Alcaldesa de Hialeah multada por reformar su casa sin permiso legal

García-Roves, designada al cargo en abril por el exalcalde Esteban Bovo y ahora en campaña electoral para retener su mandato, niega haber sido notificada de violación alguna y asegura que “se comporta como cualquier residente”, dejando que el Departamento de Cumplimiento de Códigos de la ciudad haga su trabajo sin interferencias.

Ante los ojos de todos

El pasado 14 de octubre, la reunión regular del Concejo de la ciudad dio un giro inesperado cuando una residente de Hialeah llamada Juana Guerra solicitó la palabra para dirigirse directamente a la alcaldesa interina García-Roves a quien le espetó las siguientes palabras: “Usted no tiene cultura ni experiencia. Me dijeron que no terminó la secundaria. Nunca ha trabajado y aceptó un puesto para el que no está calificada…Ha hecho adiciones en su casa sin solicitar permisos. Usted tiene que pagar primero lo que le debe a la ciudad, antes de hacer campaña”.

La acusación tomó un tono más alarmante cuando el concejal Carl Zogby, respaldó públicamente la denuncia, pidiendo una investigación formal: “Nadie está por encima de la ley. Si la alcaldesa ha hecho construcciones sin permiso, el Departamento de códigos tiene la obligación de investigarlo. Es una vergüenza que quien debe dar el ejemplo esté bajo sospecha. No vamos a barrer debajo de la alfombra con este asunto”, dijo el concejal.

Con esos indicios, DIARIO LAS AMERICAS, solicitó al secretario de la ciudad toda la información pública relacionada con el tema.

Obras sin permiso y posible subdeclaración fiscal

Los récords públicos señalan que, el 7 de octubre de 2025, un ciudadano identificado como Ernesto Martín remitió un correo formal al Departamento de Código de la Ciudad de Hialeah denunciando presuntas reformas ilegales en la propiedad de la alcaldesa.

Según el denunciante, la vivienda, que figura en los registros del tasador del condado con 935 pies cuadrados, tres habitaciones y un baño, habría sido ampliada hasta duplicar su tamaño real mediante adiciones traseras, cercas, columnas decorativas y un re-techado completo sin la debida autorización municipal.

La queja, enviada con fotografías y comparaciones satelitales, también apuntó a una posible subdeclaración fiscal, ya que, si la propiedad tiene más área construida de la declarada, pagaría menos impuestos de los que corresponderían a su valor real.

En palabras del denunciante, “la vivienda no puede albergar a seis personas con un solo baño en 935 pies cuadrados; la estructura visible es mucho mayor”.

Expediente activo

Los documentos muestran que nueve días después de la denuncia, el 16 de octubre, la Ciudad de Hialeah abrió el expediente BWOP-004591-2025, bajo la categoría “Building Without a Permit”, confirmando que se realizó una inspección de campo en la dirección denunciada.

El informe, elaborado por el inspector Onasis O. Sánchez, determina una violación al -código- Florida Building Code, sección 105.1, que establece la obligación de obtener permiso antes de construir o modificar cualquier estructura.

El expediente describe los trabajos observados como “Addition, Awning, Re-roof, Fence/Columns” —una adición estructural, un toldo o pérgola, un re-techado y la instalación de cercas o columnas—, y fija una multa de 250 dólares, además de la obligación de legalizar los trabajos o retirarlos antes del 26 de enero de 2026.

La evidencia incluye fotografías tomadas el día de la inspección, en las que se aprecian columnas revestidas en piedra, portones metálicos blancos, un nuevo techo y un toldo sobre el área de estacionamiento.

En los registros oficiales, el caso aparece con estatus “In Violation”, es decir en violación. Hasta la fecha, no se registra pago de la multa ni trámite de permisos “after the fact”, los que permitirían legalizar obras ya ejecutadas.

Alcaldesa bajo escrutinio

García-Roves fue designada alcaldesa interina de Hialeah en abril de 2025, luego de la renuncia de Esteban Bovo que dejó el cargo como alcalde para irse a Washington a desempeñarse como lobista.

Desde su llegada al cargo, García-Roves ha intentado proyectar una imagen de continuidad institucional y transparencia. Pero la denuncia y la apertura del expediente coinciden con el tramo final de su campaña electoral, lo que añade un tono político a un asunto inicialmente administrativo.

“Todo esto surge porque estamos en tiempo de campaña”, dijo la alcaldesa durante una entrevista exclusiva concedida a DIARIO LAS AMERICAS. “No me creo por encima de la ley. He dejado que el Departamento de Código haga su trabajo, como lo hace con cualquier residente”.

La funcionaria aseguró que, a la fecha de la entrevista, no había recibido la notificación oficial de violación y que, de confirmarse, se haría responsable. “Cuando llegue, actuaré como cualquier ciudadano. Yo no he interferido con el proceso ni he pedido trato especial”, señaló.

Un toldo “temporal” y una herencia familiar

Consultada sobre las modificaciones visibles en su vivienda, García-Roves sostiene que la propiedad no ha cambiado en su estructura esencial desde 1985, cuando su padre, Bernardo García-Roves, la compró.

“Desde que tengo uso de razón, la casa siempre ha sido igual”, afirmó. “Mi padre era quien se encargaba de todo. Cuando él falleció en 2019, yo asumí la propiedad, removí a mi madre del título y seguí viviendo allí con mi esposo y mis hijos”, detalló.

Sin embargo, los registros y las imágenes de Google Maps muestran que las transformaciones en la fachada y el frente de la vivienda —como la remodelación del muro y el toldo de estacionamiento— aparecen después de 2020, cuando su padre ya había fallecido, la propiedad estaba bajo su titularidad y para esa fecha, ella era miembro del Concejo de Hialeah.

Ante la evidencia, la alcaldesa explicó que el toldo o techo para cubrir el bote es “temporal, de lona, no permanente” y que fue instalado por su esposo tras retirar un viejo techo de aluminio. Sobre la reja frontal, reconoció que había algunos cambios, pero afirmó no recordar quién contrató el trabajo.

“El constructor es quien debe pedir el permiso”, afirmó.

Cuando se le preguntó si se había solicitado ese permiso, respondió. “Eso es lo que voy a saber ahora, porque los contratistas son los que saben”. Y añadió: “Yo no he contratado a nadie; quizás lo hizo mi esposo”.

El dilema ético: el alcalde vs. su propio Departamento de inspección

En el sistema de gobierno municipal de Hialeah, el alcalde es el jefe administrativo de la ciudad, lo que implica que se le subordinan todos los departamentos, incluido el Departamento de Cumplimiento de Códigos, la misma dependencia que investiga la vivienda de García-Roves.

La alcaldesa, sin embargo, niega la existencia de un conflicto de interés.

“El alcalde no lleva las investigaciones; los inspectores salen a hacer su trabajo. Yo no tengo por qué interferir. Ellos pasaron por mi casa, tiraron fotos y ya. Yo no soy mejor que ningún residente”, sostuvo.

Durante la entrevista, la alcaldesa enfatizó que ha evitado pedir información privilegiada o acelerar trámites: “Si yo pidiera que me entregaran la multa rápido, dirían que estoy abusando de poder. Prefiero que las cosas fluyan como para cualquier vecino”, insistió.

Los registros públicos y un viejo antecedente

Los documentos obtenidos por este diario confirman que en la dirección de la propiedad de la alcaldesa han existido al menos dos expedientes en la historia reciente de la ciudad.

El primero, 2013-00192, fue un caso de Código Municipal por estacionar un vehículo comercial (tractor Freightliner) en zona residencial. El propietario de la casa entonces era Bernardo García-Roves, padre de la actual alcaldesa. El caso concluyó en 2015, tras el retiro del vehículo, con una multa de 175 dólares y estado final “en cumplimiento”.

El segundo expediente, el BWOP-004591-2025, es el que hoy enfrenta la propiedad de la alcaldesa. El informe oficial detalla la infracción y fija el plazo de corrección hasta el 26 de enero de 2026.

Es decir, según los registros municipales, la propiedad está oficialmente en violación, aunque la alcaldesa aseguró que -en el momento de esta entrevista- aún no había recibido notificación en mano. Un dato que podría añadir otra polémica al asunto sobre el funcionamiento de la Ciudad: los récords públicos podrían haber sido compartidos primero con los medios, antes de informar a la propietaria de la vivienda afectada.

Comparación con los vecinos

Mientras la alcaldesa insiste en que su caso debe seguir “los tiempos administrativos”, otros vecinos como Germán Tejada residentes del área anexada, en la urbanización Bonterra (9382 W 33 Way), narran un trato mucho más inmediato por parte del mismo Departamento.

Germán relató que hace menos de un año instaló en su patio una pérgola de aluminio de 14 por 12 pies, aprobada por su asociación vecinal (HOA), y que pese a cumplir con los materiales exigidos por código, la Ciudad lo multó por no tener el debido permiso del ayuntamiento.

Ahora Tejada enfrenta un gran dilema, para legalizar su pérgola además de pagar la multa, debe contratar un arquitecto para que le haga los planos, tramitar el permiso y posiblemente un electricista titulado, lo que —sumado— eleva el costo a cerca de 5. 000 dólares, afirmó el vecino afectado. “No somos millonarios, si está bien hecha deberían legalizarlo”.

Según Tejada, “más de cien propietarios” en su comunidad recibieron sanciones similares, muchos, que habían tenido aprobación previa de la asociación para los trabajos realizados en sus propiedades. “Nos multaron a todos, aunque las pérgolas ni se ven desde la calle y están dentro del patio de cada uno, dentro de una urbanización privada”, dijo.

Otra vecina afectada, quien prefirió no revelar su nombre, indicó que la voracidad del Departamento de código no fue solo contra el centenar de residentes de Bonterra, “sucedió lo mismo con los vecinos en Aquabella y Aragón. Allí habrían multado a más de 300 propietarios”, aseguró.

El testimonio de estos residentes alimenta la percepción de que la Ciudad aplica rigurosamente el código a los vecinos, mientras la alcaldesa todavía espera su notificación sobre una infracción documentada con fotografías y que data de hace varios años.

Liderazgo, ejemplo y percepción pública

La controversia no solo plantea un asunto técnico sobre permisos o medidas, sino también un debate ético sobre liderazgo y ejemplo.

La alcaldesa ha basado su discurso de campaña en el mensaje de que “ella es una residente más” y que “está aquí para ayudar a la comunidad, … mis puertas están abiertas para cualquier pregunta que les surja”, no obstante, su caso pone bajo la lupa la coherencia entre el mensaje y la práctica.

“Cualquiera tiene derecho a denunciar si alguien no sigue la ley”, admitió García-Roves durante la conversación. “Yo también actuaré si se demuestra que algo está mal. Lo arreglaré y pagaré lo que tenga que pagar”.

Trasfondo político, campaña y desgaste

A tres semanas de las elecciones, la denuncia adquirió un tinte político inevitable. La alcaldesa aseguró que el denunciante está vinculado al equipo de un candidato rival, y que la acusación busca desgastar su imagen en plena campaña por la alcaldía.

“Estos ataques demuestran que mi campaña va mejor de lo que pienso”, dijo. “Pero yo no tengo nada que ocultar; si hay algo que corregir, se corregirá”, insistió.

Por su parte, Ernesto Martín, el ciudadano que presentó la denuncia formal ante el Departamento de Cumplimiento de Códigos, explicó a DIARIO LAS AMÉRICAS que su acción “no fue política, sino un acto de coherencia”. “Vivo en Hialeah y veo cómo a muchos residentes los multan por cercas, driveways o pérgolas, mientras la persona que dirige la ciudad parece no cumplir con las mismas reglas”, afirmó Martin, quien reconoció trabajar en la campaña del candidato Bryan Calvo. No obstante, Martín aseguró que su denuncia busca “defender la igualdad ante la ley” y exponer lo que considera una “doble moral”. Sostuvo que la investigación municipal “solo avanzó gracias a la presión pública y mediática” y se quejó de que, tras reportar las presuntas violaciones, nunca recibió respuesta del inspector asignado. “Aquí el gobierno no trabaja para la gente, trabaja para protegerse entre ellos”, argumentó. “Si un residente común tiene que pagar su multa, la alcaldesa también debe hacerlo. Nadie está por encima de la ley”, expresó coincidiendo con lo expresado por la edil.

Un silencio atronador

Durante la entrevista con García-Roves, hubo un momento que definió el tono del encuentro.

Cuando, con el propósito de que desmintiera las acusaciones, se le formuló a la alcaldesa una pregunta simple, si podía decir cuántas habitaciones existen actualmente su casa, la respuesta a la interrogante fue un largo silencio.