MIAMI.- Un jurado del condado de St. Lucie, Florida, declaró culpable el 8 de octubre al exadministrador municipal Nicholas C. Mimms, de 53 años, de mala conducta oficial por obstruir la comunicación de información sobre un posible delito que afectaba a la ciudad, aunque lo absolvió del cargo de manipulación de ofertas en una licitación para arrendar dos terrenos junto al Teatro Lincoln.
El veredicto del jurado llegó tras un juicio iniciado el 29 de septiembre y que duró una semana y media, en el que Mimms fue declarado culpable de mala conducta oficial, un delito grave de tercer grado.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, al anunciar la condena, en rueda de prensa en West Palm Beach, sostuvo que el caso demuestra que los funcionarios públicos deben rendir cuentas cuando usan su cargo para favorecer a familiares o allegados.
Sin embargo, el jurado no declaró culpable a Mimms de manipular la licitación, lo condenó por la conducta específica relacionada con impedir, retrasar u obstruir la comunicación de información sobre un posible delito grave que involucraba que afectaba directamente a la entidad para la que trabajaba.
Un caso por licitación de terrenos
En 2020, Mimms supervisó el proceso público para arrendar dos lotes vacíos en Lincoln Park, cerca del Teatro Lincoln. Los terrenos estaban reservados para estacionamiento del teatro, pero esa condición no aparecía en los documentos de la solicitud de propuestas.
Lincoln Park Young Professionals, una organización sin fines de lucro, ganó el arrendamiento. En su junta directiva estaban Caleta Scott, sobrina de Mimms, y Vennis Gilmore, entonces asistente de planificación de la ciudad. Según las pruebas presentadas en el juicio, la organización de Scott conocía la restricción sobre el uso de los terrenos, mientras que el otro participante en la licitación no.
Allegany Franciscan Ministries, organización católica sin fines de lucro que financia proyectos comunitarios, concedió a Lincoln Park Young Professionals una subvención de 500.000 dólares para construir en los lotes. No se levantó ninguna obra. La información difundida por la Fiscalía no precisó qué ocurrió con el dinero.
Los fiscales alegaron que Mimms orientó el proceso para favorecer a la organización. Durante el juicio, el agente retirado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), Derek Brisky, presentó correos electrónicos y registros municipales sobre la solicitud de propuestas. La fiscalía señaló comunicaciones en las que Mimms seguía hablando de los criterios de evaluación y del comité encargado del proceso después de que el asunto había pasado al departamento de compras de la ciudad.
La defensa afirmó que el departamento de compras de la ciudad era el encargado de publicar la convocatoria y gestionar las propuestas. También rechazó que el proceso hubiera sido una adjudicación directa indebida, como alegaban los fiscales.
El jurado absolvió a Mimms del cargo de manipulación de ofertas. En cambio, lo declaró culpable de mala conducta oficial y determinó que esta consistió en obstruir, retrasar o impedir que se comunicara información sobre un posible delito grave que afectaba a la ciudad.
“No hay excusa” para abusar del cargo
En la rueda de prensa, Uthmeier describió el caso como un ejemplo de funcionarios que podrían usar sus puestos para beneficiarse ellos mismos o favorecer a familiares. Dijo que, según las pruebas, hubo maniobras para que la Lincoln Park Young Professionals obtuviera el arrendamiento y que Mimms encubrió lo ocurrido. El jurado, no obstante, no lo declaró culpable de manipular la licitación, sino del cargo de mala conducta oficial.
“Los funcionarios públicos tienen un estándar más alto”, afirmó Uthmeier. “Si trabajas en un ayuntamiento, formas parte de una comisión, ocupas un cargo público o trabajas para una agencia estatal, tienes el deber de servir al público y no usar tu puesto para enriquecerte”.
El fiscal general añadió que las autoridades seguirían investigando posibles casos de corrupción pública. Según dijo, desde la creación de la unidad de integridad pública en febrero de 2026, su oficina había iniciado más de 25 investigaciones o casos activos. También anticipó nuevos anuncios en las semanas siguientes.
Por su parte, Larry Keefe, comisionado del FDLE, afirmó que el abuso de la confianza pública puede debilitar la credibilidad de las instituciones. “Nadie es demasiado importante. Nadie es demasiado poderoso como para no tener que rendir cuentas”, dijo.
El fiscal especial Josh Dacus señaló en la rueda de prensa que los administradores municipales tienen el deber de actuar en beneficio del público y gestionar los asuntos oficiales de manera abierta y justa. Agradeció el trabajo del agente Brisky y la colaboración entre la Oficina Estatal de Procesamiento y la Fiscalía Estatal del Decimonoveno Circuito.
La investigación estuvo a cargo del FDLE. Mientras que el caso fue procesado por la Oficina Estatal de Procesamiento y la Fiscalía Estatal del Decimonoveno Circuito.
La mala conducta oficial es un delito grave de tercer grado por el que Mimms podría recibir hasta cinco años de prisión. La audiencia para fijar la sentencia está prevista para el 11 de diciembre de 2026.
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