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MIAMI.- Los procesados por delitos sexuales que invadieron hace unos tres años el área de Mimi-Dade ubicada en las inmediaciones de Hialeah, en el corredor de la calle 71 del noroeste, entre las avenidas 36 y 37, recibirán un ultimátum para que abandonen el lugar, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS, Ron Book, el presidente del fideicomiso que administra recursos para acabar con la indigencia en el Condado (Homeless Trust).

“Más temprano que tarde tendrán que salir de ahí para buscar trabajo y ser capaces de sostenerse por sus promedios medios”, indicó Book. También aseguró que el fideicomiso trabajará con ellos, dentro del marco de la ley, para ofrecerles financiación de alquiler de una vivienda y ayudarlos a conseguir un trabajo.

“Varios de los que están viviendo en la zona limítrofe con Hialeah ya tienen empleo, pero hay otros que no”, indicó el presidente del fideicomiso. “Nosotros no tratamos la indigencia, nosotros buscamos acabarla, no queremos a nadie en las calle sin techo, y eso incluye a individuos con antecedentes penales por haber cometido delitos sexuales”, aclaró.

Por lo tanto, el Fideicomiso pondrá sus recursos a disposición de esas personas quienes, por otra parte, tendrán que conseguir un sitio donde vivir.

No será tarea fácil para ellos porque, por una ordenanza de 2005, aprobada por el Condado Miami-Dade, un convicto por delito sexual que aparezca en el registro oficial, permanecerá inscrito en esa lista por el resto de su vida y también hasta su muerte deberá llevar un grillete digital en su tobillo. Bajo esa condición, indica la legislación condal, no puede vivir a 2.500 pies de una escuela, un jardín infantil o un parque, y a 1.000 pies de una parada de bus escolar. “No fue la ley la que convirtió a esos individuos en agresores sexuales. Fue su comportamiento”, afirmó Book.

Enfermedad incurable

Según él, los psicólogos y psiquiatras que han tratado a esas personas han dicho que lo único que pueden hacer es que sean conscientes de qué es lo que les dispara su conducta desviada para que puedan controlar sus impulsos.

Por eso es necesario proteger al público, por el riesgo de que una persona que haya sido sentenciada por una conducta sexual delictiva, pueda reincidir, explicó Book. “Por eso no queremos que puedan estar cerca de donde hay niños”.

Quienes han sido juzgados y condenados, y han pagado su deuda con la sociedad, por haber cometido un delito sexual, tienen una limitación, según Book: “El derecho de los demás, las personas que respetan la ley, su seguridad, bienestar y salud es una máxima prioridad de acuerdo con un fallo de la Corte Suprema”.

Miami-Dade es el área con el mayor número de sujetos que han cometido delitos sexuales. Hay diez zonas, distribuidas por todo el Condado, de concentración de esas personas identificadas como agresores sexuales.

Debajo del puente Julia Tuttle, en Miami Beach, hubo una cantidad importante de individuos inscritos como convictos por delitos sexuales que convirtieron esa área en su residencia permanente.

Ellos fueron desalojados de ahí, como lo serán los 300 que invadieron los predios cerca de Hialeah, en los que viven hace cerca de tres años, en campamentos improvisados, sin servicios públicos disponibles.

A pesar de la indignación de vecinos y comerciantes de la zona, el condado no tomó cartas en ese asunto, sino hasta cuando se volvió público y apareció en varios medios de comunicación.

Sin embargo, el problema persiste, y tal vez en un futuro esos desalojados, volverán con sus campamentos improvisados a invadir otra zona del Condado.

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