La alcaldesa de Miami-Dade solicita restablecer el TPS para haitianos, venezolanos, hondureños y nicaragüenses. Conozca qué medidas reclama al Congreso
Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade.
CESAR MENENDEZ DLA
Carta enviada por Daniella Levine Cava a los líderes del Congreso y el Senado.
MIAMI.- La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, pidió al Congreso de Estados Unidos restablecer el Estatus de Protección Temporal (TPS) para países cuyas designaciones fueron canceladas, entre ellos Haití, Venezuela, Honduras y Nicaragua. En una carta fechada el 10 de noviembre, instó a los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado a actuar durante la sesión actual.
La misiva fue dirigida al presidente de la Cámara, Mike Johnson; al líder de la mayoría del Senado, John Thune; al líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries, y al líder demócrata del Senado, Charles Schumer. También fue enviada a los miembros del Congreso y a la delegación congresional de Florida.
“En nombre de los 2,7 millones de residentes del condado de Miami-Dade, les escribo para instarles a actuar rápidamente —en esta sesión, no en la próxima— para restablecer el TPS”, señaló Levine Cava.
La alcaldesa planteó tres acciones. La primera es restablecer por ley el TPS para los países cuyas designaciones fueron terminadas mientras persistan condiciones peligrosas, entre ellos Haití, Venezuela, Honduras y Nicaragua.
También pidió proteger el estatus legal y la autorización de empleo de quienes tienen o tuvieron recientemente TPS, para evitar que pierdan su sustento mientras el Congreso debate el asunto.
Como tercera medida, solicitó recuperar la revisión judicial de las cancelaciones del TPS y reforzar la supervisión del Congreso. En la carta mencionó la propuesta TPS Review Act, que, según sostuvo, permitiría restablecer controles para evitar que las protecciones sean eliminadas por decisión ejecutiva. El proyecto legal, impulsado este año por la congresista Debbie Wasserman Schultz, propone que las decisiones de cancelación del TPS se basen en un expediente administrativo y que puedan impugnarse ante un tribunal federal. También contempla que, mientras se resuelve una impugnación, se mantengan el estatus y la autorización de trabajo de las personas afectadas.
Levine Cava afirmó que las consecuencias de terminar las designaciones se sienten en comunidades como Miami-Dade, donde los inmigrantes forman parte de vecindarios, lugares de trabajo y escuelas. Mencionó a enfermeros, asistentes de salud en el hogar, trabajadores de la construcción y de recuperación tras huracanes, cocineros y pequeños empresarios.
La alcaldesa también señaló que algunos beneficiarios son padres de niños ciudadanos estadounidenses que estudian en escuelas del condado. Afirmó que muchos han pasado verificaciones de antecedentes, pagado impuestos y renovado su registro cuando el Gobierno se los ha solicitado.
Según la carta, retirarles el estatus no hace más seguras a las comunidades y puede afectar los lugares de trabajo, el mercado de vivienda y la economía local, además de separar a familias que llevan años en sus vecindarios.
La misiva sostiene que las circunstancias que llevaron a esas familias a salir de sus países no han sido resueltas. Levine Cava describió a Haití como un país afectado por la violencia de pandillas y una crisis humanitaria, y señaló que Venezuela, Nicaragua y Honduras continúan enfrentando inestabilidad y condiciones peligrosas que pueden dificultar o impedir un regreso seguro.
La alcaldesa citó cifras sobre el alcance de las cancelaciones: indicó que al comenzar 2025 había designaciones de TPS para 17 países, que protegían a aproximadamente 1,4 millones de personas. Según la carta, 13 designaciones han sido terminadas, con consecuencias para más de 1,1 millones de personas.
La alcaldesa sostuvo, además, que una decisión de la Corte Suprema durante el verano permitió que avanzaran esas terminaciones y que los tribunales han intervenido poco desde entonces. Por ello, describió al Congreso como “el único control que queda”.
Levine Cava aludió a las elecciones de la semana anterior y escribió que los votantes rechazaron tácticas que, según ella, perjudicaron a familias vulnerables. “La semana pasada, el pueblo estadounidense se pronunció y su mensaje fue contundente. Se escuchó en Florida, Georgia, Nevada y Arizona, y en cada barrio del país. Los votantes rechazaron las tácticas crueles y cínicas que se aprovechaban de las familias vulnerables: trabajadores despedidos de sus puestos de trabajo, padres separados de sus hijos y residentes legales despojados de la noche a la mañana del estatus que se habían ganado respetando las normas”, dijo en su misiva.
También mencionó declaraciones del presidente Donald Trump en el programa 60 Minutes, donde habría reconocido que las políticas de deportación de su administración pudieron ser “demasiado duras” y expresado disposición a trabajar con los demócratas en una reforma migratoria.
La alcaldesa presentó la solicitud como un asunto humanitario y comunitario, no partidista. “Nuestras familias no pueden esperar, y el Congreso tampoco debería hacerlo”, concluyó.
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