MIAMI.- Legisladores de Florida avanzan en una iniciativa destinada a simplificar la administración de pequeñas herencias y disminuir la intervención de los tribunales en procesos sucesorios sin conflicto, en línea con una recomendación de la Corte Suprema de Florida para modernizar el sistema sucesorio del estado.
La idea central de la propuesta es actualizar normas que han quedado rezagadas frente a la inflación y permitir que más casos simples se resuelvan de forma rápida y eficiente. Los proyectos legislativos HB 1337, en la Cámara de Representantes, y SB 1500, en el Senado, elevan de 75.000 a 150.000 dólares el umbral para clasificar una herencia como pequeña, lo que ampliaría el acceso a procedimientos abreviados y menos costosos.
Recorta y agiliza gestiones
Entre los beneficios más relevantes se encuentra la reducción de trámites y demoras para las familias, al limitar la necesidad de audiencias y órdenes judiciales en casos sin controversia. Al mismo tiempo, se aliviaría la carga de trabajo de los tribunales, permitiendo que jueces y personal judicial concentren sus recursos en disputas reales.
La propuesta también fortalece la autoridad de los representantes personales, facilitando la gestión y el acceso a bienes del fallecido, como las cajas de seguridad.
El proyecto en la Cámara es copatrocinado por los representantes estatales Kaylee Tuck y Tom Fabricio, mientras que en el Senado la iniciativa es impulsada por la senadora Jennifer Bradley.
Ambas propuestas se basan en el trabajo de un grupo de expertos creado por la Corte Suprema para evaluar el sistema sucesorio y proponer mejoras en los procesos sin disputa, que representan la mayoría de los casos en Florida.
En cuanto al camino para su aprobación, el proyecto de la Cámara está listo para ser considerado por el pleno, mientras que la versión del Senado debe superar una última revisión en comité antes de llegar a votación. Si ambas cámaras aprueban los textos, y tras una eventual conciliación de diferencias, la reforma sería enviada al gobernador para su firma.
De concretarse, la medida supondría un avance significativo hacia un sistema sucesorio más ágil, accesible y acorde con la realidad económica actual del estado.