Un análisis de la Oficina de Investigación Económica y Demográfica proyecta la evaporación de ingresos vitales para Miami-Dade y Broward bajo las nuevas propuestas legislativas
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D. CASTROPÉMIAMI. – Los gobiernos locales del sur de la Florida enfrentan una amenaza financiera sin precedentes ante la propuesta legislativa que busca la eliminación de los impuestos a la propiedad en residencias principales para el ciclo fiscal 2026.
Datos recientes de Oficina de Investigación Económica y Demográfica revelan que los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach dejarían de percibir en conjunto una cifra superior a los 4.500 millones de dólares anuales, un escenario que forzaría el desmantelamiento de servicios básicos y sistemas de transporte para evitar la quiebra técnica.
La propuesta, impulsada desde la Cámara de Representantes y respaldada por el gobernador Ron DeSantis, pretende sustituir el modelo actual de recaudación por uno basado en el consumo. Sin embargo, el impacto recae con mayor fuerza sobre las áreas metropolitanas densamente pobladas.
A nivel estatal, la medida provocaría un vacío de 18.300 millones de dólares, pero es la región sur la que soportaría la carga más pesada debido a la alta valoración de sus bienes inmuebles y la complejidad de su infraestructura pública.
El desglose de las cifras muestra que el Condado Miami-Dade sufriría una pérdida recurrente estimada en 2.305 millones de dólares al año.
Esta reducción golpearía directamente al Fondo General, la fuente de financiamiento para parques, servicios sociales y la administración operativa.
La alcaldía, bajo el mando de Daniella Levine Cava, advirtió ya sobre la imposibilidad de sostener el Plan SMART de transporte público sin estos fondos, dado que la dependencia de los impuestos a la propiedad constituye casi la mitad del presupuesto operativo.
Por su parte, el Condado Broward enfrenta una situación similar con una proyección de pérdidas de 2.223 millones de dólares anuales. En Palm Beach, la eliminación del tributo borraría el 44% de los ingresos municipales y pondría en riesgo 250 millones de dólares destinados al cuerpo de bomberos y rescate.
Aunque el gobernador DeSantis ha señalado ineficiencias administrativas, los funcionarios locales sostienen que la eliminación de estos ingresos, sin un reemplazo garantizado, afectaría la capacidad de mantenimiento de infraestructura.
La situación se agrava por el mandato legislativo que protege constitucionalmente los presupuestos policiales y de bomberos. Al no poder reducir el gasto en seguridad, los recortes recaerían en su totalidad sobre bibliotecas, obras públicas y programas juveniles, lo que generaría una parálisis operativa en los demás departamentos.
El escepticismo de los analistas fiscales frente a propuestas como la Resolución Conjunta 201 y el plan 'Freedom 1-2-3', del representante Ryan Chamberlin, radica en el alto riesgo de sustituir un ingreso fijo y predecible por uno incierto.
Al pretender reemplazar el impuesto a la propiedad con nuevos gravámenes al consumo, al turismo y a las ventas inmobiliarias, el estado ataría la financiación de los servicios públicos a la volatilidad del mercado.
La advertencia es clara: si la economía se desacelera o el flujo de turistas disminuye, la recaudación se desplomaría de inmediato, dejando a los condados sin los fondos necesarios para operar sus servicios básicos.
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