El gobernador de la Florida, Rick Scott, buscó recortar los beneficios de desempleo e imponer nuevas condiciones para adquirirlos con el argumento de que desestimulaban la búsqueda activa de trabajo y volvían dependientes a las personas que recibían las supuestas dádivas del Gobierno.
Sin embargo, una investigación realizada por el Dr. Patrick Mason, profesor de economía y director del Centro de Estudios Afroamericanos de la Universidad Estatal de la Florida (FSU), ofrece una nueva perspectiva. Según este reporte, que fue publicado hace dos días, quienes ganan bajos salarios, pero trabajan 32 horas a la semana y 42 semanas al año, recibieron, en promedio, 11.400 millones de dólares en ayuda pública, entre 2010 y 2014.
“Aunque esta asistencia pública es vital para el bienestar de los trabajadores con bajos ingresos, la misma también subsidia las ganancias de las empresas”, puntualizó la investigación de Mason.
En otras palabras, varias de las compañías más grandes y rentables pagan bajos salarios y utilizan la asistencia pública para incrementar sus márgenes de ganancias, según lo demuestra el estudio. “La mitad de los empleados que ganan bajos salarios, trabajan en empresas de por lo menos 100 trabajadores y el 35% labora en empresas de por lo menos 1.000 trabajadores”, señaló el reporte. Según éste el 60% de los beneficios públicos -expresados en 10 programas que no incluyen el Medicaid- es recibido por los individuos o familias de bajos ingresos en la Florida.
Estos trabajadores incluso pueden laborar tiempo completo, pero lo que ganan y sus pocos o nulos beneficios no les permiten tener un nivel de vida aceptable. Por lo tanto, deben acudir a esos programas de asistencia (subsidios de alimentación y vivienda; apoyo a las madres con hijos menores de dos años, devolución de dinero de impuestos, desayuno gratis para los estudiantes, desde kinder hasta grado 12) para tener un estándar de vida aceptable.
Pero no siempre ha sido así, como lo dijo en entrevista para DIARIO LAS AMÉRICAS el profesor Mason: “Sí hubo alguna vez que los trabajadores ganaban lo suficiente para vivir, pero ha habido un paulatino declive en los salarios, ha sido un largo proceso que está sucediendo desde finales de la década de los setenta e inicios de la de los ochenta. En la medida en que los salarios se han deteriorado los trabajadores deben depender más de la ayuda pública”.
El llamado Estado del Sol tiene una fuerza de trabajo de 9.6 millones de empleados. Muchos de esos ciudadanos están inscritos en asistencia pública federal. De acuerdo con Mason, cerca del 12% de los floridanos recibe sellos de alimentación y el 10% de los niños recibe almuerzos gratis o a precios reducidos.
Por lo tanto, y como lo afirmó el reporte, “el trabajo de bajos ingresos impone unos costos públicos escondidos a todos los trabajadores, quienes, de manera colectiva, proveen los ingresos por impuestos para financiar la red de seguridad social utilizada por quienes reciben bajos salarios”.
Pero no siempre fue así, como acotó el investigador de la Universidad Estatal de la Florida. “Tuvimos un mejor crecimiento económico cuando los salarios eran más altos. En realidad, la situación fue mejor entre 1945 y 1979. Los sueldos más altos favorecen más el crecimiento económico porque hay una cantidad de consumidores más grande, que pueden comprar más productos y servicios”.
El remedio a esta situación parece sencilla pero, por lo menos en la Florida, aún no ha logrado consenso dentro del Congreso estatal: subir los salarios.
Otra solución que planteó el profesor Mason - y que tendría que pasar por Tallahassee- es que las empresas le paguen al estado de la Florida una cantidad de dinero por el número de horas, en cada trimestre, que utiliza a un trabajador de bajos ingresos. Esto cubriría los costos de la asistencia pública recibida por sus empleados. Según los cálculos, si un empleador aporta $2.72 por cada hora trabajada por un empleado con bajo salario, se cubrirían los 11.600 millones de dólares que emplea la Florida en asistencia pública para esos trabajadores.
“Esta es una reflexión sobre que nuestros trabajadores están sin ninguna clase de protección dentro del proceso político, y algunos tratados comerciales los están poniendo a competir con los de países que ganan salarios muchos más bajos”, enfatizó Mason.
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