El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, no desaprovechó la oportunidad de una visita a Miami para denunciar que con las negociaciones del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), “podríamos estar frente a la más gigantesca operación de lavado de activos jamás conocida en la historia”.
Según Ordóñez, una de las concesiones del mandatario colombiano a la guerrilla más antigua y activa del continente fue la de suspender las fumigaciones. “Con glifosato y erradicación llegamos a tener cerca de 40.000 hectáreas de coca. Hoy tenemos 200.000 hectáreas cultivadas. Estamos nadando en coca y la consecuencia de ello es el fortalecimiento de las FARC y las bacrim [bandas criminales o paramilitares]”, aseveró.
Ante los supuestos ingresos de la guerrilla generados por las droga, Ordóñez indicó que “las FARC es el segundo grupo terrorista más poderoso del mundo. El primero es ISIS (Estado Islámico). Precisó que el Gobierno de Santos está desmontando la fumigación y la erradicación de cultivos ilícitos.
Por otra parte cuestionó en todas sus diferentes dimensiones las negociaciones que se llevan a cabo en La Habana para firmar un acuerdo de paz con la guerrilla. Advirtió, sin embargo, que los colombianos no están en contra de esa solución negociada, pero “cuando no hay justicia estaremos frente a la violencia institucionalizada”. Y añadió: “No nos digamos mentiras, si hubo un combustible, un ingrediente para la guerra paramilitar fue la injusticia de muchas de las amnistías e indultos de los procesos anteriores, cuando las víctimas vieron que sus victimarios no solo eran perdonados con impunidad sino premiados, gobernando”.
Insistió en que para delitos atroces y crímenes de lesa humanidad, debe haber penas privativas de la libertad. “Pero lo que recibirán los que cometieron esos delitos es trabajo comunitario y eso es impunidad”, enfatizó.
Señaló que con el proceso actual de paz, habrá un tribunal al que irán la guerrilla, los agentes del estado y todos aquellos que hubieran estado involucrados en el conflicto armado. “Los guerrilleros escogerán el lugar, los jueces y las penas. E indigna de igual manera el proceso de reparación porque no se establece que las FARC reparen con su fortuna a las víctimas. Los colombianos seremos los que tendremos que repararlas”, indicó.
Ordóñez también se opuso a las zonas de ubicación. Para él, los subversivos en tránsito hacia la vida civil tendrían que concentrarse en áreas despobladas, donde no haya cultivos ilícitos, ni minería ilegal, tampoco que sean de frontera y si se cometen delitos dentro de tales áreas, “se les debe permitir la entrada a las autoridades”, explicó. Criticó, además, que no haya términos, fechas concretas, “para el desmonte del aparato criminal. Y el tema de la entrega de las armas será para cuando se implementen los acuerdos de La Habana, y el gobierno ya dijo que eso podría demorar diez años”.
Se refirió al proceso de refrendación de los acuerdos de paz y dijo que “tenía el pálpito” que no habrá ni referéndum ni plebiscito. “Si es así estaremos ante un acuerdo firmado entre dos élites, la de los criminales de las FARC y la de Santos, contra la voluntad de las mayorías”, acotó. Consideró que no puede dárseles participación política a responsables de delitos atroces. "Eso sería re victimizar a las víctimas”, recalcó.
Restitución de tierras
El procurador Ordóñez se encuentra en medio de una gran polémica por sus criterios sobre la restitución de tierras. Lo han acusado de estar en contra de esa medida que le devolvería propiedades rurales a quienes fueron despojados de ellas, ya fuera por el desplazamiento forzado de los paramilitares o de la guerrilla, o de intereses económicos representados por las autodefensas.
Además, lo han acusado de defender los intereses de los grandes propietarios de la tierra y generó suspicacias que se le viera en algunas zonas agrarias en compañía del polémico presidente de FEDEGAN, la organización que aglutina a los ganaderos y agricultores de ese país.
Al respecto, Ordóñez dijo ante los medios, en Miami, que “la procuraduría hace parte del consejo de seguimiento y monitoreo de la ley de víctimas y restitución de tierras. Cada año presenta un informe al Congreso de la República junto con otras dos entidades, la contraloría y la defensoría del pueblo. No veo cuál es el escándalo. La ley de restitución de tierras se hizo para quitarles la tierra a los despojadores, es decir, las FARC, las bacrim y el ELN (Ejército de Liberación Nacional). La procuraduría encuentra que la ley quedó defectuosamente hecha tratándose de terceros poseedores de buena fe, a quienes se les debe reconocer sus derechos”.
Negó por completo que tenga aspiraciones políticas. “Quiero seguir siendo procurador, cumpliendo con mis deberes constitucionales. No me distraigo en esos escenarios”, aclaró.
Remató su exposición con la polémica afirmación de que “al narcotráfico se le han hecho más concesiones en esta época que en la de Pablo Escobar”.
Y al final dijo que él no le está poniendo palos a la rueda de la paz, “sino es un polo a tierra. Queremos un acuerdo que quede bien hecho”, insistió.
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