MIAMI.- José Díaz, comisionado de Sweetwater, enfrenta una disputa legal con una de las residentes de esa ciudad, que tendrá que ser analizada en la Comisión municipal, aunque un fallo emitido previamente en Corte favorece a la demandante.

Lucy Castro, cuya casa colinda con la de Díaz, alega que la construcción que finalizó recientemente su vecino el comisionado es ilegal, viola los códigos de construcción de la ciudad y le causa perjuicios porque levantó la edificación a cuatro pies de distancia de la línea que divide las dos propiedades, en lugar de los 7.6 pies establecidos por la ley.

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La demandante afirmó que la construcción que realiza Díaz para ampliar su residencia afecta el drenaje de su vivienda, aumenta los riesgos de incendio, le quita visibilidad e iluminación en el patio, afecta su privacidad y devalúa su propiedad.

A pesar del litigio legal interpuesto por Castro, Díaz continúo la construcción para ampliar su residencia. Castro califica la actitud de Díaz como una muestra de “abuso de poder”, teniendo en cuenta su cargo como legislador municipal.

Este conflicto comenzó en el 2010, pero Díaz afirma que el enfrentamiento tomó fuerza con tintes políticos, durante las pasadas elecciones en las que él se postuló como alcalde. El comisionado asegura que el enfrentamiento se avivó por influencia de sus adversarios políticos el hoy alcalde Orlando López y la comisionada Isolina Maroño.

“A la señora Lucy le fueron a llamar la atención en el 2010, por algo que estaba haciendo sin permiso y declaró que el vecino tenia violaciones también, el ingeniero se acercó a mí y como oficial electo decidí no permitir ese tipo de chantaje. Fui al departamento de Planificación y pregunté cómo podía resolver mi situación, me mostraron los planos y esa construcción no aparecía en los récords de la ciudad”.

Según Díaz, cuando él compró su casa en 1997, ya existía esa construcción pero asegura desconocía que no estaba registrada en la ciudad.

De acuerdo con su testimonio, tras ese incidente obtuvo en el 2010 (durante la administración del exalcalde Manny Maroño), un permiso del departamento de Planificación y Zonificación de la ciudad para construir la extensión de su casa, y le aprobaron una variante por la parte de la construcción ilegal existente en su vivienda.

El permiso de construcción y de la variante expiró, y Díaz no los renovó. Argumenta que se le pasó por alto y que la Ciudad tampoco le envió la notificación de expiración 30 días, antes de que se venciera el permiso.

El comisionado regresó al Departamento de Planificación y Zonificación para renovar los permisos, pero esta vez, el 27 de mayo del 2015, le fue negado la aprobación de la variante.

Díaz llevo el caso a la Comisión. Sus colegas votaron a favor de otorgarle la variante con la oposición de la comisionada Isolina Maroño. La resolución se hizo efectiva sin la firma del alcalde Orlando López, y de Díaz que se abstuvo de votar por tratarse de algo que involucra su interés personal.

Tras la resolución de la Comisión que favorecía a Díaz, Castro decidió demandar en Corte al comisionado, y también a la ciudad por considerar que sus derechos estaban siendo vulnerados por la Comisión municipal.

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<p>La nueva edificación, ubicada en la parte posterior hacia la derecha, sobrepasa la línea de la construcción original.</p><p></p>

La nueva edificación, ubicada en la parte posterior hacia la derecha, sobrepasa la línea de la construcción original.

Pese al litigio en Corte, el comisionado Díaz continúo con los trabajos de construcción de su residencia.

Castro dijo que el conflicto se pudo haber resuelto sin necesidad de entrar a un litigio.

“Si uno no tiene espacio abierto, eso va en detrimento de la propiedad. Todos tenemos derecho de legalizar pero cuando vas a hacer una construcción grande es muy importante ir a tus vecinos para ponerse de acuerdo porque estás cogiendo el setback [límites de la propiedad]. Cuando te pones de acuerdo vas y aplicas para tu permiso. Pero él [comisionado Díaz] hizo lo contrario, fue a pedir el permiso después de que vi que él iba hacer una construcción grande, una terraza de más de 400 pies cuadrados y en el área de barbacoa, iba a construir un cuarto con salida independiente, baño y walk in closet, entonces fui al departamento de Planificación y Zonificación”, afirmó Castro.

“Él tenía una terraza grande y un área para hacer barbacoa, que eran ilegales”, aseguró Castro.

Díaz sostiene que esas son las construcciones que ya existían cuando él compró la casa.

El caso se complica

El pasado 12 de septiembre, el vice alcalde de Sweetwater Jose Bergougnain, introdujo una ordenanza en la Comisión, cuyo propósito según el funcionario, era darles alivio a las personas que tienen construcciones ilegales en sus propiedades. La medida propuesta por Bergougnain generó suspicacias.

Castro y su abogado se presentaron ante la Comisión municipal. La residente asegura que el objetivo de la ordenanza propuesta por Bergougnain es beneficiar a Díaz. Bergougnain negó los señalamientos de Castro y retiró la propuesta, que planean presentar nuevamente ante la Comisión una vez que concluya el conflicto de Díaz con su vecina.

Actualmente, en Sweetwater está vigente una amnistía que permite a los propietarios legalizar las construcciones ilegales en sus residencias. Esa prerrogativa vence en diciembre próximo.

De acuerdo con Díaz, la ordenanza propuesta por Bergougnain no le beneficia ni le afecta porque asegura haber resuelto todos los procedimientos legales de la edificación que hizo en sus residencia. “Esa ordenanza va a beneficiar a otros residentes con problemas similares”, acotó el comisionado.

Contribuyentes afectados

La comisionada Isolina Maroño cree que la ciudad terminará pagando los honorarios del abogado que defiende a Castro, además de los que ya está pagando en defensa de Díaz por la demanda interpuesta por su vecina.

A criterio de la comisionada Maroño, los honorarios de los abogados que defienden la ciudad por la demanda de Castro, no deberían de ser pagados por el ayuntamiento porque para eso la ciudad tiene un abogado que es Guillermo Cuadra.

Maroño afirmó que a la fecha suman más de 50.000 dólares, las facturas de los honorarios de la firma de abogados que defienden a la ciudad. “Para qué está entonces el abogado de la ciudad”, cuestionó la comisionada Maroño.

Díaz afirmó que él paga los honorarios de su abogado, y justificó la contratación de abogados para defender la ciudad alegando que Cuadra no es especialista en desarrollo urbano y que la ciudad siempre ha contratado la misma firma para conflictos similares desde hace 20 años.

La demandante espera que la Comisión resuelva el conflicto a su favor.

FUENTE: Especial

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