MIAMI.- El dueño de un taller de autos de Homestead, ciudad aledaña a Miami, donde se escondió una hondureña de 15 años que escapó de un hogar temporal para indocumentados, denunció haber recibido más de diez llamadas telefónicas en las que le amenazaron de muerte, informó hoy un medio local.

Francisco González, propietario del taller Auto Center, en la citada localidad, denunció que desde que las autoridades atraparon a la menor escondida detrás de un mueble de herramientas el viernes pasado, las amenazas de muerte contra él y su familia no han cesado.

En una de las llamadas telefónicas, una persona le gritó a González: "Voy a poner una bomba en tu edificio. Encontraré a tu familia y espero que mueras".

Y en Facebook, una de las amenazas vertidas por un usuario anónimo dice: "Así que esta es la dirección del cobarde lamebotas de m... que llamó a la Policía por una niña inmigrante que escapó de un campo de concentración".

Agentes del FBI investigan en estos momentos las amenazas de muerte contra González, quien aclaró a los medios que "no es cierto que él llamase a la Policía".

"Todo el mundo piensa que yo llamé a la Policía para que se llevara a la niña, pero no es cierto. La gente del refugio llamó al 911 y los agentes ya estaban buscando en la zona y entraron directamente en la tienda", dijo el dueño del taller. Un relato que la Policía de Homestead ha confirmado que es verídico.

Según el informe de la Policía, una persona que se encontraba cerca del taller informó de forma anónima de la presencia de la chica en el establecimiento.

La menor, que cruzó la frontera sola y llevaba tres semanas en el centro de detención de Homestead, había huido mientas era transportada a una cita médica para un examen ocular rutinario.

El hogar temporal de Homestead ha albergado en los últimos meses a por lo menos 1.200 menores de edad indocumentados, 70 de ellos separados de sus padres en la frontera como parte de la política de "cero tolerancia" del presidente Donald Trump.

La instalación, ubicada al sur de Miami, es el segundo refugio más grande del país y está administrado por Comprehensive Health Services, una compañía que tiene un contrato con el gobierno federal de por lo menos 30 millones de dólares, indicó el diario.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), la entidad que regula el refugio, no ha hecho ningún comentario sobre el incidente.

FUENTE: EFE

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