MIAMI.-DANIEL CASTROPÉ
Un juez federal condenó al “millonario chatarrero” de Hialeah por evasión de impuestos y el proceso judicial sacó a la luz los detalles de una empresa que sobrepasa los límites de un patio lleno de carros viejos
MIAMI.-DANIEL CASTROPÉ
[email protected]
@danielcastrope
La condena del denominado “millonario chatarrero” de Hialeah, Raúl Sosa, abrió una brecha amplia en el entorno del negocio de la chatarra, en Miami-Dade, por donde comienzan a vislumbrarse elementos de un “mundo mafioso”.
El proceso por evasión de impuestos en contra de Sosa, que terminó en una Corte Federal con su sentencia a seis años y medio de cárcel, permitió conocer un documento cursado por la defensa del comerciante cubano al juez de la causa, K. Michael Moore, donde se ahonda en algunas intimidades de ese mercado que mueve millones de dólares.
Raúl Sosa llegó a Estados Unidos, con 17 años, procedente de Cuba, en el éxodo del Mariel, buscando una nueva vida en Miami. En su país natal solo alcanzó a estudiar hasta octavo grado y el nuevo idioma, el inglés, siempre fue para él “un gran dolor de cabeza”. Hoy todavía no lo habla bien.
El abogado Richard Díaz, signatario del documento, afirmó en su defensa que el negocio de los carros que convierten en chatarra “era y es una mafia controlada”, cuyo ‘jefe’ (omitimos el nombre), desde el principio de las operaciones de Sosa, intentó sacarlo del mercado “con actos y amenazas de violencia”.
La “bienvenida” a Sosa a ese mercado, según el documento de la defensa, fue el inicio de una serie de eventos que marcarían la vida futura del incipiente comerciante. “Los matones del ‘jefe’ llegaron al negocio de Sosa disparando sus armas y cuando llega la Policía dijeron que Sosa era quien había descargado su arma en contra de ellos”, consigna el escrito.
Después de algún tiempo de rivalidades, Sosa y el ‘jefe’ del “monopolio de la chatarra” lograron un acuerdo “para cesar hostilidades”. “Sosa empezó a venderle material de reciclaje solo a (esa persona) y así estuvieron por largo tiempo, pero el negocio dejó de ser rentable para Sosa y éste decidió abrir su propia yarda y no venderle más a (esa persona)”, explicó el abogado Díaz, en entrevista concedida a DIARIO LAS AMÉRICAS.
La ruptura entre Sosa y el ‘jefe’ dio paso al nacimiento de la compañía Action 1 Auto Sales, que entre los años 2004 y 2008 alcanzó a generar ingresos brutos por cuantía de 29.000.000 dólares, según datos de la Corte.
Consolidación en Hialeah
“Los primeros tiempos de Sosa fueron en Miami, pero las amenazas constantes en su contra lo obligaron a moverse hacia Hialeah, en donde fue bien recibido por la comunidad y el negocio llegó a posicionarse", señaló Díaz.
El cambio de domicilio fue costeado con el dinero obtenido por Sosa tras una demanda por abuso de fuerza y arresto injustificado interpuesta en contra de varios policías que realizaron una operación antidroga en su lugar de residencia.
En esa ocasión, los uniformados se fueron con las manos vacías al no encontrar rastros de droga en casa de Sosa y posteriormente, a manos de Sosa, llegaron 750.000 dólares producto de la demanda.
La rivalidad entre el cubano y el ‘jefe’ volvía a cobrar fuerza. “Si Raúl (Sosa) pagaba 400 dólares por un carro, entonces (esa persona) ofrecía 450, por decir algo, lo que hizo mucho más difícil la relación entre ambos”, explicó.
Según el relato del jurista, Sosa perdía dinero en cada negocio tratando de emular los valores que pagaba “la competencia”, hasta que se le ocurrió extraer las piezas en buen estado de los vehículos “para ganar un dinero extra porque esas son partes que se venden en los ‘junk car’, aquí en Miami, o se exportan para el mercado latinoamericano”, dijo.
Una ley estatal prohíbe “chatarrizar” un vehículo sin el correspondiente título de propiedad. De tal suerte, “en otra ocasión, (esa persona) envió a la yarda de Sosa a algunos policías amigos suyos para quitarle a Sosa los títulos de muchos vehículos bajo argumentos nada sólidos”, afirmó Díaz.
Después de un litigio legal, el cubano recuperó los documentos de propiedad de los automóviles y volvió a reiniciar sus labores en Action 1 Auto Sales. “Sabemos que eso fue obra de (esa persona) que tiene relaciones con policías corruptos que trabajan para él”, sostuvo.
En su intento por mostrar a Sosa como víctima ante la Corte, el abogado defensor incluyó en el documento apartes de un hecho que la Policía no logró esclarecer en su momento. “Dos vehículos de Raúl (Sosa) fueron incendiados en las afueras de su casa en Miami Springs y eso también fue ordenado por (esa persona)”, aseveró.
Negociación con exalcalde de Sweetwater
El buen desempeño de sus finanzas condujo a Raúl Sosa a incursionar en otro negocio donde los niveles de rivalidad son enormes: las grúas.
Según Díaz, Sosa compró al exalcalde de Sweetwater, Manny Maroño, la compañía Southeast Towing, por un monto de dinero que no trascendió, juntando la actividad de la chatarra y la de remolque de vehículos.
“Con Maroño estaba Peter Hernández y cuando Raúl (Sosa) adquiere esa empresa decide dejar a Hernández al frente de ella. Unos mal entendidos hicieron que Raúl (Sosa) volviera a venderle la compañía a Maroño”, aseguró.
Los “mal entendidos” a los que se refirió el jurista Díaz se relacionan con acciones poco claras de parte de Hernández, quien, acorde con el mismo Díaz, “parece que estaba vendiendo activos de la empresa y poniéndolos a nombre de algunas personas cercanas a él”.
Recientemente, Hernández apareció muerto en Homestead, con signos de tortura, según versiones extraoficiales. Alrededor de este crimen se tejen algunas versiones, pero la Policía y el FBI han guardado hermetismo.
La condena de Sosa
El juez Moore, previo al momento de dictar sentencia en contra de Raúl Sosa y su esposa Maura, citó una a una las 12 condenas menores que han recaído sobre el comerciante cubano durante los últimos 20 años.
Para Díaz, los delitos de su defendido “son hechos juzgados por los que pagó en su debido momento” y, por tanto, prepara una apelación al fallo que presentará en un par de meses ante una Corte Federal en Atlanta.
Raúl Sosa, y su esposa Maura, condenada a 4 años de prisión, deberán retornar al IRS 1.498.000 dólares.
LEA TAMBIÉN: