Corte Suprema cuestiona aumento de tarifa de electricidad

Durante la audiencia, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Muñiz, y otros jueces cuestionaron si la Comisión de Servicios Públicos (PSC) debería haber hecho más para justificar la aprobación del acuerdo.

Muñiz también pareció cuestionar si se trataba de un verdadero acuerdo, ya que algunas partes no estaban incluidas.

Muñiz dijo que “en fin de cuentas, el PSC tiene la responsabilidad de fijar las tarifas”.

“El PSC no puede delegar en estas partes (de conciliación) solo la responsabilidad de decidir qué es de interés público”, señaló el juez Muñiz al interrogar al abogado de la comisión, Douglas Sunshine.

“Así que todavía tiene las mismas obligaciones que habría tenido en ausencia de un acuerdo de conciliación”, subrayó.

Como ejemplo, Muniz y el juez John Couriel argumentaron que la orden final de la comisión que aprueba el acuerdo no detalla la expansión de un programa de FPL conocido como SolarTogether. Ese programa generó objeciones de partes que no estaban incluidas en el acuerdo.

El programa implica que clientes paguen más en sus facturas de electricidad para ayudar a financiar proyectos solares y luego obtener créditos que resulten en un reembolso. Los críticos sostienen que el programa es injusto para otros clientes que no sean beneficiados, un argumento que FPL disputa.

“No hay explicación alguna para el pensamiento del PSC sobre cómo llegó a aprobar esto”, subrayó Muñiz.

Más tarde, Daniel Nordby, un abogado de FPL, señaló que la parte SolarTogether del acuerdo fue un “cambio en magnitud, en lugar de un cambio en la forma en que estaba estructurado el programa SolarTogether preexistente”.

“Lo que la comisión estaba considerando con SolarTogether en el contexto de esta expansión propuesta aquí no era la autoridad subyacente para aprobar el programa. Porque eso se había hecho en una orden anterior en 2020 que no fue impugnada”, resaltó Nordby.

“La comisión estaba considerando simplemente si esta expansión era justa, justa y razonable y de interés público”, afirmó.

La demanda del grupo Floridians Against Increased Rates plantea que el acuerdo de alza de tarifas por cuatro años, que fue adoptado a fines de 2021, es “incorrecto” porque la ley estatal no autoriza a la comisión para aprobar partes del acuerdo.

"Si se permite que se mantenga, el acuerdo de FPL de 2021 dará como resultado que los clientes de FPL paguen cientos de millones de dólares por año, por un total de miles de millones de dólares, en costos excesivos durante los próximos cuatro años", argumenta la demanda.

La sesión judicial tiene lugar en un momento en que las facturas suben de valor debido al aumento del precio del gas natural.

Si la Corte Suprema decide anular el acuerdo, quienes pagan facturas de FPL recibirían un desembolso por los pagos adicionales realizados.

No obstante, el gran tribunal floridano suele tardar meses en emitir fallos después de escuchar los argumentos.