La iniciativa legislativa de un congresista republicano busca suprimir el acceso a programas federales para inmigrantes legales e indocumentados con el fin de reducir el gasto público
Cartel de un comercio que recibe cupones SNAP para canjear por alimentos
AFPMIAMI.- El representante por Florida Randy Fine introdujo ante el Congreso la "Ley de No Asistencia Social para No Ciudadanos", una propuesta que pretende la exclusión total de personas que no tengan la nacionalidad estadounidense de cualquier beneficio de bienestar social.
La medida responde al escándalo de corrupción "Feeding Our Future" en Minnesota, donde se detectó el robo de aproximadamente 250 millones de dólares destinados a la alimentación de menores.
El legislador republicano argumentó que la restricción es necesaria para frenar un gasto proyectado de 177 mil millones de dólares en la próxima década y proteger el erario frente a una deuda nacional que ya alcanza los 38 billones de dólares.
La normativa establece disposiciones explícitas que clausuran el acceso a programas fundamentales como los cupones de alimentos (SNAP), Medicaid, asistencia de vivienda bajo la Sección 8 y el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).
El texto legal no contempla excepciones y afecta tanto a inmigrantes en situación irregular como a residentes legales permanentes, refugiados y asilados.
Fine calificó la medida como un acto de responsabilidad fiscal y afirmó que los contribuyentes estadounidenses sufren un robo sistémico para subsidiar a extranjeros.
"Están robando a los estadounidenses. Somalíes, inmigrantes ilegales e incluso legales reciben ayudas gratuitas a costa de los contribuyentes estadounidenses. Esto es una locura, es inmoral y debe terminar", expresó el congresista Fine en un comunicado de prensa.
"Los trabajadores estadounidenses no deberían pagar la atención médica, la vivienda gratuita, los cupones de alimentos, Medicaid ni nada por el estilo para los no ciudadanos. Los ciudadanos son lo primero", agregó.
El proyecto también busca eliminar las actuales ‘lagunas’ reglamentarias que permiten a ciertos grupos de inmigrantes acceder a la red de protección social tras cumplir cinco años de residencia legal en el país.
El sustento principal de esta ofensiva legislativa radica en el caso de la organización "Feeding Our Future", catalogado como el esquema de fraude de ayuda pandémica más extenso en la historia de la nación.
La entidad, liderada por Aimee Bock, explotó la flexibilización de la vigilancia estatal durante la crisis sanitaria para reclamar reembolsos por millones de comidas que nunca se sirvieron.
Las investigaciones judiciales revelaron que los fondos desviados financiaron la compra de residencias de lujo y vehículos de alta gama, así como adquisiciones inmobiliarias en Kenia.
Fine vinculó este “abuso de confianza” con la necesidad de una prohibición nacional, bajo la tesis de que la falta de control en los beneficios sociales fomenta la inseguridad fiscal y el aprovechamiento ilícito del sistema por parte de comunidades extranjeras.
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