@menendezpryce
MIAMI.- El Concejo municipal de Hialeah debatió por primera vez sobre las licencias ilegales emitidas por el ayuntamiento a los negocios locales, un hecho que originó un gran escándalo el pasado año, por el cual el Consistorio tendrá que pagar una multa de 75.000 dólares, devolver a los damnificados todo el dinero ingresado bajo este concepto y culminar una investigación sobre posibles casos de corrupción.
La noche comenzó con una exposición extensa y detallada de Armando Vidal, director del Departamento de Obras Públicas del municipio, donde explicó la situación de los negocios de la ciudad, las licencias y el estado de las estaciones de bombeo.
El técnico sostuvo que debido a las violaciones infringidas por Gobierno municipal al autorizar a más de 150 negocios a trabajar con licencias provisionales, asumiendo una competencia del Departamento Condal de Servicios Medioambientales (DERM, por sus siglas en inglés), el ayuntamiento debía firmar un acuerdo de solución con Miami-Dade, donde Hialeah adquiere múltiples compromisos entre ellos el pago de una multa de 75.000 dólares.
Debido a la "magnitud del tema y su implicación en la ciudad”, el concejal Oscar de la Rosa abogó sin éxito por posponer la autorización de firmar el acuerdo con DERM para estudiarlo al detalle y darle participación en su discusión a los residentes de la ciudad.
“Es un acuerdo muy complejo y como muchos detalles. Los damnificados y los residentes deben también conocerlo”, señaló De La Rosa.
Pero el propósito del joven concejal no llegó a buen puerto porque entre los términos del contrato con DERM existía un plazo de vencimiento y este caducaba al día siguiente (miércoles 29 de enero).
Así que no quedó más remedio que el de aprobar el documento tal y como se lo presentaron al Concejo, bajo la promesa de Vidal y Carlos Hernández, el director aguas y alcantarillado de DERM, que era el mejor contrato posible para la Ciudad.
En caso de no autorizarse la firma en ese mismo instante, “se podrían perjudicar los negocios implicados, habría que ir a la Corte y comenzar un proceso caro y más extenso”, advirtió en varias intervenciones del alcalde Carlos Hernández.
No obstante, De la Rosa logró aprobar una moción para que se investigue todo lo relacionado con la emisión de las licencias ilegales. “Queremos llegar al fondo de este asunto. Para saber quién las autorizó y por qué lo hizo”.
Sobre todo porque según DERM, muchas de estas licencias temporales fueron otorgadas a negocios ubicados en áreas donde no existía ninguna moratoria que le impidiera que pudieran abrir de forma legal. Un hecho que por sí solo desmonta la tesis expresada por el alcalde de “que las licencias se dieron para ayudar a los negocios ante la burocracia de DERM”.
Licencias Ilegales
Hubo un pequeño rifirrafe entre De la Rosa y el alcalde Hernández. El primero insistía en llamar a las licencias “ilegales” y el segundo sostenía de no eran ilegales. “En el documento que tengo en mis manos dice que la Ciudad violó el artículo 24 de código del Condado, así que esto es ilegal” sostuvo con rotundidad De la Rosa.
“Si no fuera un hecho ilegal no estaríamos autorizando un acuerdo que nos obliga a pagar 75.000 dólares de los contribuyentes por las irregularidades cometidas por la Ciudad”, enfatizó.
El representante de DERM, presente en la reunión también dijo que la Ciudad había “violado hasta su propia Carta constitutiva”.
Devolver el dinero
Otro tema importante tratado fue la devolución del dinero cobrado a los empresarios locales. Todos los presentes en la reunión estuvieron de acuerdo en que el dinero debe ser devuelto.
A la pregunta del concejal Jesús Tundidor de cuánto se había cobrado por concepto licencias temporales y cuándo se iba a devolver el dinero, Vidal sostuvo que se habían cobrado unos 263.000 dólares.
“Pero no se puede devolver el dinero hasta que no se termine la investigación de lo que puede ser un caso de corrupción pública”, explicó el técnico de ayuntamiento.
Además, sostuvo que antes de pagar, quiere saber con exactitud el dinero que entró a las arcas municipales y quienes pagaron. “Cotejar los recibos de los demandantes con los ingresos registrados en el ayuntamiento”.
El director de obras públicas explicó que, los pagos se hicieron por teléfono, vía internet y en efectivo. “Ahora tenemos que verificarlo todo”.
“Con esto queremos evitar pagar demás o entregar dinero a personas equivocadas”, añadió por su parte, el alcalde Hernández.
Aunque Vidal sostuvo que el consistorio debería devolver a los negocios afectados unos 263.000 dólares, reconoció que habían aparecido 80 nuevos negocios también afectados por las licencias ilegales desde que comenzó la investigación.
Por su parte, De la Rosa y Tundidor coinciden en que hay tres preguntas clave que quedan sin respuesta tras la reunión del concejo: Dónde está el dinero, quién creó la idea de otorgar licencias ilegales y cómo les devolvemos el dinero a las personas damnificadas.
“Es incomprensible que nosotros [el concejo] expresemos nuestra disposición a devolver el dinero cobrado ilegalmente y ellos [el alcalde y Vidal] digan tranquilamente que tienen que chequear dónde está el dinero, que tienen que ver dónde están los recibos. Eso simplemente demuestra que hay falta transparencia en la forma en que se cobraron las licencias”, opinó De la Rosa en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS.
El concejal considera que “se espera que una Ciudad rinda cuentas a los residentes de los fondos que maneja”. “Hialeah debe conocer donde está cada céntimo recibido de los residentes. Y tiene que publicar anualmente informes verídicos donde se refleje con claridad hasta el último dólar recibido”.
En cuanto a la investigación, De la Rosa sostuvo que prefiere la lleve a cabo el Concejo, “que use su poder de citar para invitar a comparecer a todos los directores [de los departamentos municipales] y hacerles preguntas directas”.
“Y si hallamos algo muy serio, entonces tendríamos que involucrar a la Comisión de Ética del condado o acudir al Gobierno federal”, explicó.
No obstante, “ahora mismo les estamos dando una oportunidad al alcalde y la Ciudad para que resuelvan este problema junto a nosotros. El tema de las licencias ilegales seguramente volverá salir en la próxima reunión y preguntaremos cuánto han avanzado en la investigación. Yo abogaré por establecer un plazo corto pero suficiente para que nos entreguen toda la documentación relacionada con el tema de las licencias ilegales”, anticipó.
Invertir en tecnología
A la pregunta de cómo se pude eludir que esto vuelva a suceder, Tundidor explicó:
“Hay que terminar de investigar todo lo relacionado con las licencias ilegales y cuando tengamos los resultados, utilizarlos como manual para evitar caer en los mismos errores”.
“Al final del día, la ciudad no está actualizada en el uso de las nuevas tecnologías. Lo estamos viendo en la tramitación de los permisos. La gran demora que hay en todo se debe al poco uso de la informática, que como es sabido, facilita la aceleración de los procesos”.
“Estamos colectando dinero en efectivo con recibos de papel que a veces se pierden. Eso denota, entre otras cosas, un gran atraso. Tenemos que invertir en tecnología para ser más eficientes y transparentes”, concluyó.