La División de Elecciones certificó que la propuesta no alcanzó el umbral de adhesiones requerido mientras los organizadores denuncian obstrucción administrativa
Marihuana de uso medicinal en Florida
PIXABAYMIAMI.- La iniciativa ciudadana destinada a legalizar el uso recreativo de cannabis en Florida quedó fuera de la boleta electoral de noviembre de 2026 después de que la División de Elecciones confirmó que el comité organizador no reunió el número de firmas verificadas exigido por la ley antes del plazo límite.
Las autoridades estatales notificaron el incumplimiento del requisito al contabilizar cerca de 784.000 rúbricas válidas, una cifra inferior a las casi 880.000 necesarias para someter la enmienda constitucional a votación popular.
El anuncio oficial representa un revés para los defensores de la medida, quienes buscaban un segundo intento tras el resultado desfavorable de la Enmienda 3 en 2024.
El fiscal general James Uthmeier y otros funcionarios de la administración del gobernador Ron DeSantis declararon “muerta” la propuesta y confirmó la apertura de decenas de investigaciones penales por presuntas falsificaciones en el proceso de recolección.
Para el oficialismo, la brecha de casi 100.000 adhesiones y el vencimiento de los plazos legales hacen inviable el avance procedimental de la medida hacia las urnas.
Este escrutinio forma parte de una política más estricta implementada por el gobierno republicano en Florida para endurecer los controles sobre las iniciativas ciudadanas bajo la premisa de proteger la integridad del sistema electoral.
Smart & Safe Florida, el grupo impulsor respaldado financieramente por la empresa Trulieve, calificó el anuncio gubernamental de prematuro y rechazó la versión oficial.
Los portavoces de la campaña aseguran haber presentado más de 1.4 millones de peticiones brutas y atribuyen el déficit a cambios de criterio y directrices de última hora por parte del Estado.
El comité organizador interpuso demandas contra el secretario de Estado, Cord Byrd, por supuestas irregularidades en el conteo.
Además, la defensa legal sostiene que la oficina electoral eliminó decenas de miles de firmas de forma arbitraria, como aquellas provenientes de votantes inactivos o recolectadas por personas con disputas de residencia.
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