MIAMI.- Todo parece indicar que los floridanos terminarán pagando la limpieza del manto acuífero de la Bahía de Biscayne, luego de que el nivel salino de esta fuente de agua fuera incrementado por la presencia de la planta nuclear de Turkey Point en la zona.
Así lo dictaminó la Corte Suprema de la Florida, al plantear que la empresa eléctrica que administra la planta nuclear, Florida Power & Light (FPL), tiene derecho a pedir un incremento de tarifa o recargo para cubrir los gastos estimados en 176 millones de dólares.
"Proteger el manto acuífero de la Bahía de Biscayne de futuras intrusiones salinas requiere la limpieza de la intrusión salina existente, y esa acción protege al medio ambiente de daños futuros", dictaminaron los jueces.
Escrutinio
De hecho, la planta nuclear de Turkey Point ha estado bajo el escrutinio del estado desde 2009, cuando se firmó un acuerdo entre ambas partes, durante el mandato del gobernador Charlie Crist (2007-2011), que otorga el “derecho” a pedir a los consumidores el pago de “costes razonables para limpieza ambiental”, que los magistrados del más alto tribunal estatal mencionan en su fallo.
Turkey Point emplea un inusual sistema de enfriamiento, que no utiliza las conocidas torres de refrigeración y por ende emplea una red de canales o tuberías que se extiende a unas 5.000 hectáreas que alcanzan las aguas de la Bahía de Biscayne.
Según los datos suministrados por FPL, la red de enfriamiento fue construida a principio de los años 1970 y desde entonces ha sufrido escapes de agua, que a su vez han incrementado el nivel salino del preciado líquido que terminaría afectando la calidad del agua potable que los miamenses consumen.
Hace apenas dos años FPL fue demandada en una corte federal, por los grupos ambientalistas Southern Alliance for Clean Energy (SACE), Friends of the Everglades y Tropical Audubon Society por violar la Ley de Agua Limpia (CWA) en Turkey Point.
Entonces, la empresa eléctrica fue ordenada a corregir el problema en un plazo de 10 años y la empresa eléctrica pidió a la autoridad estatal de Servicio Público (PSC) permiso para cobrar 176 millones de dólares a los consumidores.
PSC autorizó recabar una cifra menor, unos 132 millones de dólares, lo que indujo a FPL a recabar ayudas de otras fuentes, como el gobierno condal de Miami-Dade que acordó un plan a largo plazo que, según el grupo ambientalista SACE tomaría 60 años y no 10, como pidió el estado.
Demanda
No obstante, el concejo estatal de asuntos públicos, Florida Office of Public Counsel (FOPC), que vela por tarifas a pagar por floridanos, apeló la decisión de PSC de autorizar el cobro a los clientes y presentó una demanda en los tribunales del estado, al punto que la queja llegó a la Corte Suprema estatal, donde la FPL recibió el visto bueno.
“Obviamente, estamos decepcionados con la decisión de la Corte Suprema, ya que argumentamos enérgicamente que los clientes por limpiar los errores de contaminación de FPL. Sin embargo, tenemos que aceptar la opinión del tribunal y seguir adelante”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS el consejero de FOPC, James Ray Kelly.
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