Florida podría ser el epicentro del uso de una tecnología a través de la cual varios Departamentos de Policía del estado hacen seguimiento a las conversaciones que se realizan a través de teléfonos celulares, según una minuciosa investigación realizada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Se trata de un dispositivo llamado StingRay, parecido a las torres de teléfonos inteligentes, transmisor de información que puede ser utilizada para identificar y localizar el celular de un supuesto sospechoso. El problema es que también puede captar información de los teléfonos cercanos al objetivo del cual la policía quiere obtener datos clave.
La empresa que fabrica esta tecnología se llama Harris Corporation, localizada en Melbourne, en el centro oeste de la Florida.
En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, Nathan Freed Wessler, autor de la investigación y abogado del proyecto de privacidad y tecnología de la ACLU aseguró que “de alguna manera Florida es el epicentro porque esa tecnología se expande al resto del país”.
Durante 2014 Freed Wessler envió a 36 Departamentos de Policía de todo el Estado una solicitud (a través de un recurso legal llamado FOIA, que obliga a la agencias gubernamentales a dar a conocer documentos públicos) con el fin de obtener información sobre el uso de los StingRay, “aparatos que simulan ser torres de celulares”, como lo escribió Freed en su pesquisa.
A través de los registros que logró recolectar descubrió que esa tecnología es utilizada por 48 agencias de policía en 20 estados de la unión americana.
Todo esto, que podría entenderse como tarea normal de las autoridades en el seguimiento de posibles criminales o delincuentes, tiene un aspecto oscuro de acuerdo con la información analizada por el especialista de la ACLU: “es cierto que en general, el uso de estos aparatos, sin ninguna autorización legal y estricta supervisión de un juez , crea serias preocupaciones sobre la violación de la Cuarta Enmienda” [que prohíbe investigaciones o decomisos arbitrarios, y dichas investigaciones deben hacerse con orden judicial siempre y cuando exista un caso que pueda ser probado].
En secreto
Según Freed Wessler, “de acuerdo con las informaciones que nos dieron [varios Departamentos de Policía de Florida], ellos nunca obtuvieron la autorización de un juez. Y todo parece indicar que no le dieron a los jueces ninguna explicación sobre que iban a utilizar la tecnología StingRay”.
Es precisamente este tipo de secretismo “el que elimina por completo la capacidad de los jueces de supervisar esas acciones”, afirmó el investigador de la ACLU, quien escribió en su informe que dicho “secretismo no es sólo para el público sino a menudo para los jueces quienes supuestamente deben asegurar que la Policía no abuse de su autoridad.
Apoyada en el secreto, la Policía han recibido autorización para el uso de StingRays basada en un bajo estándar de “relevancia”, no en una autorización legal basada en una causa probada como lo requiere la Cuarta Enmienda”.
Los documentos revisados por Freed Wessler revelaron que ha sido intenso el uso de esa tecnología de seguimiento y escuchas por parte de la Departamento de Policía de la Florida (FDLE, por sus siglas en inglés). “En 2014, FDLE identificó la impresionante cifra de 1.835 utilizaciones del equipo de simulación de torres de celulares, lo que refleja su manejo en investigaciones locales y estatales a lo largo y ancho de la Florida”, escribió el abogado de la ACLU.
Policía de Miami-Dade
En relación con la Policía del Condado de Miami-Dade, la información de este departamento reveló “compras récord de cientos de miles de dólares en equipos provenientes de Harris Corporation […] El Departamento de Policía de ese Condado informó que había empleado Sting Ray en 59 casos criminales en un periodo de un año, que se cerró en mayo de 2014”.
A pesar de ese uso extendido, la ACLU no pudo determinar qué tipo de procedimiento legal ha utilizado la policía del Condado para hacer los seguimientos.
El subdirector de la Policía del Condado Miami-Dade, Juan Pérez, aseguró que “aquí nosotros trabajamos con las leyes del Estado. Siempre hay que obtener un permiso de la Corte para hacer cualquier seguimiento electrónico”.
Dijo además que una cosa son los seguimientos y otra las escuchas. Para estas últimas explicó que se requiere una orden de registro del juez muy diferente, “es como un allanamiento, y cuando tenemos un caso de estos es el Gobierno federal en Washington el que aprueba. Muy pocas veces el estado llega allá porque debe ser el nivel probatorio más alto de un caso para que se permita el seguimiento de una llamada”.
Aún no hay respuestas concretas al extenso estudio hecho por Freed Wessler, “no ha habido un cambio en la Florida”, señaló, pero indicó que en otros estados, cuando la prensa reveló que la Policía estaba utilizando StingRays, sin decirles nada a los jueces, “éstos empezaron a cambiar las normas y pidieron a la Policía que fuera más transparente para asegurar que fuera objeto de supervisión legal”, puntualizó.
