“La posición de las Escuelas Públicas de Miami-Dade ha sido muy clara. El único asunto a tener en cuenta, cuando se trata del referendo aprobado y las escuelas chárter, es el tema de seguridad y protección”, aseguró a DIARIO LAS AMÉRICAS, la directora de Comunicaciones, Jackie Calzadilla, a nombre del superintendente Alberto Carvalho.
De esta manera, el Distrito Escolar ratifica lo que el superintendente señaló durante su ‘cruzada’ por Miami-Dade en pro del referendo, que “solo consideraría la seguridad” para las escuelas chárter, ya que estos colegios son administrados por fondos “que provienen del Gobierno estatal y no del dinero a recaudar por el alza de impuestos aprobado”.
La funcionaria enfatizó que los “30 millones de dólares que serán recaudados para mejorar la seguridad de las escuelas, acorde al referendo aprobado, ayudarán a la Autoridad escolar a considerar una contribución al respecto para las escuelas chárter”.
Objeción
No obstante, el director de relaciones gubernamentales de Florida Charter School Alliance, Ralph Arza, que representa las 240 escuelas chárter de la Florida, aseguró que “nada está decidido” hasta que la Junta Escolar no tome una decisión final.
“La Junta Escolar decidirá qué se puede hacer o no”, argumentó Arza, quien además fue representante estatal (2000-2006).
Arza pidió al cuerpo legislativo escolar, a través de una carta oficial, “compartir el dinero con las escuelas chárter, ya que todos los maestros, no solo los profesores de las escuelas públicas, merecen igual trato”.
Según Arza, la pregunta que fue sometida a referendo en Miami-Dade no excluía a los maestros de las escuelas chárter “como hizo el condado Broward”, y que, por lo tanto, “el electorado de Miami-Dade aprobó el aumento de impuestos para todos los maestros”.
“Las escuelas chárter son claramente escuelas públicas porque no cobran los estudios y por lo tanto se merecen un trato igual”, sostuvo.
Alberto Carvalho
El superintendente AlbertoCarvalho.
ÁLVARO MATA
Antecedentes
Las escuelas chárter, que son financiadas con fondos públicos del Gobierno estatal pero son administradas por concejos privados, funcionan mayormente como alternativa educacional en zonas donde las escuelas públicas tradicionales reportan un rendimiento académico menor.
Quienes se oponen a esta práctica estatal alegan que la existencia de escuelas chárter “desvía fondos del estado, que estarían destinados a las escuelas públicas” tradicionales, y que no deben ser consideradas públicas “porque no están sujetas a los mismos requerimientos”.
De hecho, la falta de fondos estatales suficientes para las escuelas públicas de Miami-Dade produjo el llamado a referendo, para el que obtuvo el 71, 15% de aprobación, del 56,92% del electorado que acudió a las urnas en las pasadas elecciones.
Por ello, los propietarios de inmuebles pagarán 0.75 milésimas más por cuatro años (algo más de 100 dólares al año), para recaudar los fondos adicionales que incrementarían el salario de los maestros de la red escolar pública.
Sindicato
Mientras tanto, la presidenta del sindicato United Teachers of Miami-Dade, Karla Hernández-Mats, insistió en que “ese dinero está destinado únicamente para los profesores de las escuelas públicas del distrito escolar” y que hubo que pedir el dinero al electorado “precisamente por el exceso de financiación estatal a las escuelas chárter”.
En efecto, la inmensa mayoría, más del 80% del electorado, culpa al Gobierno estatal de no proveer los fondos suficientes a la red escolar pública de Miami-Dade y “desviar el dinero a las escuelas chárter, los vouchers (para colegios privados) o escuelas públicas de otros condados”.
Miami escuela
Vista parcial de una de las escuelas públicas de Miami-Dade.
ÁLVARO MATA
Incluso el sindicato de maestros culpa a la delegación de representantes estatales y senadores de Miami-Dade de “no hacer su trabajo en Tallahassee para obtener los fondos necesarios”.
“Las escuelas chárter saben muy bien que el dinero del referendo no es para ellos. Incluso organizaron una campaña contra el plebiscito, repartieron folletos, los pusieron en las mochilas de los alumnos, para pedirles a los padres que votaran en contra”, alegó Hernández-Mats.
Y cuestionó la presencia de Arza al frente de las relaciones gubernamentales de Florida Charter School Alliance. “No creo que una persona que tuvo que dejar su puesto de representante estatal, por haber hecho comentarios racistas, deba estar al frente de esa oficina”.
Conclusión
Arza continúa a la espera de una respuesta oficial de la Junta Escolar, mientras el superintendente Carvalho y el sindicato de maestros llegan a un acuerdo para distribuir los fondos que se generen del aumento de impuestos.
“Ya fue decidido en ese acuerdo”, declaró la presidenta del sindicato. “El 12% será destinado a la seguridad de las escuelas y el 88% a la compensación de los maestros de las escuelas públicas de Miami-Dade”.
Luego recalcó que las escuelas chárter “son escuelas privadas con fines de lucro (subvencionadas por el estado) que lo único que tienen de público es que obtienen fondos públicos”.
Incluso aludió a que la mayoría de los maestros de las escuelas chárter “no están certificados por el estado ni el Distrito Escolar” y que por lo tanto “no deben tener los mismos beneficios”.
Entretanto, Arza continúa abogando por el entendimiento: “Mantenemos una buena comunicación con los miembros de la Junta Escolar. Hemos sostenido algunas reuniones y no quiero adelantarme a los acontecimientos”.
