El comité selecto de la Cámara, presidido por el republicano Mike Redondo, sostuvo su primera reunión centrada en los fundamentos legales del proceso, mientras aguarda un fallo clave de la Corte Suprema de EEUU que podría redefinir el mapa político estatal
Mike Redondo, presidente del Comité Selecto sobre Redistribución de Distritos del Congreso de Florida.
MIAMI.— La Cámara de Representantes de Florida abrió su proceso formal para evaluar la necesidad de rediseñar el mapa de distritos congresionales, una revisión a mitad de década impulsada por cambios legales estatales recientes y por el creciente debate nacional sobre la redistribución electoral.
En la primera reunión del Comité Selecto sobre Redistribución de Distritos del Congreso, su presidente, el representante republicano Mike Redondo, de Miami-Dade, ofreció una sesión inicial de carácter educativo destinada a explicar el marco constitucional, los antecedentes judiciales y las herramientas con las que trabajarán los legisladores.
Redondo agradeció la confianza del presidente de la Cámara, Daniel Pérez, y subrayó la relevancia del proceso: “La redistribución es un asunto que afecta a todos los floridanos y es vital para el funcionamiento de nuestra república constitucional”, afirmó.
El representante republicano dijo que el Comité fue creado para estudiar y aclarar preguntas legales nuevas surgidas tras el fallo Black Voters Matter (BVM), en el que la Corte Suprema de Florida estableció que el requisito estatal de no disminuir distritos de minorías (“non-diminishment”) está limitado por la Constitución federal, que prohíbe hacer de la raza el factor predominante en un mapa.
Según Redondo, ese fallo dejó preguntas abiertas sobre cómo deben interactuar los estándares estatales y federales, y por eso es necesario examinarlas ahora —a mitad de década— en lugar de esperar al censo de 2030.
La discusión sobre una redistribución a mitad del ciclo no nació solo en Florida. La idea tomó fuerza a nivel nacional tras ser promovida por el presidente Donald Trump, quien sostiene que varios estados deberían actualizar sus mapas antes del censo de 2030. Estados como Texas y California ya se han involucrado en procesos similares.
En Florida, el gobernador Ron DeSantis ha mostrado interés en reabrir el mapa, argumentando que el estado “perdió injustamente” un escaño en el censo de 2020 y que una próxima decisión de la Corte Suprema de EEUU —particularmente en un caso proveniente de Luisiana— podría obligar a revisar cómo los estados consideran la raza al trazar distritos.
De ocurrir un fallo que limite el uso de criterios raciales, Florida tendría que reexaminar partes del mapa vigente, especialmente en el sur del estado, donde existen comunidades negras e hispanas numerosas. “Pase lo que pase, eso tendrá que abordarse”, dijo DeSantis esta semana en Tampa.
En 2022, la legislatura aprobó el mapa actual tras el veto del gobernador al plan original. DeSantis insistió en que la propuesta legislativa contenía “gerrymandering racial”. Su versión eliminó el distrito de mayoría negra en el norte del estado, representado por el excongresista Al Lawson, un demócrata de Tallahassee.
Con el nuevo trazado los republicanos ganaron cuatro escaños adicionales y hoy controlan 20 de los 28 distritos federales.
En julio, la Corte Suprema de Florida, ratificó el mapa, considerando que la configuración previa del escaño de Lawson violaba el principio de igualdad de protección federal.
La ley requiere que la Corte revise automáticamente los nuevos distritos legislativos y congresionales. Además, se pronunció porque había varias demandas entre ellas la presentadora por Black Voter Matter, que cuestionaban si el diseño aprobado por DeSantis cumplía con los estándares federales y estatales sobre no discriminación racial y neutralidad partidista.
Pero la misma decisión introdujo dudas nuevas sobre la interacción entre la Constitución de Florida, que exige no disminuir la representación de minorías, y las restricciones federales que prohíben que la raza sea el factor predominante al diseñar un distrito. Esas preguntas, reconoció Redondo, son parte del motivo por el cual el comité fue convocado ahora.
En la primera reunión del Comité no se permitió comentarios públicos, solo la intervención de Redondo y una presentación del abogado externo de la Cámara, Andy Bardos, sobre los “bloques de construcción” de la redistribución y otros aspecto técnicos de un proceso que se realiza cada diez años, desde 1790.
Bardos, aclaró cómo se conforman los distritos congresionales, basados en la población, entre otros datos técnicos, explicó cómo la Oficina del Censo establece ciertas unidades para la generación de informes y agregación estadística. Dijo que estas están anidadas unas dentro de otras. Por ejemplo, los bloques forman grupos de bloques, los grupos de bloques forman tramos, los tramos forman condados, de esa forma se crean los distritos.
Por su parte, Redondo explicó varias claves del proceso. Dijo que el Comité utilizará los mismos datos del Censo de 2020, que sirvieron para elaborar el mapa actual. Subrayó que la Legislatura contrató al mismo proveedor del ciclo anterior para habilitar el software interactivo que permite a los legisladores analizar y proponer mapas.
Los miembros ya tienen acceso a la aplicación, a los archivos digitales y a un visor interactivo en el portal oficial de la Cámara, precisó.
También se refirió a la transparencia. Redondo advirtió que cualquier miembro que presente un mapa deberá revelar todas las organizaciones o individuos con los que colaboró.
Además, señaló que los legisladores están obligados a conservar todos sus registros —incluyendo correos, mensajes de texto y documentos enviados desde dispositivos personales— debido a posibles litigios futuros.
Más adelante abordó los límites constitucionales, donde subrayó que la Constitución de Florida prohíbe trazar distritos para favorecer o perjudicar a un candidato o partido, exige compactibilidad, continuidad de los distritos y, cuando sea posible, respetar límites políticos existentes. También prohíbe disminuir la capacidad de las minorías raciales o lingüísticas para elegir candidatos de su preferencia.
Redondo recordó que el proceso debe mantenerse alejado de “cálculos partidistas” y que se regirá estrictamente por la Constitución estatal y la federal.
Sobre la influencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, Redondo reconoció que el comité trabajará bajo la sombra de un fallo pendiente del Tribunal Supremo federal que podría modificar el rol permitido de la raza en la redistribución.
“No sabemos cuándo llegará esa decisión ni qué contendrá, pero será un factor que podremos considerar en nuestro trabajo”, señaló.
No se puede predecir en qué desembocará el trabajo de comité. El resultado del Comité no está predeterminado, podría recomendar un nuevo mapa o podría concluir que no es necesario modificar el existente. Lo importante, dijo Redondo, es explorar los cuestionamientos legales surgidos tras el caso Black Voters Matter sin esperar al censo de 2030.
Mientras la Cámara avanza, el día 3 de diciembre, el presidente del Senado, Ben Albritton, envió un memorando indicando que no existe trabajo activo sobre redistribución a mitad de década en la Cámara Alta.
Albritton pidió a los senadores protegerse de influencias partidistas externas y cumplir rigurosamente con las normas de retención de documentos, recordando que en redistritaciones pasadas los legisladores han sido obligados a testificar bajo juramento.
En este contexto, el representante demócrata Daryl Campbell, de Fort Lauderdale, presentó la resolución HJR 619, que propone una enmienda constitucional para crear comisiones independientes encargadas de trazar los mapas legislativos y congresionales, eliminando la manipulación partidista.
La Constitución de Florida establece que tras cada censo decenal, la Legislatura debe redibujar los distritos estatales y congresionales usando los datos más recientes. Ordena hacerlo en el segundo año después del censo. El próximo rediseño obligatorio será en 2032, basado en el censo de 2030. Además, la Ley de Derecho al Voto federal prohíbe la discriminación racial o lingüística y exige proteger distritos donde las minorías puedan elegir candidatos de su preferencia.
Redondo cerró la sesión enfatizando que la labor del Comité será estrictamente institucional y no partidista.
“No entraremos en hipótesis ni en discursos políticos. Seguiremos la Constitución y mantendremos un proceso abierto a todos los miembros que deseen participar”, afirmó.
En las próximas semanas, el Comité continuará con sesiones educativas, revisión legal y entrenamiento técnico para el uso del software de mapas. Solo entonces decidirá si produce una propuesta formal.
El proceso ocurre mientras Florida se acerca al ciclo electoral de 2026, con el período de calificación de candidatos federales previsto para finales de abril, un plazo que —según Redondo— hace “irresponsable” demorar cualquier decisión si se considera necesario modificar el mapa.
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