desbordaba las facultades del alcalde”, afirmó Blanca Torrents Greenwood, directora ejecutiva del PBA.
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Después de la decisión de la Corte Suprema de la Florida, la administración del Condado está consultando con los abogados de PERC para saber qué medidas tomará. Según Torrents Greenwood, la decisión de la Corte Suprema de no revisar el fallo de la corte de apelaciones “va a tener consecuencias económicas. Y ahora los que van a pagar son los contribuyentes. Ese dinero que se les quitó a los empleados hay que devolvérselos. Estamos hablando de cerca de 10 millones de dólares solo a los empleados del PBA”.
Sin embargo, esto podría impactar a los demás sindicatos que estuvieron en las audiencias de mediación, si deciden seguir los pasos del PBA. “Nosotros llevamos el caso a la Corte, pero la decisión va a tener implicaciones para todo el mundo. En términos legales los otros sindicatos podrían hacer lo mismo”, advirtió la directora ejecutiva del Sindicato de la Policía. “Lo mismo” significaría pedir que se les devuelva el dinero equivalente al 4% que se les quitó durante 10 meses.
“Eso fue dinero robado, porque se quitó de manera ilegal”, subrayó Torrents Greenwood.
Mike Hernández, director de comunicaciones del Condado Miami-Dade, aseguró a DIARIO LAS AMÉRICAS que están analizando la decisión de la Corte Suprema y que en las próximas horas el alcalde Giménez hará una declaración oficial.
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